El 3 de enero de 2026, a las 2:01 de la madrugada, hora de Caracas, Nicolás Maduro fue capturado en el marco de una operación militar estadounidense —bautizada “Determinación Absoluta”— y enviado a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo y crímenes de lesa humanidad (El País). Junto a él cayó su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y, el 5 de enero, se declararon “no culpables” ante un tribunal federal de Manhattan. Para el mundo, el fin de una era. Para la política exterior de Estados Unidos, una victoria. Para los mercados petroleros, una incertidumbre. Y para Harry Sargeant III, una oportunidad de negocio.
Mientras Washington celebraba la caída del dictador con ruedas de prensa y declaraciones solemnes, Sargeant hizo lo que cualquier empresario petrolero pragmático haría: compró un billete de avión a Caracas. No para celebrar. No para protestar. Para negociar. Porque en el mundo del petróleo, los regímenes cambian, los nombres cambian, las banderas cambian, pero los yacimientos permanecen. Y los yacimientos venezolanos, con sus 300.000 millones de barriles de reservas probadas, seguían ahí, esperando a quien tuviera el capital y la paciencia para extraerlos.
Sargeant se reunió con Delcy Rodríguez —que hasta la captura era vicepresidenta ejecutiva y, en la lógica de continuidad chavista, quedó al frente de lo que quedaba del gobierno— para discutir el reinicio de los envíos de asfalto venezolano a Estados Unidos. No la democracia. No los derechos humanos. No la transición política. El asfalto. Porque mientras los políticos discutían el futuro de Venezuela en términos ideológicos, Sargeant lo discutía en barriles, toneladas y márgenes de ganancia.
Pero el regreso de Sargeant a Caracas no era solo sobre asfalto. Era sobre posicionamiento. Durante años, había construido una red de influencia que dependía de su acceso a la cúpula chavista. Con Maduro fuera del poder, esa red estaba en riesgo. Necesitaba reafirmar su presencia. Demostrar a los nuevos funcionarios que él no era un aliado de Maduro; era un aliado de Venezuela. Que su negocio no dependía de un hombre; dependía del país. Y que, en un momento de transición, era más valioso que nunca.
A través de sus inversiones relacionadas, Sargeant mantenía una participación minoritaria en North American Blue Energy Partners (NABEP), una empresa que controlaba derechos sobre campos petroleros venezolanos y que, según Bloomberg, está vinculada a la segunda mayor productora de petróleo del país (Bloomberg vía Banca y Negocios). El potencial de producción rondaba los 400.000 barriles por día. En un mercado petrolero global sediento de crudo, esa cifra no es menor: equivale a la producción de países medianos enteros. Y Sargeant, con su participación minoritaria, estaba sentado en una de las sillas del casino con mejor vista.
Además, Sargeant estaba invertido en un proyecto para rehabilitar la refinería de Amuay, una de las más grandes del hemisferio occidental. Amuay, en la Península de Paraguaná, había sido durante décadas el corazón de la industria petrolera venezolana. Pero años de desinversión, corrupción y sanciones la habían convertido en un monumento a la decadencia. Para Sargeant, rehabilitar Amuay no era solo un negocio; era una apuesta estratégica. Porque quien controla la refinación controla el valor agregado. Y quien controla el valor agregado controla los márgenes.
La captura de Maduro creó un vacío de poder que, en teoría, debería haber asustado a cualquier inversor. Los vacíos de poder son peligrosos. Generan incertidumbre. Provocan saqueos, violencia y cambios de política impredecibles. Pero Sargeant no es un inversor cualquiera. Es un operador de alto riesgo que ha pasado décadas navegando aguas turbulentas. Para él, el vacío no era una amenaza; era una oportunidad. Para negociar mejores términos con un gobierno de transición desesperado por ingresos. Para posicionarse como el inversor extranjero de referencia en un país que necesitaba capital desesperadamente. Y para demostrar a Washington que su modelo de “compromiso económico” funcionaba mejor que las sanciones.
Pero había un problema. La administración Trump, que había ordenado la captura de Maduro, no estaba necesariamente interesada en ver a un empresario privado estadounidense negociando con los herederos del chavismo. La facción dura del gobierno, liderada por el secretario de Estado Marco Rubio, veía cualquier relación comercial con Caracas como una traición a la causa democrática. Y para ellos, Sargeant no era un pionero; era un oportunista. Un tipo que se había enriquecido sobornando a PDVSA y que ahora quería enriquecerse más aprovechando el caos post-Maduro.
En agosto de 2026, esa tensión explotó. La administración Trump presionó a Sargeant para que divestara sus intereses en Venezuela. Fue un giro irónico: el mismo gobierno que meses antes había tolerado —e incluso beneficiado de— la intermediación de Sargeant, ahora lo empujaba a salir. La razón oficial: preocupaciones sobre la política exterior. La razón no oficial: Trump no tolera competidores en su escenario diplomático, y Sargeant se había vuelto demasiado visible.
Pero Sargeant, como siempre, no se rindió. Mientras Washington discutía si debía quedarse o irse, él seguía negociando. Porque en el mundo del petróleo, la geopolítica es ruido de fondo. Lo que importa son los yacimientos. Y los yacimientos venezolanos, aunque manchados de política, seguían siendo los más grandes del planeta. El “Abuelo” había vuelto. Y esta vez, como veremos, no necesitaba la sonrisa de Maduro para hacer negocios… aunque sí, al final, la bendición a regañadientes del Tesoro.
