El Guri no murió de viejo. Lo mataron por descuido. La central hidroeléctrica Simón Bolívar tenía una capacidad instalada de diez mil doscientos treinta y cinco megavatios. Era el cuarto centro de generación hidroeléctrica del mundo, solo detrás de Itaipú, de Tres Gargantas y de Grand Coulee. Hoy, según los ingenieros que aún se atreven a hablar, que aún se arriesgan a enviar un correo desde el extranjero o a susurrar en una esquina donde no hay cámaras, Guri apenas puede dar cinco mil doscientos megavatios. Le quitaron la mitad del alma. Le quitaron la mitad de la vida. Y nadie va a la cárcel por infanticidio industrial, nadie paga por asesinar a una central hidroeléctrica.
El ex viceministro Víctor Poleo, ese hombre que tuvo el valor de decir la verdad desde dentro del propio gobierno que después se derrumbaría sobre sus propias mentiras, dijo que la anormalidad se volvió estado permanente. En Guri, la anormalidad fue peor: se volvió política de no-hacer, de no gastar, de no reparar, de no importar, de dejar que el tiempo y el óxido hicieran el trabajo sucio que nadie quería hacer con las manos.
Entre 1999 y 2015, se aprobaron fondos millonarios para el mantenimiento de las turbinas, para el dragado del embalse, para la modernización de los sistemas de control, para las compuertas, para los transformadores, para todo lo que una central de esa magnitud necesita para no morirse de vieja antes de tiempo. Los fondos aparecían en los presupuestos, se aprobaban en la Asamblea Nacional con votos y aplausos y discursos emotivos, y luego se evaporaban. No se compraron los repuestos. No se hicieron las reparaciones mayores. No se contrataron las empresas especializadas que sabían cómo cuidar una máquina de esa complejidad. Se dejó que las turbinas, esas máquinas de precisión suizo que requieren cariño de relojero y atención de cirujano, se oxidaran como bicicletas abandonadas al sol, como carros destartalados en un patio olvidado, como promesas de campaña.
En 2009, según el diputado José Guerra, economista, se aprobaron veinticinco mil millones de dólares para el sector eléctrico. Veinticinco mil millones. Con esa plata, dijo el economista con la tranquilidad de quien sabe que nadie le hará caso, que nadie le dará la razón, que nadie irá a la cárcel, se podría haber iluminado toda América del Sur. Se podría haber reconstruido Guri de arriba abajo, se podrían haber terminado Tocoma y Macagua, se podría haber modernizado todo el parque térmico, se podría haber tendido red nueva hasta los rincones más olvidados. Pero aquí, en Venezuela, no alcanzó ni para cambiar los filtros de Guri, ni para comprar los repuestos de las turbinas, ni para pagarle decentemente a los técnicos que aún se quedaron, que aún aguantaban, que aún creían que algo cambiaría. ¿Adónde fue? Se fue en termoeléctricas que no funcionan, en represas que no se terminan, en turbinas de segunda mano facturadas como nuevas, en contratos chinos que nadie fiscalizó, en comisiones que terminaron en cuentas de Andorra y Suiza y Barbados, en viajes, en relojes, en apartamentos en Miami que hoy valen más que todo Guri.
Se fue en la «emergencia» que nunca terminó porque era un negocio que no debía terminar. Una emergencia que duró quince años, que costó decenas de miles de millones, que dejó al país más oscuro que antes de empezar, que generó más apagones que los que supuestamente debía resolver. Y cuando Guri ya no pudo más, cuando sus turbinas gritaron basta, cuando el nivel del embalse bajó no solo por la sequía sino por la falta de dragado, por la falta de mantenimiento, por la acumulación de sedimentos que nadie quiso remover, el gobierno salió a decir que había sido un sabotaje imperial, un ataque de los enemigos de la patria, una guerra no convencional que solo ellos podían ver. Pero el único sabotaje fue el presupuesto de mantenimiento que nunca se ejecutó, la mano de obra especializada que se fue del país huyendo de la miseria salarial y de la persecución política, la soberbia de quienes creyeron que una central hidroeléctrica se cuida sola, con consignas políticas y no con ingenieros, con mítines de los sábados y no con multímetros, con lealtad al partido y no con conocimiento de turbina.
Hoy Guri sigue ahí, como un corazón infartado que late a medias, manteniendo con vida a un país que no merece tanta resignación, que no debería estar agradeciendo cada vez que un bombillo prende. Y los responsables, los ministros que firmaron los presupuestos que nunca se gastaron, los presidentes de Corpoelec que nunca pidieron los repuestos, los gerentes que nunca hicieron las auditorías, andan libres. Algunos dando conferencias en universidades que les pagan con plata del Estado, otros simplemente desaparecidos en la comodidad de su impunidad, en casas que sí tienen planta eléctrica propia, en sitios donde la luz nunca se va, donde nunca se fue, donde nunca conocieron el apagón. Porque ellos sabían que la luz se iba a ir, y se prepararon. Nosotros no. Nosotros nos quedamos con el apagón, con el corazón infartado del país, y con la pregunta que nunca se responde: ¿quién paga por matar a Guri? Hasta ahora, nadie. Hasta ahora, el único que paga es el venezolano que enciende un bombillo y reza para que esta vez sí prenda, para que esta vez la luz dure más de una hora, para que esta vez no sea otra noche de velas y calor y comida echada a perder.
