Por Luis felipe Montiel
Enero de 2019 debería haber sido el mes de la gloria para Harry Sargeant III. Acababa de firmar un acuerdo con PDVSA, la petrolera estatal venezolana, que prometía transformar su negocio de asfalto en algo mucho más ambicioso: la rehabilitación de campos petroleros destruidos. El trato, según reportes de prensa, incluía una inversión de hasta 500 millones de dólares para aumentar la producción en tres campos petroleros venezolanos.
A cambio, Sargeant recibiría una participación productiva: la mitad de los ingresos generados por los campos una vez recuperados. Era el sueño de cualquier empresario petrolero: entrar en un mercado con reservas probadas de 300,000 millones de barriles, comprar activos a precio de saldo, y esperar a que la geopolítica se acomode a tu favor.
Y entonces, como un meteorito lanzado desde Mar-a-Lago, llegó la sanción.
El 28 de enero de 2019, la administración Trump impuso sanciones devastadoras contra PDVSA. La medida, parte de la estrategia de «presión máxima» diseñada para derrocar a Nicolás Maduro, prohibía a cualquier ciudadano o empresa estadounidense hacer negocios con la petrolera venezolana. Los activos de PDVSA en Estados Unidos fueron congelados. Las transacciones financieras fueron bloqueadas. Y el acuerdo de Sargeant, que semanas antes había sido presentado como una victoria empresarial, se convirtió de la noche a la mañana en un pedazo de papel sin valor.
La ironía es casi literaria. Sargeant, que jugaba al golf con Trump, que había donado generosamente al Partido Republicano de Florida, que se movía en los mismos círculos de Palm Beach donde el presidente pasaba sus fines de semana, fue golpeado por la misma administración que teóricamente representaba sus intereses políticos. No fue un error administrativo. No fue una omisión. Fue una política deliberada, diseñada en el National Security Council, que no hizo excepciones para amigos del presidente. O al menos, no excepciones escritas en papel.
El golpe fue brutal. Sargeant había invertido tiempo, dinero y relaciones políticas en construir una presencia en Venezuela que iba mucho más allá del asfalto. Había reunido un equipo de ex ejecutivos de Chevron, había contratado consultores de relaciones públicas, había volado a Caracas para reuniones con la cúpula del chavismo. Todo eso, de repente, valía menos que cero. Porque en el mundo de las sanciones, no importa cuánto hayas invertido; importa quién firmó la orden ejecutiva en Washington.
Hay algo que la historia de Sargeant nos enseña, es que los magnates petroleros no se rinden. Se adaptan. Y Sargeant, lejos de retirarse derrotado, comenzó a tejer una red de influencia que eventualmente lo convertiría en uno de los actores más importantes —y más controvertidos— de la política hacia Venezuela. Si las sanciones le cerraron la puerta frontal, él encontraría la entrada trasera. Y si no había entrada trasera, construiría un túnel.
El primer paso fue la paciencia. Mientras otras empresas estadounidenses abandonaban Venezuela por completo, Sargeant mantuvo sus contactos. Siguió hablando con funcionarios de PDVSA. Siguió monitoreando los movimientos en Washington. Y cuando la administración Biden comenzó a suavizar la política de sanciones —no formalmente, sino a través de licencias específicas y discrecionales— Sargeant fue uno de los primeros en aprovechar la oportunidad.
En enero de 2024, Global Oil Management, su empresa, alcanzó un acuerdo para comprar el equivalente a 570,000 barriles de asfalto a PDVSA. En mayo de 2024, obtuvo una licencia de dos años del Departamento del Tesoro que le permitía importar ese asfalto sin violar las sanciones. El contrato específico: seis cargamentos de 95,000 barriles cada uno. Hagan la cuenta. Mientras otros empresarios estadounidenses miraban desde la orilla, Sargeant estaba cargando asfalto en los puertos de Texas como si las sanciones fueran una sugerencia educada en lugar de una prohibición legal.
La verdadera genialidad de Sargeant no estuvo en obtener licencias. Estuvo en convertirse en indispensable. Comprendió que, en un entorno donde Washington y Caracas no se hablan oficialmente, alguien tenía que hacer el trabajo sucio de la comunicación. Y ese alguien, por razones que mezclan el cinismo con la conveniencia, fue él. Se convirtió en el puente. El intermediario. El tipo que podía ir a Caracas, hablar con Maduro, volver a Florida, y luego contarle a los funcionarios de Trump qué había visto. No era diplomacia; era comercio con beneficios diplomáticos.
La estrategia funcionó hasta que dejó de funcionar. En mayo de 2025, la administración Trump —sí, la misma que había impuesto las sanciones en 2019, ahora en su segunda encarnación— permitió que expiraran las licencias clave para empresas operando en Venezuela, incluyendo los intereses de Sargeant. Fue una victoria para la facción dura del gobierno, liderada por Marco Rubio, que veía cualquier relación comercial con Caracas como una traición a la causa democrática. Y fue una derrota para Sargeant, que de repente se encontró de nuevo al borde del abismo.
El golpe de 2019 no mató a Sargeant; lo endureció. Le enseñó que en el mundo del petróleo, la lealtad política es un commodity tan volátil como el crudo mismo. Que un presidente que hoy te invita a jugar golf, mañana puede firmar una orden ejecutiva que destruye tu negocio. Y que la única lealtad que realmente importa es la que puedes comprar, con asfalto, con acceso, o con la promesa de 400,000 barriles diarios que algún día fluirán de nuevo.
