SERIE ESPECIAL | LOS VERSOS DE TAREK | CAPÍTULO III DE VI

Por Luis Felipe Montiel

Uno se sienta a ver un video de esos que circulan por los grupos de WhatsApp, un hombre sentado frente a una pared clara, con la mirada de quien repasa una lección, y a mí me pasa que lo primero que miro no es lo que dice sino lo que hay detrás: la pared, la luz, el borde de la mesa, la fatiga de los ojos. Se aprende mucho de un país mirando el fondo de sus videos. Hubo un tiempo, imagínese usted, en que los presos declaraban ante un juez. Después se pasó a declarar ante las cámaras. El juez podía esperar; la televisión tenía horario.

La cosa es que Tarek William Saab no era un empleado de ventanilla. Era el fiscal general, la máxima autoridad del Ministerio Público, con acceso directo a Nicolás Maduro, sin necesidad de pedir cita, con despacho, subordinados y una institución entera cuya obligación constitucional era investigar delitos y no fabricar declaraciones para el consumo político. Por eso, cuando el abogado Joel García denunció que Saab participaba en interrogatorios irregulares y que las grabaciones llegaban al presidente, la pregunta no era quién sostenía la cámara. Era qué hacía el fiscal con el poder que tenía.

La historia viene de atrás, como las buenas telenovelas. En agosto de 2018, después del supuesto atentado con drones contra Maduro, el Gobierno difundió un video del diputado Juan Requesens incriminándose. Su abogado, el mismo García, declaró a El País que Requesens no recordaba haber grabado aquello ni haber mencionado a las personas señaladas, y la defensa pidió exámenes toxicológicos. El país había visto la confesión; el abogado todavía preguntaba por ella. Ventaja formidable de la televisión sobre los tribunales: la primera condena en horario estelar mientras los segundos siguen buscando los papeles.

Ocho años después, en mayo de 2026, García volvió sobre el asunto en una entrevista con César Miguel Rondón, recogida por Monitoreamos. Denunció que Saab intervino personalmente en interrogatorios y que las grabaciones se enviaban a Maduro. Mencionó a Perkins Rocha y Freddy Superlano, detenidos tras las elecciones de julio de 2024, que según su relato fueron llevados desde El Helicoide a dependencias del Ministerio Público. Es una denuncia, no una sentencia, y conviene decirlo sin cuchicheos. Pero señala a la cabeza de la institución, y eso no es lo mismo que señalar a un funcionario que perdió los estribos en un calabozo.

Dicho sea de paso, un fiscal general no se entera de lo que ocurre en su despacho como quien descubre una gotera después de las lluvias. Otra cosa es la responsabilidad penal, que exige pruebas de su participación en un hecho concreto y que nadie ha establecido aquí. La responsabilidad institucional, en cambio, viene incluida con el cargo, como el chofer.

Y entonces empezaron a hablar los antiguos dueños de la casa. Tareck El Aissami, que fue ministro, gobernador y vicepresidente, cayó detenido en 2024 por el caso PDVSA-Cripto, y dos años después, según informó El País, denunció aislamiento, amenazas, falta de atención médica y que en un interrogatorio lo drogaron y lo desnudaron, atribuyendo responsabilidades a funcionarios de la Fiscalía, Saab incluido. Un hombre que pasó años en las alturas descubría, desde una celda, que los derechos constitucionales resultan muy útiles cuando uno queda del otro lado de la puerta. Que nadie lo absuelva por eso de lo que enfrenta; pero tampoco se tortura a los acusados de corrupción, que los derechos humanos tienen esa particularidad incómoda de proteger incluso a quienes no los defendieron.

Después vino Samark López, quien en una audiencia del 25 de mayo de 2026 denunció que Saab lo presionó para grabar videos incriminando a dirigentes del propio Gobierno, entre ellos Diosdado Cabello, según publicó Monitoreamos a partir del relato del exfiscal Zair Mundaray. De confirmarse, no se trataría de obtener una confesión sino de elegir primero al culpable y buscar después a quien lo diga frente a una cámara. Es la diferencia entre investigar un crimen y escribirle el libreto.

Tres denuncias, tres personas, tres circunstancias distintas, y ninguna sentencia contra el fiscal. Quedan las preguntas de siempre, las que cualquier oficina medianamente seria sabe contestar: quién autorizaba, quién custodiaba las grabaciones, qué se investigó cuando los detenidos se quejaron.

Pienso, mientras tanto, en los viejos fotógrafos de tribunales, que esperaban horas afuera para conseguir una cara, una mano esposada, una mirada perdida, sin poder entrar a la sala ni pedirle al acusado que repitiera la frase para mejorar el encuadre. Hoy la cámara tiene mejores credenciales que los abogados.

Vuelvo al video del principio, al hombre frente a la pared clara, y me quedo mirando la luz, buena, pareja, bien puesta. Todo muy bien iluminado. Lo único que uno no alcanza a ver, por más que se acerque a la pantalla, es si el hombre podía irse.

Luis Felipe Montiel