Javier Navarro lleva un mes sentado sobre una montaña de botas de goma. Tiene los ojos enrojecidos por el polvo y por las noches sin dormir, que combate cigarro tras cigarro. A veces llora de rabia. Perdió a nueve familiares cuando cayeron las torres de la Misión Vivienda en Caraballeda, tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el 24 de junio. Esta semana, un mes después, por fin recibió las cenizas de su madre. Todavía quedan cuatro cuerpos de su familia bajo el concreto.

La cifra oficial de fallecidos ya supera los 5.300, según el último parte del Gobierno. Pero quienes siguen frente a los edificios derrumbados calculan que aún faltan centenares de víctimas por recuperar. Los reportes oficiales no distinguen edades ni sectores, y no existe una cuenta clara de desaparecidos. Nadie sabe cuándo dejará de subir el número.

Más de 17.000 personas perdieron su vivienda. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregó esta semana los primeros 240 apartamentos de reconstrucción, mientras condecora a perros rescatistas y anuncia planes de reconstrucción. Todo esto ocurre bajo la supervisión de Washington, en un país que desde enero —cuando se produjo la intervención militar estadounidense— ya atravesaba una crisis institucional y política previa al desastre natural.

Un centro de logística improvisado

Javier organiza desde una carpa que él mismo levantó lo que llama su «centro de logística»: mascarillas, guantes, botas, agua, palas, martillos, taladros y bombonas para los equipos de oxicorte, todo conseguido a través de donaciones. Es el sostén de los cientos de voluntarios y rescatistas que trabajan a diario en La Guaira. Con el paso de los días, cuenta, han empezado a aparecer personas ajenas a las labores que solo buscan aprovecharse de las donaciones, mientras el agua —el suministro más urgente— comienza a escasear.

Antes del 24 de junio, Javier se dedicaba a la construcción y remodelación en Caracas. Hoy dirige cuadrillas de hombres que excavan en los edificios caídos, en una tarea que en otros países estaría en manos de especialistas en rescate estructural, pero que en Venezuela ha recaído, casi literalmente, en la propia gente.

El túnel del infierno

En las torres derrumbadas de la OPP (Oficina de Planes Presidenciales), cada familia ha cavado su propio túnel para llegar hasta los suyos. El que abrió la cuadrilla de Navarro tiene unos diez metros de profundidad, ventiladores y una hilera de bombillos que ilumina el descenso hasta los apartamentos del primer piso, sepultados bajo doce plantas de concreto. Ahí dentro, arrastrándose, los hombres excavan el tiempo que los pulmones se lo permiten. Ellos mismos lo llaman «el túnel del infierno».

Voluntarios sin ninguna experiencia previa en rescate se han vuelto, por necesidad, forenses improvisados. Uno de ellos, que llegó a ayudar hace pocos días, describe la lucha diaria contra el sol y las moscas, con la vida en riesgo constante. Otro, que busca a su propia sobrina sin haberla encontrado aún, ha ayudado a recuperar diez cuerpos de otras familias y reconoce que jamás se hubiera imaginado capaz de hacerlo. Coincide en que todos los que viven esto necesitarán apoyo psicológico, aunque por ahora no hay tiempo para pensar en el propio dolor cuando hay otros con pérdidas mayores.

Ni siquiera los profesionales del rescate se sienten preparados para una tragedia de esta escala. Una bombera de Yaracuy —estado donde se ubicó el epicentro pero que apenas sufrió daños— lleva quince días trabajando sin relevo, mientras en su región las inundaciones abren un nuevo frente de emergencia. Su compañero relata que esta semana su equipo recuperó los cuerpos de una familia completa de cuatro integrantes, y que la falta de una grúa especializada obligó a maniobras que terminaron por fragmentar uno de los cadáveres, lo que en su opinión dificulta el reconocimiento de las víctimas y vuelve más doloroso aún el proceso para las familias.

La disputa por los escombros

La tensión crece entre quienes todavía buscan a sus muertos y las autoridades que avanzan con las demoliciones. Cuando la maquinaria pesada se enciende cerca de los túneles, los rescatistas deben salir: la vibración se siente como una réplica del terremoto. Javier ha amenazado con enfrentarse a quienes operan las excavadoras si intentan demoler antes de que las familias terminen de sacar a los suyos. Su reclamo resume el sentir de buena parte de La Guaira: nadie está dispuesto a dejar a sus muertos bajo los escombros, sin importar cuánto tiempo tome sacarlos.

En los edificios ya abandonados por sus buscadores han quedado carteles: «no demoler», «propiedad privada». Son el anuncio de la próxima batalla, la de los sobrevivientes por recuperar los terrenos donde antes estaban sus casas. Un mes después de la tragedia, el sonido que domina la ciudad costera ya no es el del mar, sino el de los motores y las palas de las retroexcavadoras, y el de los camiones que, sin descanso, trasladan de un lado a otro los restos de lo que fueron los hogares de miles de familias.