Por Luis Felipe Montiel
A mí me pasa que cuando oigo la palabra «poeta» en boca de un funcionario, por si acaso, me llevo la mano al bolsillo. Será la edad, o será Venezuela, que nos ha enseñado a desconfiar de cualquiera que rime y mande a la vez.
Resulta que el 26 de abril de 2017 un muchacho, Yibram, se puso frente a una cámara y le habló a su papá. No le habló a Washington ni a la oposición ni a Ginebra: le habló a su papá, que era entonces defensor del pueblo, y le dijo, más o menos, que tenía el poder de parar aquello. Había muerto un estudiante, Juan Pablo Pernalete, y el hijo dijo «pude haber sido yo». Uno se sienta a ver ese video y piensa que en cualquier casa venezolana eso se resuelve con una cena larga y una puerta que se cierra. Aquella casa, sin embargo, tenía despacho oficial.
El padre contestó que lo amaba, que respetaba su libertad de expresión y que seguiría siendo su hijo más querido. Muy bonito. Un abrazo de telenovela, de esos que en el capítulo ciento veinte lo arreglan todo. Mientras tanto, las preguntas siguieron donde estaban, sentadas en el recibo, esperando que alguien las atendiera.
El padre es Tarek William Saab. Y la cosa es que la biografía venía armada como para una ópera: nacido en El Tigre, abogado de perseguidos, militante de izquierda, defensor de los afectados por el Caracazo, poeta de Los ríos de la ira y El hacha de los santos, títulos que, dicho sea de paso, ya traían la advertencia incluida. Conoció a Chávez preso, en 1992, y ahí se produjo ese intercambio tan nuestro: el militar encontró un abogado y el abogado encontró un futuro presidente. En 1999 presidió la Comisión de Derechos Humanos de la Constituyente y participó en la redacción de un título que prohibía la tortura, protegía la libertad personal y establecía obligaciones del Estado frente a las violaciones graves. Un catálogo de garantías, flamante, con olor a mueble nuevo. La historia, que es una vendedora implacable, se encargó de probarlo.
Después vino Anzoátegui, que gobernó entre 2004 y 2012. Provea registró 134.333 detenciones masivas en el estado durante 2011, realizadas, según la organización, por la policía bajo el mando del entonces gobernador. Hay que ser honestos: no son necesariamente 134.333 personas distintas, ni todas se quedaron presas. Imagínese usted el cuadro: un antiguo defensor de detenidos al frente de una región donde se detenía en cantidades de mayorista, como quien compra harina por saco. Y por ahí rondaron también unas investigaciones por contratos con la constructora Conkor. Después, según documentos que examinó la Misión de la ONU, el Ministerio Público pidió sobreseer una causa que lo involucraba, alegando que no había elementos suficientes. Condena no hay, conviene decirlo. Lo que hay es una preguntica de cortesía: ¿quién investiga al que dirige a los que investigan? La poesía admite conflictos interiores. Un Ministerio Público necesita procedimientos para resolverlos.
Entonces llegó el 5 de agosto de 2017, y la Constituyente destituyó a Luisa Ortega Díaz y puso a Saab de fiscal general. Llegó con discurso de legalidad, claro, con la voz del hombre que va a ordenar la casa. La Misión Internacional Independiente de la ONU documentó que, tras el cambio, fueron destituidos de forma sumaria 196 fiscales, y que en 2018 los puestos del Ministerio Público se convirtieron en cargos de confianza. De confianza. Uno se pregunta, con la cortesía de quien pregunta la hora: ¿confianza de quién? Una Fiscalía necesita funcionarios capaces de investigar hasta a quien los nombró, y esa palabra, cuando menos, deja la cuestión en suspenso. Además, desde 2017 dejaron de publicarse los informes anuales escritos; quedaron las ruedas de prensa, que son informes con micrófono y sin números que uno pueda perseguir hasta el final.
Y ahí está el décimo piso. El 8 de octubre de 2018 murió Fernando Albán, concejal opositor, detenido por el SEBIN. Saab informó inicialmente que se había suicidado lanzándose desde el décimo piso de la sede en Caracas. La familia rechazó esa explicación, denunció torturas y pidió una investigación independiente. Tres años después, la propia Fiscalía acusó a dos custodios por homicidio culposo, y recibieron cinco años y diez meses, luego rebajados a dos años y ocho meses (cronología de Acceso a la Justicia). Lo que se anunció como suicidio terminó en responsabilidad penal por la muerte. Con lo que hay, nadie puede decir que Saab supiera otra cosa cuando habló, ni que ordenara nada. Lo que sí queda en pie es que la primera explicación no alcanzó para cerrar el caso, y que la certeza llegó con más prisa que la investigación, como esos invitados que traen el brindis escrito antes de saber quién cumple años.
Con el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, muerto el 29 de junio de 2019 tras pasar por la DGCIM, hubo condenas: en febrero de 2022, treinta años para dos funcionarios por tortura y homicidio calificado. Saab las mostró como prueba de que su Fiscalía castigaba. Y es cierto, el resultado judicial existe y hay que reconocerlo. Dos condenados, sin embargo, no explican una estructura. Es como condenar a los dos músicos que desafinaron y declarar que la orquesta no tiene director.
En 2025, en su entrevista con BBC Mundo, el fiscal defendió su institución, cuestionó a la Misión de la ONU y reivindicó su coordinación con Maduro, que a su juicio era parte del oficio. Coordinación. Qué palabra tan tibia, tan de reunión de condominio.
En febrero de 2026 renunció a la Fiscalía y fue defensor del pueblo encargado hasta abril. Después pasó a dirigir una Gran Misión con nombre de bolero largo. Volvió a lo cultural, el poeta. Los expedientes, por su parte, no se mudaron con él.
Yo no sé si «verdugo» es la palabra. La responsabilidad penal exige pruebas individuales y un tribunal que las pese, y de eso, por ahora, no hay. Lo que sí sé es que un poeta corrige un verso hasta que suena bien, y que a Albán nadie le dio esa oportunidad.
Todavía pienso en el muchacho del video, en su cara sin retórica, esperando que el padre dijera otra cosa que «te quiero».
