LAS MOLES DEL DESASTRE EN LA GUAIRA: Comercializadoras de ferretería y cooperativas llaneras: Los ‘ilustres desconocidos’ que construyeron en La Guaira

EXPEDIENTE OPPPE:
Capítulo 4: Comercializadoras de ferretería y cooperativas llaneras: Los ‘ilustres desconocidos’ que construyeron en La Guaira

El colapso de las moles de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe) tras el doble sismo de 2026 dejó al descubierto una alarmante realidad técnica: muchos de los edificios de la Misión Vivienda fueron construidos por empresas inexpertas, improvisadas o directamente ajenas al ramo de la ingeniería civil. Detrás de las fachadas colapsadas y los cimientos destruidos se ocultó una red de favores y asignaciones directas que enriqueció a firmas de maletín, cooperativas remotas y comercializadoras de ferretería. La revisión del Registro Nacional de Contratistas (RNC) realizada por Armando.info revela de qué manera el dinero público de la emergencia terminó en manos de ‘ilustres desconocidos’.

La radiografía del desborde: Empresas exprés y ajenas al sector

Bajo el amparo del decreto de emergencia y la suspensión de licitaciones públicas contemplada en el artículo 102 de la Ley de Contrataciones Públicas, la Opppe operó con total discrecionalidad. Esto permitió que 84 empresas asumieran de forma directa 163 contratos de obras y servicios otorgados por la Opppe durante los años de bonanza de 2011 y 2012. De ese total de contratistas, un grupo de 17 empresas ejecutaron de forma directa 23 proyectos relacionados con la edificación e inspección de los bloques residenciales de La Guaira.

Al someter a estas 17 constructoras a un riguroso escrutinio en los registros del RNC, surgen patrones sumamente alarmantes que revelan la total ausencia de controles y rigurosidad técnica en las adjudicaciones:

• Creación Express (65%): Once de las diecisiete empresas con asignaciones en La Guaira fueron creadas o aumentaron sustancialmente su capital social entre 2011 y 2012, al calor de la emergencia.
• Domicilio Remoto (47%): Ocho de las constructoras registraron sus domicilios fiscales en estados sumamente lejanos de la costa central, tales como Barinas, Táchira o Anzoátegui, dificultando la logística de supervisión técnica.
• Objeto Social Incompatible (29%): Cinco de las compañías tenían un objeto social inscrito en sus expedientes mercantiles completamente ajeno al sector de la construcción de edificaciones de gran envergadura (por ejemplo, comercializadoras de ferretería).

De los llanos a la costa: El desproporcionado contrato de la Cooperativa Portuguesa Vencedora

El ejemplo que reúne de manera más nítida estas irregularidades es el de la Asociación Cooperativa Portuguesa Vencedora 2012 RL. Esta entidad tenía su sede fiscal en el estado llanero de Barinas y fue incorporada legalmente en junio de 2011, justo en el año en que entró en vigencia el decreto de emergencia por lluvias que propiciaba la contratación directa express.

A pesar de su nula experiencia y de encontrarse a cientos de kilómetros del mar, en octubre de 2012 la Opppe le otorgó de forma directa a Portuguesa Vencedora un contrato de gran envergadura: el contrato CJ.OPPPE-115/12, para la ‘Construcción de urbanismo en la implantación de los proyectos Opppe 25A, Opppe 25B y Opppe 25C’ en el actual estado La Guaira. El complejo de la Opppe 25 en Tanaguarena es precisamente uno de los que hoy yace destruido, con dos de sus torres totalmente colapsadas bajo las cuales se recuperaron decenas de cadáveres. El contrato, desproporcionado y absurdo para la nula experiencia de una cooperativa llanera, es el retrato vivo de la irresponsabilidad gubernamental.

El peligro oculto: Pilotes a cargo de una firma no habilitada

Si la adjudicación de contratos de edificación a cooperativas llaneras resulta inverosímil, el caso de las fundaciones bajo tierra de las torres de Caraballeda roza lo delictivo. Para cualquier estructura residencial de 12 pisos, la construcción de los pilotes de soporte constituye el paso de ingeniería más delicado. En Caraballeda, esta tarea crucial para las torres de la Opppe 34 y la Opppe 26 —urbanismos que colapsaron o sufrieron daños estructurales irreversibles— fue entregada a la empresa Inversiones Rotatech C.A.

Inversiones Rotatech C.A. fue registrada en Caracas en julio de 2011, pero la investigación en el RNC constató que la firma no figura como empresa habilitada o inscrita para contratar con el Estado venezolano; tampoco su accionista mayoritaria, P&P Consejeros C.A. Para poder ejecutar los pilotes en abril y mayo de 2012, Rotatech subcontrató a Servicios Integrales LCH C.A., una firma que sí estaba habilitada pero que modificó su objeto social express en junio de 2011. Paralelamente, uno de los socios de la inhabilitada Rotatech, Oscar Timpanaro Marcoccia, figuraba como directivo de otra empresa fantasma de nombre similar (Rotatech Fundaciones C.A.) que sí estaba habilitada, sirviendo de mampara para adjudicar fundaciones de torres que hoy yacen en ruinas.

De vender tornillos a levantar edificios de 12 pisos

La improvisación continuó con empresas de objetos sociales disparatados. Construcciones e Importaciones I&D C.A. recibió contratos para culminar trabajos estructurales en cuatro niveles de una de las torres de La Guaira. El detalle alarmante es que el objeto social de esta compañía no contemplaba la edificación de complejos habitacionales, sino la comercialización de materiales y artículos de ferretería. Por su parte, el Grupo Gaiga 777 C.A. fue contratado para edificar 145 apartamentos en el Bulevar Naiguatá, a pesar de que su objeto fiscal solo le permitía elaborar proyectos teóricos de diseño y arquitectura, mas no ejecutar la construcción física de los mismos. El resultado de esta fragilidad institucional no tardó en llegar: apenas dos años después de recibir los millones de la Opppe, Gaiga 777 C.A. fue administrativamente inhabilitada por el RNC tras ser demandada por adeudar prestaciones sociales a sus propios trabajadores.

Radiografía de Contratistas Cuestionadas

Otras firmas remotas como L.C. Ingeniería C.A. (de Guanare, Portuguesa) o Pavimentos del Sur C.A. (de San Cristóbal, Táchira —cuyo objeto social tampoco mencionaba la construcción de viviendas—) terminaron de completar el festín de adjudicaciones directas en la costa central. El doble terremoto del Día de San Juan no hizo más que desnudar lo que los expedientes mercantiles del Registro Nacional de Contratistas ya advertían de manera contundente: que las viviendas de la revolución se confiaron a un club de inexpertos, ferreterías y cooperativas de maletín que priorizaron el cobro exprés por encima de la sismorresistencia.

Mañana en el Capítulo 5: La Opppe se desvanece en silencio: El cierre express de la oficina que devoró el tesoro público. En el cierre de esta serie de investigación especial, analizaremos el flujo y destino de los casi 3.300 millones de dólares consumidos por el organismo y su sospechosa liquidación definitiva ordenada por el gobierno de Delcy Rodríguez.