En las calles de la ciudad fronteriza de Colchane –Chile- se encuentran dispersos y sin rumbo más de 1.400 venezolanos desplazados por la grave crisis humanitaria que se vive en su país de origen. En las últimas dos semanas se contabiliza que cuatro personas murieron en este tránsito migratorio víctimas de las temperaturas extremas que prevalecen en un ambiente desértico que media entre ambos países. Las autoridades están rebasadas en su capacidad de respuesta mientras en los albergues y residencias sanitarias en Iquique hay 2.000 personas más, en idéntica situación de migración irregular.
Coromoto Díaz / Felipe Yajure
La situación en la frontera que comparten Chile, Perú y Bolivia se vive en estos días una crítica y dramática situación generada por el creciente flujo de los migrantes venezolanos que intentan ingresar por pasos no habilitados al territorio chileno. En los medios locales trascendió la información que anuncia la inminente promulgación de una nueva Ley de Migraciones que el jefe de gobierno Sebastián Piñera, alcanzó a que le aprobara el parlamento chileno. Ley que pondrá en vigencia la visa consular en el país de origen como única vía de acceso para quienes quieran venir a trabajar y residir en Chile, agitó las aguas.
Un buen número de estas personas, en situación de migración irregular, poseen a su vez parte de su grupo familiar residiendo hace tiempo en Chile, y se han precipitado en un buen número a buscar garantizar su ingreso al país, antes que se promulgue la nueva ley. Otro elemento para entender las razones que estimulan la masiva movilización de los migrantes venezolanos hacia chile, guarda también una estrecha relación la progresiva gravedad de la crisis económica y sanitaria en Perú, circunstancia que los lleva a buscar en Chile mejores horizontes.
Vale destacar que la pequeña ciudad en la que recalan, una vez que ingresan a territorio chileno, es un discreto poblado llamado Colchane, muy próximo a la frontera con Bolivia. Su infraestructura urbana y la oferta de servicios, apenas resiste la demanda de sus 1.600 habitantes, la cual se ve superada por el número de los que recién tan ingresado a ella. Tan solo el pasado lunes, la comuna tenía al doble de sus habitantes deambulando sin rumbo en sus calles.
Durante esa jornada cerca de 1.800 migrantes ingresaron clandestinamente por el costado del paso fronterizo con Bolivia, que hoy está cerrado. Dos de los migrantes de nacionalidad venezolana y colombiana respectivamente, fallecieron este martes por causas que aún se investigan.
Según los datos recolectados en el Censo del año 2008 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas, la comuna posee una superficie de 4.015,6 km² y una población de 1.649 habitantes, de los cuales 739 son mujeres y 910 son hombres. La comuna acoge al 0,69% de la población total de la región, de la cual un 100% corresponde a población rural y el 78,1 de la población se declaró perteneciente a alguna etnia indígena.
El alcalde de esa localidad, Javier García, denuncia que lo que está ocurriendo allí es una grave crisis humanitaria, circunstancia nunca antes vista por sus habitantes. El representante municipal, en forma conjunta con los parlamentarios de la zona critican la falta de coordinación imperante entre Cancillería, el Ministerio del Interior y el gobierno regional para el abordaje de la crítica situación. Al mismo tiempo exigen una respuesta concluyente para enfrentar la crisis que representan miles de desplazados en la región. Advierten que las autoridades que debieron hacerse responsables de lo acontecido no estaban presentes, y la ley que podría regularizar el escenario, aún no ha sido promulgada.
En las calles de la ciudad de Colchane se encuentran dispersos y sin rumbo más de 1.400 venezolanos desplazados por la grave crisis humanitaria que se vive en su país de origen. En las últimas dos semanas se contabiliza que cuatro personas murieron en este tránsito producto de las temperaturas extremas que prevalecen en un ambiente desértico que media entre ambos países. El ambiente en la ciudad de Colchane contrario a la presencia de los inmigrantes venezolanos, lo mismo que en toda la región de Tarapacá -cuya capital es Iquique- se ha ido caldeando muy fuertemente.
Las autoridades están rebasadas en su capacidad de respuesta mientras en los albergues y residencias sanitarias en Iquique hay 2.000 personas más en idéntica situación. El gobierno emitió un decreto donde autoriza a las Fuerzas Armadas a brindar apoya en las acciones de control de los migrantes por pasos no habilitados. Pero por los hechos, se constata que la decisión no ha sido un eficiente factor disuasivo para contener el flujo migratorio. Ahora, anuncia que se dispone a contratar 15 vuelos chárter para proceder a la deportación de todos los inmigrantes en situación de irregularidad. Según las autoridades es evidente que todo este flujo se genera gracias a la actividad de las redes de tráfico de personas que operan desde el sur del Perú hasta la frontera que comparten Bolivia y Chile.
Resulta evidente que las autoridades migratorias peruanas no actúan para impedir esta situación, porque están interesadas en que los migrantes venezolanos salgan cuanto antes de su territorio. Esta es una tragedia de mayúsculas proporciones, cuyo capítulo al final se expresa en estos términos. La situación de los desplazados es un complejo proceso que se inicia con la mayoría de estas personas, saliendo por tierra desde Venezuela a Colombia.
Desde allí se van desplazando -muchos de ellos caminando- hasta llegar a Chile, luego de atravesar Ecuador y Perú. Es de notar que en todos estos países por donde transita la diáspora de desplazados venezolanos, sus gobiernos suscribieron en septiembre de 2018 el denominado Plan de Quito, un pacto con el propósito de brindar apoyo a la migración venezolana. En este momento todas sus intenciones son letra muerta. Hoy, con la pandemia encima, con crisis económica y sanitaria, ninguno de estos gobiernos quiere saber nada con la migración venezolana. Y todos ellos han militarizado sus fronteras para cerrarle el paso.
Del otro lado de la frontera.
Las manifestaciones de racismo y xenofobia están adquiriendo en buena parte del mundo una intensidad y una frecuencia que resultan muy preocupantes. Las señales de alerta se multiplican, y no solo deben lamentarse expresiones xenófobas y de incitación al odio en las redes sociales, sino que la propaganda racista y de rechazo al extranjero está pasando del discurso a los hechos de forma recurrente.
Además, la lacra aflora de forma cada vez más evidente en la escena política. Esa parece ser la nueva estrategia del gobierno de Perú, que la semana pasada desplegó su ejército para vigilar hasta 30 pasos ilegales en la frontera con Ecuador ubicada en la región de Tumbes, en el noroeste del país. Se trata de una operación efectuada conjuntamente con Ecuador y cuyo objetivo es bloquear el ingreso de migrantes ilegales en medio de la emergencia sanitaria, según un comunicado de las fuerzas armadas peruanas.
Diversas organizaciones han criticado la medida, asegurando que el ejército no está capacitado para efectuar labores de control migratorio y que la medida atenta contra los derechos humanos de los migrantes. La militarización de la frontera fue anunciada el pasado 26 de enero, tras la noticia de la detención en Tumbes de cerca de 500 migrantes, en su mayoría venezolanos. Algunas de las imágenes del despliegue militar, en el que participaron cerca de 1.200 efectivos y más de 50 vehículos militares, se volvieron virales en las redes sociales y medios de comunicación de todo el continente.
Reportes preliminares indican que del lado ecuatoriano se han movilizado unos 200 efectivos, así como 20 unidades tácticas para custodiar la misma zona. El evento ha causado un represamiento de migrantes en esta población, de unos 50.000 habitantes, y asentada en plena línea de frontera 400 kilómetros al suroeste de la capital. El alcalde de Huaquillas, Alberto Astudillo, dijo The Associated Press que están muy preocupados por esta situación. Hasta hoy debe haber unos 800 o quizá 1.000 venezolanos que se encuentran deambulando por las calles y lo más grave es que a diario siguen llegando más y más, en pobres situaciones de salud, higiénicas y sin respetar los protocolos de distanciamiento social.
Añadió que requieren ayuda urgente para afrontar esta inédita situación. Vemos con tristeza a niños, madres embarazadas y mucha gente venezolana que están viviendo en las calles. Por eso pedimos ayuda a las agencias nacionales e internacionales para afrontar esta situación. El municipio de Huaquillas ha llevado en los últimos días ayuda médica y vacunación para esos ciudadanos.
El puente internacional entre Huaquillas y la población peruana de Aguas Verdes permanece oficialmente cerrado desde el 15 marzo de 2020 a causa de la pandemia, lo que ha multiplicado los pasos clandestinos tanto para la migración como para el contrabando. Su uso tiene un pago exigido por mafias que operan en el sector.
