SERIE ESPECIAL | LOS VERSOS DE TAREK | CAPÍTULO IV DE VI
Por Luis Felipe Montiel
Uno tenía que prestar atención a los nombres para no enredarse. El 9 de abril de 2024, Tarek William Saab apareció ante las cámaras para anunciar la detención de Tareck El Aissami, y a mí me pasa que en esas ocasiones me quedo pensando en la letra que sobra. Tarek, el fiscal, acusaba a Tareck, el exministro. Los separaba una letra y, desde aquel día, una celda. Es el tipo de coincidencia que en una telenovela se atribuiría a un guionista perezoso, pero que en este país se llama, simplemente, martes.
El detenido había sido ministro del Interior, gobernador de Aragua, vicepresidente y ministro de Petróleo, de modo que debía conocer los pasillos del poder mejor que los de su propia casa. No lo había capturado una fuerza extranjera ni un gobierno adversario: lo detuvo el mismo Estado al que había servido. Saab anunció también las detenciones del exministro de Finanzas Simón Zerpa y del empresario Samark López, y habló de traición a la patria, legitimación de capitales, asociación para delinquir y apropiación de recursos públicos. Según informó Reuters, la investigación había producido más de cincuenta detenciones. Aquello tenía algo de reunión familiar en la que, después de muchos años, alguien se atreve a preguntar quién se llevó la herencia.
La cosa es que el negocio, según la propia Fiscalía, estaba bien organizado. Funcionarios de PDVSA asignaban cargamentos a intermediarios sin los controles ni las garantías debidas; el crudo salía, se comercializaba y los pagos no llegaban como debían a la empresa estatal. Parte de las operaciones pasaba por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y por sociedades usadas, según la acusación, para mover y legitimar recursos. La agencia EFE recogió la descripción que hizo Saab de esa estructura: petróleo venezolano, funcionarios venezolanos, oficinas del Estado y unas facturas que, por lo visto, tomaban caminos que nadie conseguía seguir.
Dicho sea de paso, las sanciones internacionales complicaron las ventas de PDVSA y la empresa recurrió a intermediarios menos conocidos y a mecanismos de cobro menos transparentes; Reuters documentó cuentas por cobrar enormes. Eso explica por qué cambiaron los procedimientos. No explica que se entregaran cargamentos sin garantías suficientes ni que los controles dejaran de funcionar. Y ahí está el asunto: un cargamento de petróleo no es un sobre que alguien se mete en el bolsillo. Hay contratos, buques, manifiestos, terminales, registros de exportación, cuentas bancarias, gerentes, auditores. Para que algo así alcance semejante tamaño no basta una mala intención; hace falta que varios controles fallen, sean eludidos o miren hacia otro lado.
En junio de 2023, Transparencia Venezuela publicó, con estimaciones de Ecoanalítica, que los fondos comprometidos en la trama rondaban los 16.600 millones de dólares. Conviene leer bien el adjetivo: comprometidos no quiere decir robados ni perdidos para siempre, sino el alcance financiero de las operaciones bajo examen. Ninguna sentencia ha repartido esa cifra entre los acusados. Aun así, es suficiente para que un país pida algo más que una rueda de prensa. ¿Cuánto se recuperó? ¿Qué empresas recibieron el petróleo? ¿Quién autorizó los despachos y quién debía vigilarlos? Son las preguntas de cualquier dueño que descubre que de su negocio salió mercancía por miles de millones y que parte de los compradores no pagó. El dueño, en este caso, somos todos.
Resulta que El Aissami no llegó al Ministerio de Petróleo por concurso público: lo designó Nicolás Maduro en abril de 2020, tras la vicepresidencia y otros cargos de confianza. Zerpa también dirigió áreas estratégicas de las finanzas públicas. No eran forasteros que se colaron por una puerta abierta; habían sido escogidos para administrar lo esencial. Cuando el Gobierno los presenta como autores de una conspiración económica, aparece una contradicción que pide explicaciones: los acusados de perjudicar al Estado formaban parte de su dirección. Y todos ellos, por si acaso, conservan su derecho a defenderse, a conocer las pruebas y a recibir una decisión con garantías. Haber sido poder no los priva de eso.
Saab estuvo al frente del Ministerio Público desde 2017 hasta febrero de 2026, y el expediente, según explicó él, se remonta a octubre de 2022. Nadie le pide que conozca cada embarque. Se le pregunta qué hizo su institución, y a tiempo, para investigar, identificar responsabilidades y rastrear el destino del dinero. Anunciar cincuenta detenciones es una cosa; reconstruir en público el recorrido de cada dólar es otra, y se parece menos a un espectáculo.
Pienso en la fotografía de El Aissami detenido, él que durante años salió en actos oficiales y ceremonias de Gobierno, ahora en otra clase de imagen, presentada por otro hombre del mismo poder. La revolución, dicen, se come a los suyos; en la ópera al menos se canta mientras tanto.
Vuelvo a las dos letras de diferencia, a los dos nombres casi iguales en la misma pantalla, y me quedo mirando la imagen un rato más. Es una escena formidable. Lo que uno sigue sin ver, por más que acerque la cara, es la otra: la del dinero entrando de nuevo por la puerta.
Luis Felipe Montiel
