Por Asuri Montes de Oca
Hay una fórmula infalible para arruinarle la vida a una familia en menos de diez minutos: que vaya camino a la iglesia, que lleve café en la mano y que un puñado de agentes sin logo en el auto decida que ese domingo cualquiera es, en realidad, el día del operativo. Así empezó todo para los Moreno Treviño, en Álamo, Texas, el 28 de diciembre pasado: con un capuchino derramándose sobre el tablero mientras el Estado hacía lo que mejor sabe hacer, que es aparecer sin avisar y destrozar rutinas ajenas con la eficiencia de quien cobra por horas extra.
El padre, nervioso —porque el miedo, resulta, también es delito cuando eres inmigrante—, intentó escapar hasta frenar en un Home Depot, ese templo nacional del bricolaje convertido, sin quererlo, en escenario de choque. El vehículo del ICE lo embistió de frente. Y entonces, con el mismo entusiasmo con que un adulto reduce a otro adulto, los agentes lo sacaron a golpes del carro frente a sus hijas. Una de ellas, Sarah, de catorce años entonces, tuvo la audacia de pedirles que no le pegaran a su papá. La respuesta institucional fue empujarla contra la puerta del auto y amenazarla con llevarse también a la madre, como quien amenaza con quitarle el postre a un niño que se portó mal. Qué manera tan elegante de enseñarle civismo a una adolescente.
Esa noche Sarah tuvo pesadillas. Qué raro, ¿no? Uno pensaría que a los trece o catorce años el cerebro procesa perfectamente el ver a su padre golpeado y a su madre detenida, y que al día siguiente uno se levanta fresco a hacer la tarea de álgebra. Pero no: la niña se despertaba llorando sin saber si lo vivido había sido sueño o realidad, lo cual es, hay que decirlo, una definición bastante precisa del sistema migratorio estadounidense en general.
La madre, Jessica Treviño, tenía DACA —ese programa que en teoría protege de la deportación a quienes llegaron de niños y que en la práctica, como descubrió ella, protege sobre todo el prestigio de quien lo anuncia en rueda de prensa—. Se lo dijo a los agentes. Ellos, con la sofisticación jurídica que los caracteriza, respondieron que eso «no era un estatus legal». Pasó casi tres meses detenida sin poder ir a su casa a buscar el papel que probara lo que estaba diciendo, porque, claro, uno normalmente lleva el expediente migratorio encima cuando sale a desayunar. Terminó firmando —o no firmando, según se mire, porque aquí las versiones difieren con una consistencia sospechosa— una salida «voluntaria» que en realidad terminó siendo una deportación en toda regla, con el bonus adicional de que ahora le quieren revocar el DACA por haber salido del país sin autorización. Es decir: la expulsaron y después la castigan por haberse ido. Un genio del guion no lo habría escrito mejor. Kafka, en comparación, era optimista.
El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, envió un correo aclarando que Treviño «aceptó conscientemente» la salida y «no regresará». Una frase que suena a comunicado de aerolínea informando que el vuelo fue cancelado por el bien del pasajero. Su abogado tiene otra versión, claro, y ha llevado el caso a una corte de Texas, porque en este país todavía hace falta litigar para que el Gobierno reconozca lo que el propio Gobierno sabía desde el principio: que ella tenía DACA vigente. Ochenta y seis beneficiarios de DACA deportados van en lo que llevamos del actual mandato de Trump, según cifras que el propio Departamento le entregó a un senador. Ochenta y seis expedientes con nombre, apellido e hijos esperando del otro lado del río.
Y del otro lado del río, efectivamente, está ahora la vida entera de esta familia, resumida en una hora de carretera hasta el cruce de Brownsville. Los hermanos —dieciséis, quince y trece años— se turnan para hacer de padres de sí mismos. El mayor trabaja y llevaba a sus hermanas a la escuela. Sarah cocina, porque aprendió viendo a su madre, y ahora cocina para no tener madre a quien ver. Nadie les preguntó si querían ese ascenso de adolescentes a jefes de hogar, pero el país se los concedió de todos modos, sin ceremonia ni diploma.
Sarah cumple quince años el 26 de agosto. En cualquier otro universo eso significaría vestido, salón alquilado, un vals ensayado con torpeza y una madre llorando de orgullo en primera fila. En este universo significa que no sabe con quién va a celebrar, ni siquiera si va a tomarse fotos, porque sus padres están al otro lado de una frontera que el Estado dibujó con más cuidado del que puso en verificar un documento migratorio. «Ni siquiera sé con quién lo voy a celebrar», dice ella, y uno quisiera que fuera una hipérbole adolescente y no, simplemente, un hecho.
Mientras tanto, la vida sigue con la crueldad discreta de lo cotidiano: hay que pagar la renta, hay que decidir quién maneja una hora hasta la frontera cada fin de semana, hay que volver a la escuela sin la foto tradicional del primer día. La madre, desde Matamoros, describe con precisión casi dolorosa los rituales que perdió: las películas de los martes, la iglesia de los miércoles, viernes y domingos, las cenas familiares de los sábados. Un calendario entero de normalidad borrado de un plumazo administrativo, como quien tacha una celda en una hoja de cálculo.
Lo llamativo —lo verdaderamente digno de estudio antropológico— es la serenidad burocrática con la que todo esto se narra oficialmente: «salida voluntaria», «estatus revocado», «no regresará». Palabras diseñadas en un despacho con aire acondicionado para describir lo que en la vida real es un padre golpeado frente a sus hijas, una adolescente con pesadillas y una quinceañera sin quince años. El lenguaje administrativo tiene esa virtud maravillosa de convertir el desastre humano en trámite, y el trámite en algo que nadie tiene que sentir culpa por firmar.
Sarah lo resume mejor que cualquier análisis: cree que ningún niño de su edad, ni más pequeño, debería pasar por esto. Es una frase modesta, casi obvia, dicha por alguien que todavía no cumple quince años y que ya sabe, con una lucidez que debería avergonzar a los adultos involucrados, que la crueldad institucional no necesita gritar para hacer daño: le basta con un formulario, un empujón y un correo electrónico bien redactado explicando que todo fue, por supuesto, decisión de la familia.
