Tras ocho días secuestrado por disidencias de las FARC, el hallazgo sin vida de la autoridad Mapoyo y los ataques con explosivos contra la comunidad exponen el violento control territorial por la minería ilegal en el sur de Venezuela.
El polvo rojo de la carretera que conduce a la comunidad de Morichalito, en la parroquia Los Pijiguaos del estado Bolívar, guardaba el trágico desenlace de ocho días de zozobra e impotencia. Allí, al borde del camino minero, fue hallado el cuerpo inerte de Julio Rodríguez, capitán del pueblo Jivi Ekunay y autoridad legítima del Territorio Ancestral Mapoyo. Su muerte no solo apaga la voz de un líder tradicional clave en la preservación de una cultura protegida por la Unesco desde 2014, sino que retrata con crudeza la violenta gobernanza criminal que somete a los pueblos originarios en las fronteras mineras del sur de Venezuela.
El secuestro y el cerco con drones explosivos
La noche del domingo 2 de agosto de 2026, la violencia irrumpió directamente en el hogar del capitán Rodríguez. Ante la mirada aterrorizada de sus vecinos en la comunidad Jivi Ekunay, hombres fuertemente armados —identificados por defensores de derechos humanos y líderes locales como presuntos miembros de las disidencias de las FARC— se lo llevaron a la fuerza hacia la espesura del monte. La respuesta de los pobladores fue inmediata: ante la ausencia de protección estatal, una comisión de jóvenes y líderes indígenas se internó dos días después en las trochas del sector Vincler para seguirle el rastro a su capitán.
Sin embargo, la búsqueda comunitaria fue frenada de manera brutal. Los capos de la guerrilla utilizaron tecnología militar para proteger su impunidad: sobrevolaron la zona con drones y lanzaron artefactos explosivos desde el aire contra la patrulla indígena. La emboscada aérea dejó gravemente herido a Alirio Rodríguez, un anciano de la comunidad que tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital de Bauxilum en Los Pijiguaos. El uso de drones armados confirmó la peligrosa sofisticación táctica de los grupos irregulares en la disputa por el control del territorio.
Según registros de la ONG Provea, más de 48 indígenas pertenecientes a las etnias Pemón, Warao, Jivi, Yanomami, Piaroa y Wayúu han sido asesinados desde 2010 a manos de fuerzas de seguridad y actores armados no estatales como las disidencias de las FARC y el ELN.
Minería ilegal, silencio estatal y desprotección ancestral
El asesinato de Julio Rodríguez no representa un hecho aislado ni una simple rencilla local. Organizaciones como Provea y Un Mundo Sin Mordaza denuncian que en la vasta franja de 112.000 kilómetros cuadrados del Arco Minero del Orinoco —rica en oro, coltán, bauxita y diamantes— disidencias guerrilleras colombianas y el ELN operan con total soltura, coartando la libre circulación de los pueblos Mapoyo, Jivi, Huottüja y Baniva, impidiéndoles pescar, cazar o recolectar en sus tierras ancestrales.
A pesar de la gravedad de los hechos, el silencio de las autoridades gubernamentales y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha sido casi absoluto. Mientras el Instituto Indígena regional limitó su actuación a publicar una nota de duelo en redes sociales, la comunidad exige a la Fiscalía General de la República una investigación forense penal e independiente. La violencia sobre los territorios tradicionales se intensifica en un marco donde el Ejecutivo promueve inversiones extractivistas privadas, dejando desprotegidas a las autoridades ancestrales que intentan frenar la depredación de sus recursos y la destrucción de su patrimonio cultural inmaterial.
