Por Luis felipe Montiel
El 24 de mayo de 2024, en alguna oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, alguien firmó un documento que cambió las reglas del juego para Harry Sargeant III. No fue una orden ejecutiva. No fue un tratado internacional. Fue una licencia. Una licencia específica, discrecional, de dos años de duración, que permitía a Global Oil Terminals —empresa de Sargeant con sede en Texas— continuar comprando y transportando asfalto venezolano sin que ello constituyera una violación de las sanciones impuestas contra PDVSA. Seis cargamentos. Noventa y cinco mil barriles cada uno. Hagan la multiplicación. Y luego pregúntense: ¿cuántos empresarios estadounidenses obtienen permiso del Tesoro para comerciar con una empresa sancionada?
La respuesta, sospechamos, cabe en una mano. Y tiene apellido.
La licencia de mayo de 2024 no fue un evento aislado. Fue el resultado de años de cabildeo, de relaciones personales, de donaciones políticas y de una presencia en Washington que Sargeant había cultivado con la misma dedicación con la que su padre cultivó el negocio de asfalto. Global Oil Management, el brazo comercial del imperio Sargeant, había alcanzado un acuerdo con PDVSA en enero de ese mismo año para comprar 570,000 barriles de asfalto. El problema era que, técnicamente, comprarle asfalto a PDVSA violaba las sanciones. Técnicamente, cualquier transacción con la petrolera estatal venezolana estaba prohibida para ciudadanos y empresas estadounidenses. Técnicamente, Sargeant estaba al borde de cometer un delito federal.
En Washington, «técnicamente» es una palabra que se negocia. El Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), tiene la autoridad para otorgar licencias específicas que permiten actividades que de otro modo violarían las sanciones. Estas licencias no son públicas por defecto. No requieren aprobación del Congreso. No necesitan ser justificadas ante la opinión pública. Son decisiones administrativas, discrecionales, tomadas por funcionarios de carrera que responden a la administración en turno. Y en mayo de 2024, la administración Biden decidió que Harry Sargeant III podía comprar asfalto a PDVSA.
La pregunta obvia es: ¿por qué él? ¿Por qué no Chevron, que ya tenía una licencia general para operar en Venezuela? ¿Por qué no Exxon, que tiene reclamaciones pendientes por la expropiación de sus activos? ¿Por qué no cualquier otra empresa que hubiera solicitado el mismo permiso? La respuesta, como suele suceder en Washington, reside en la intersección entre el dinero y el acceso. Sargeant no era una corporación anónima con un departamento de asuntos gubernamentales. Era un donante republicano de Palm Beach, compañero de golf de Donald Trump, con relaciones directas en el Departamento de Estado y en el National Security Council. Sabía quién llamar. Sabía qué decir. Y, lo más importante, sabía cómo enmarcar su solicitud no como un negocio privado, sino como un interés nacional: el asfalto venezolano, argumentaba, era necesario para proyectos de infraestructura en Estados Unidos. Sin él, las carreteras de Florida se deteriorarían. Los puentes se resquebrajarían. La economía sufriría.
Era un argumento conveniente. Y funcionó.
Pero la licencia de mayo también revela algo más profundo sobre la naturaleza de las sanciones estadounidenses. Las sanciones no son muros de piedra; son cortinas de terciopelo. Parecen sólidas desde fuera, pero desde dentro, quien tiene los contactos adecuados puede encontrar las rendijas. El sistema de licencias de OFAC está diseñado para ser flexible, para permitir excepciones humanitarias, para no castigar a inocentes, para mantener canales de comunicación abiertos. Pero esa flexibilidad también crea espacios para el favoritismo. Para que un empresario conectado obtenga lo que un empresario común no puede. Para que el asfalto fluya no porque el mercado lo demande, sino porque alguien en una oficina de Washington decidió que este caso particular merecía una excepción.
La licencia de dos años le dio a Sargeant algo más valioso que el asfalto mismo: le dio legitimidad. De repente, ya no era un operador en la sombra negociando con un régimen sancionado. Era un empresario autorizado por el gobierno de Estados Unidos para importar un producto estratégico. Esa legitimidad le abrió puertas. Le permitió negociar con mayor confianza con PDVSA. Le dio credibilidad cuando hablaba con funcionarios de Trump. Y le proporcionó un escudo legal contra cualquier acusación de violación de sanciones.
Pero las licencias, como todo en Washington, tienen fecha de vencimiento. En mayo de 2025, la administración Trump —ahora en su segundo mandato— permitió que expiraran las licencias clave para empresas en Venezuela. La licencia mágica de Sargeant perdió su encanto. Y el empresario que meses antes había cargado asfalto con la bendición del Tesoro, se encontró de nuevo en territorio prohibido.
La lección es clara: en el mundo de las sanciones, no hay reglas permanentes. Solo hay oportunidades temporales. Y Harry Sargeant III, el mago de Palm Beach, supo aprovechar la suya mientras duró.
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