Durante más de dos décadas, el chavismo aplicó una solución brutalmente sencilla al problema del debate público: apagarlo. Si una televisora incomodaba, se le quitaba la concesión; si una emisora se salía del libreto, aparecía Conatel; si un periódico hacía demasiadas preguntas, comenzaban a escasear el papel, la publicidad y hasta el oxígeno financiero. Y cuando el periodismo consiguió refugiarse en internet, también llegaron los bloqueos.
Ahora, 38 medios de comunicación, 63 organizaciones de la sociedad civil y 164 ciudadanos han firmado el “Manifiesto por la restitución de la libertad de expresión”, dirigido al gobierno interino de Delcy Rodríguez. El documento exige liberar a quienes permanecen detenidos por expresar sus opiniones, cerrar los procesos judiciales contra trabajadores de la prensa, devolver los pasaportes anulados y levantar las restricciones que mantienen numerosos portales fuera del alcance de los venezolanos.
No están pidiendo un privilegio. Están solicitando que en Venezuela opinar deje de parecerse a una actividad clandestina.
La demolición del sistema informativo no comenzó ayer. Uno de sus episodios más recordados ocurrió en 2007, cuando el gobierno de Hugo Chávez decidió no renovar la concesión de Radio Caracas Televisión. La versión oficial lo presentó como un procedimiento administrativo. Fue un trámite, sí, pero de esos que llegan acompañados por discursos, amenazas y una maquinaria estatal suficientemente pesada como para dejar claro el mensaje: quien critique demasiado puede terminar transmitiendo únicamente desde el recuerdo.
RCTV salió de la televisión abierta y los demás medios tomaron nota. Algunos suavizaron su línea editorial; otros cambiaron de propietario; muchos cerraron. No siempre hizo falta una orden escrita. La censura venezolana aprendió a trabajar con métodos más discretos: restricciones administrativas, retiro de publicidad, falta de papel, presiones tributarias, amenazas judiciales y visitas de funcionarios con esa amabilidad peculiar de quien llega a inspeccionar acompañado por el miedo.
Las cifras ayudan a comprender la magnitud del desmantelamiento. De acuerdo con datos de la organización Espacio Público, entre 2003 y 2022 cesaron sus operaciones al menos 403 medios de comunicación: 285 emisoras de radio, 87 periódicos, 19 canales de televisión abierta y 12 medios digitales. No todos desaparecieron por una orden directa del gobierno, pues también influyeron la crisis económica, las fallas eléctricas y el deterioro general del país. Pero todos operaron dentro de un ecosistema construido para hacer del periodismo independiente una profesión cada vez más difícil de sostener.
Después llegó la censura digital, más moderna, silenciosa y fácil de negar. No necesita soldados frente a una redacción: basta con que una página deje de abrir.
Infobae conoce bien ese procedimiento. El portal permanece bloqueado en Venezuela desde el 10 de octubre de 2014, cuando Conatel ordenó impedir su acceso después de la publicación de imágenes relacionadas con el asesinato del diputado oficialista Robert Serra. Han pasado casi doce años y el bloqueo continúa. Una fidelidad represiva que ya quisieran para sí muchas suscripciones digitales.
La persecución tampoco se limitó a los medios. Periodistas, activistas y ciudadanos han sido acusados de incitación al odio, conspiración, terrorismo y traición a la patria por informar, denunciar o publicar opiniones en las redes sociales. El Código Penal comenzó a parecer insuficiente y el poder se dedicó a fabricar nuevas leyes, como quien amplía una caja de herramientas porque todavía quedan demasiadas voces sin silenciar.
En 2024, Espacio Público documentó 619 denuncias de violaciones a la libertad de expresión, un aumento del 61 % respecto de 2023 y la cifra más alta registrada en cinco años. El punto más crítico se produjo después de las elecciones del 28 de julio, cuando aumentaron los bloqueos digitales, las detenciones, las amenazas y las restricciones al trabajo de la prensa.
El manifiesto presentado ahora exige desmontar esa estructura. Sus firmantes reclaman la derogación de la Ley contra el Odio, la Ley Resorte, la Ley de Fiscalización de las ONG, la Ley Simón Bolívar y la Ley Antibloqueo. También proponen transformar Conatel en un organismo técnico y autónomo, revisar las licencias revocadas, devolver los bienes expropiados y establecer procedimientos transparentes para adjudicar frecuencias.
Además, demandan que los medios públicos —especialmente Venezolana de Televisión— dejen de funcionar como instrumentos de propaganda y estigmatización. Porque un canal financiado por todos los venezolanos no debería comportarse como el club privado de quienes ocupan el poder.
Delcy Rodríguez ha hablado de diálogo, convivencia democrática y un nuevo momento político. Sin embargo, según los promotores del manifiesto, todavía no se ha resuelto ninguna de sus exigencias fundamentales. Las palabras oficiales vuelven a circular con abundancia, pero los portales continúan bloqueados, las leyes represivas permanecen vigentes y Conatel conserva intactas sus atribuciones.
Ese es el verdadero examen del gobierno interino. La libertad de expresión no se restituye con reuniones, fotografías ni discursos cuidadosamente redactados. Se demuestra liberando a los detenidos, devolviendo pasaportes, levantando bloqueos, derogando leyes represivas y permitiendo que los medios trabajen sin una amenaza respirándoles en la nuca.
Venezuela tiene derecho a expresarse. Lo extraordinario es que, después de 27 años de chavismo, todavía sea necesario recordárselo al poder.
Los datos centrales quedan respaldados por el manifiesto publicado por Diario de Los Andes, el informe de Espacio Público sobre 2024 y la información sobre los firmantes y sus exigencias.
