Por Luis Felipe Montiel

Tarek William Saab ocupó el despacho de fiscal general desde agosto de 2017 hasta febrero de 2026. Casi nueve años: tiempo para que un niño termine la primaria, para que un preso pierda la salud y para que una denuncia envejezca en un archivador sin llegar jamás al escritorio de un juez. La cosa es que el Ministerio Público tenía una obligación muy concreta, que era investigar los delitos, incluidos los cometidos por funcionarios del Estado. Y cuando se habla de torturas, detenciones arbitrarias o muertes bajo custodia, esa obligación pesa el doble, porque el detenido está en manos de quienes tienen las llaves, las armas y el control del lugar. Si esos mismos son los denunciados, hace falta una investigación independiente, de la que no pueda sospecharse que el investigador y el investigado almuerzan juntos. No es un detalle administrativo. Es la diferencia entre una denuncia y una súplica.

En septiembre de 2021, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, examinó el sistema de justicia y concluyó que sus integrantes habían contribuido, con acciones y omisiones, a la represión de opositores y críticos. No se quedó en los abusos de policías y militares; miró lo que pasaba después, cuando las víctimas tocaban la puerta de fiscales y tribunales. Porque la tortura puede empezar en una sala de interrogatorios, pero la impunidad se construye en las oficinas donde nadie investiga, esas donde la respuesta clásica sigue siendo que vuelva usted mañana, y mañana, por si acaso, también hay que volver.

El fiscal respondía a las críticas con cifras. En 2021 informó de condenas a funcionarios por violaciones de derechos humanos; en 2022 presentó nuevos balances de acusaciones, detenciones y sentencias contra agentes de seguridad. Había números, desde luego, y uno los recibe con el mismo respeto con que recibe el marcador de un juego que no pudo ver. El inconveniente, dicho sea de paso, era saber qué querían decir. La Misión observó que la falta de información desglosada impedía evaluarlos: no basta contar cuántos funcionarios fueron procesados, hay que saber por qué delitos, con qué pruebas, con qué cargos y hasta dónde subieron las investigaciones por la cadena de mando. Un agente condenado no responde quién autorizó la operación ni quién conoció las denuncias y dejó que todo continuara. Aquí las cifras oficiales y los relatos de las víctimas parecían vivir en edificios distintos: unas en las ruedas de prensa, los otros en organizaciones de derechos humanos, abogados y familiares que buscaban noticias de un detenido.

Después vinieron las elecciones del 28 de julio de 2024, y con ellas protestas, muertos, detenidos y denuncias de desapariciones forzadas, torturas y malos tratos. Human Rights Watch documentó casos de personas arrestadas por manifestarse, criticar al Gobierno o ejercer libertades protegidas. Saab compareció para atribuir los hechos violentos a sectores opositores y defender las actuaciones del Estado; las organizaciones denunciaron arrestos arbitrarios y procedimientos sin garantías. Imagínese usted a una familia, con la fotografía del detenido en la mano, preguntándose qué posibilidades tenía de lograr una investigación independiente cuando la máxima autoridad del organismo que debía investigar ya había ofrecido, en público, su interpretación política de los hechos. Un fiscal no tiene por qué callar ante un delito. Tiene que seguir las pruebas, incluso cuando contradicen la versión del Gobierno.

En septiembre de 2025, la Misión volvió sobre la represión posterior a los comicios y describió un funcionamiento sistemático y coordinado de instituciones del Estado, con denuncias de torturas y desapariciones forzadas y graves obstáculos para obtener protección judicial efectiva. Hablaba de personas incomunicadas durante períodos prolongados, de familias sin saber dónde estaban sus parientes, de recursos judiciales rechazados o que dormían sin respuesta. Sus investigaciones también examinaron el papel de fiscales y tribunales frente a esas detenciones y las denuncias de incomunicación. Eso ya no cabe en la categoría del guardia que se excedió, ese personaje de reparto que los comunicados sacan a escena cada vez que hace falta un culpable de menor rango. Es un problema de instituciones, y las instituciones tienen jefes.

Saab no dirigía las cárceles ni mandaba sobre todos los cuerpos de inteligencia, pero sí era la autoridad del Ministerio Público: investigar, controlar la legalidad de las actuaciones penales, procurar que los responsables comparecieran ante un juez. Por eso se queda corto responder con un catálogo de funcionarios menores condenados. Faltan los expedientes que se archivan sin explicación, los que nunca prosperan, los que jamás llegan a ser una investigación de verdad, porque la justicia no se mide solo por los que se abren, también hay que contar los que se pierden en el camino. Nada de esto es una sentencia contra nadie; son, más bien, preguntas que venían con el cargo, como el escritorio y el retrato en la pared.

En febrero de 2026 Saab dejó el Ministerio Público. Una renuncia cambia el nombre en la puerta; no cambia lo ocurrido detrás de las otras.

Pienso, mientras tanto, en alguien que llega a una oficina pública con una carpeta debajo del brazo y cierta esperanza, que es bastante más difícil de conservar que los documentos. Pasó la noche buscando a un detenido. Trae un nombre escrito correctamente, una fecha, la dirección de un centro de reclusión, la carpeta gastada por las manos que la llevan de oficina en oficina. Se sienta en un banco de madera con la misma educación con que se espera en la cola del automercado, convencido de que alguien, tarde o temprano, dirá un nombre. No necesita que le expliquen por televisión cuántas personas han sido acusadas de terrorismo. Quiere saber una sola cosa, en voz baja, al funcionario que por fin levanta la vista: si está vivo.

Luis Felipe Montiel