Hay regímenes que, desprovistos de futuro, optan por reescribir el pasado con la torpeza burocrática de quien edita un borrador infame. En esa finca particular llamada Managua, donde la tiranía se ejerce en clave de sainete mesiánico y voracidad absoluta, Daniel Ortega y Rosario Murillo han vuelto a echar mano del cincel. Esta vez no van por la propiedad privada ni por la garganta de un opositor —tarea en la que ya son consummate ejecutores—, sino por una fecha en la hoja del calendario. Una fecha incómoda, casi subversiva para la narrativa de palacio: el 10 de enero.
Dicen los voceros del régimen —con esa solemnidad grotesca que suele preceder a la infamia— que el empaquetado de doce reformas constitucionales busca la “Estabilidad, Seguridad y Paz”. Un envoltorio pomposo para encubrir la verdadera maniobra: postergar la toma de posesión presidencial al 18 de enero. La excusa oficial tiene tintes de vodevil culturoso: rendirle homenaje al ilustre Rubén Darío en el aniversario de su nacimiento. El antiguo dirigente liberal y hoy aplaudidor de turno, Wilfredo Navarro, junto al presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, salieron a proclamar conmovidos que mantener el 10 de enero era una “enorme injusticia” histórica.
Lo que callan los corifeos de la dictadura es que el 10 de enero no llegó al almanaque por azar ni por capricho meteórico. En 1985, tras la caída de Somoza, los mismos que hoy mandan fijaron esa fecha para honrar el legado del periodista y político Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, acribillado a tiros en 1978 por los sicarios de la tiranía somocista. Fue Chamorro quien inmortalizó aquella frase que retumbó como un mandato moral antes de su asesinato: “Nicaragua volverá a ser República”. Aquel FSLN ochentero —aún enmascarado en la mística revolucionaria— necesitó la estatura moral del “Mártir de las Libertades Públicas” para dotarse de una pátina de legitimidad. Ortega se ciñó la primera banda presidencial un 10 de enero vestido de verde olivo, aprovechando la sombra del mito.
Pero el tiempo es un juez despiadado y las paradojas suelen cobrar una factura altísima. La viuda del mártir, Violeta Barrios de Chamorro, humilló a Ortega en las urnas en aquel histórico febrero de 1990. Le enseñó al comandante que la voluntad popular no se somete a la soberbia del fusil. Ortega nunca perdonó semejante afrenta democrática. Desde su regreso al poder en 2007, mediante componendas oscuras, la dinastía Ortega-Murillo ha convertido el apellido Chamorro en su pesadilla recurrente y en el blanco predilecto de sus fobias represivas.
La saña contra la estirpe ha sido metódica, cobarde y sistemática. A Cristiana Chamorro la encarcelaron y descalificaron cuando las encuestas proyectaban su victoria; a su hermano Pedro Joaquín lo apresaron por negarse al silencio; a Carlos Fernando le saquearon sus redacciones y lo despojaron de la nacionalidad, empujándolo al exilio. No conformes con la cacería humana, la tiranía asaltó militarmente las instalaciones del histórico diario La Prensa, desterró al gerente Juan Lorenzo Holmann y convirtió la redacción en un centro oficialista, consumando el despojo. La propia doña Violeta tuvo que morir fuera de la patria que ayudó a liberar, con sus restos reposando en Costa Rica a la espera de que el país recobre la luz.
¿Cómo podía un régimen construido sobre la confiscación, el encarcelamiento y la proscripción de toda voz disidente seguir celebrando su fiesta de legitimación el mismo día que se conmemora al hombre que dio la vida contra la tiranía? La coincidencia resultaba insoportable. Cada 10 de enero, la maquinaria propagandística se veía obligada a digerir en silencio el fantasma de la libertad de prensa y de la dignidad ciudadana.
El traslado de la fecha al 18 de enero no es un acto de devoción literaria hacia el autor de Azul; es un vulgar ejercicio de amnesia institucional. Pretenden esconder la figura de Chamorro detrás del busto del poeta universal porque no se atreven a despojarlo formalmente del título de Héroe Nacional que la misma ley le otorgó. Es la cobardía disfrazada de decreto.
Sin embargo, los dictadores cometen siempre el mismo error de cálculo: suponen que la historia se manipula con la misma facilidad con que se redactan sus gacetas oficiales. Pueden mover la fecha, alterar el protocolo y ordenar a sus diputados serviles que aplaudan el despropósito. Lo que jamás podrán borrar es la verdad contundente de las ideas. Mientras exista un nicaragüense que entienda que la patria no es el feudo de una familia ni el botín de un partido, el 10 de enero seguirá recordando que la tiranía tiene fecha de caducidad. Y que, tarde o temprano, Nicaragua volverá a ser República.
