En las estancias donde se cocina el poder sin contrapesos, las leyes rara vez se redactan para ordenar la convivencia de los ciudadanos; se fabrican, más bien, como trajes a la medida para entronizar a los de siempre. Lo que ocurre hoy en Managua con la nueva maniobra constitucional de Daniel Ortega y Rosario Murillo es el retrato hablado de una vieja maña política: la de disfrazar el despojo institucional de trámite parlamentario.
Bajo la pomposa etiqueta de «Estabilidad, Seguridad y Paz», el borrador que circula por los pasillos de la Asamblea Nacional no busca otra cosa que cerrar la puerta por dentro y tirar la llave al pozo. El núcleo de la jugada es de una simplicidad pasmosa: estirar los mandatos de todos los cargos de elección popular —desde la Presidencia hasta miles de puestos locales— de los cinco años fijados en el texto original a siete años renovables. Y como si no bastara con adueñarse del futuro, el régimen le imprime efecto retroactivo a la norma, regalándose de un plumazo un año más de gobierno sin haber pasado por las urnas.
El argumento de la vocería oficialista roza el cinismo. Pretenden hacer creer que un mandato de siete años es una fórmula mágica que «asegura estabilidad y continuidad». Pero en la práctica periodística y en la revisión de los hechos, el cálculo es transparente: se trata de prolongar la estancia en el poder de una cúpula que ya no está dispuesta a someterse a la incertidumbre de la voluntad popular.
La trampa, sin embargo, no termina en los números del calendario. Para garantizar que nadie le estropee el festejo al matrimonio presidencial, la reforma incorpora una cláusula de exclusión absoluta. Bastará con que a un ciudadano se le señale bajo las etiquetas ambiguas de «golpista», «traidor a la Patria» o por atentar contra la «autodeterminación», para que sus derechos políticos queden anulados de inmediato. Dado que estas categorías carecen de definición jurídica precisa, la potestad de decidir quién compite y quién queda al margen recae en un Consejo Supremo Electoral que actúa como un brazo más del propio Ejecutivo.
A este andamiaje se suma el blindaje de la cúpula militar y policial, cuyos mandos también ven extendidos sus períodos a siete años. No es un dato menor: amarrar la lealtad de la fuerza pública en momentos de tensión internacional es una prioridad obvia para un régimen que basa su permanencia en el control territorial y el sofocamiento de la disidencia.
En medio del articulado aparece también un rasgo de evidente simbolismo y ajuste de cuentas con la historia. La fecha de la toma de posesión presidencial se traslada del 10 de enero —asociada a la memoria del periodista asesinado Pedro Joaquín Chamorro Cardenal— al 18 de enero, apelando a la figura de Rubén Darío. Cambiar los nombres y las fechas del calendario oficial es un recurso recurrente cuando se busca borrar de la memoria colectiva los referentes del periodismo crítico y la libertad de prensa.
Desde afuera, la diplomacia continental intenta reaccionar con la lentitud que la caracteriza. En el Consejo Permanente de la OEA, la iniciativa promovida por Estados Unidos y secundada por varios países de la región para evaluar el caso nicaragüense tropieza con las cautelas y los llamados al diálogo de otras cancillerías, mientras Managua opera con la ventaja de quien ya se retiró del organismo y desconoce sus decisiones.
Con una mayoría absoluta en el parlamento que garantiza la aprobación del dictamen sin el menor sobresalto, la votación prevista para septiembre en la Asamblea Nacional no será más que la formalización de un libreto ya escrito. Cuando la ley se convierte en el instrumento exclusivo para impedir la alternancia, la democracia queda reducida a un simple decorado de cartón piedra. Resta ver hasta cuándo las estructuras jurídicas de diseño pueden sostener la ilusión de legitimidad de un poder que decidió no volverse a someter al dictamen de sus ciudadanos.
