Luis Felipe Montiel

Hay noticias que uno lee de pie porque sentarse le parece un lujo excesivo para tanta indignación. Esta es una de esas. El Observatorio Venezolano de Prisiones acaba de ponerle números a una anomalía que lleva años creciendo en Venezuela: los calabozos del CICPC terminaron convertidos en cárceles permanentes. Y en algunas, según las denuncias recogidas por el OVP, hasta recibir luz solar puede costar dinero.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) acaba de presentar una investigación sobre la consolidación de los calabozos del CICPC como cárceles paralelas. No hizo falta poner la primera piedra de nada. El país construyó un sistema penitenciario entero simplemente dejando que las cosas se pudrieran a fuego lento, que es la especialidad nacional.

Los números, para empezar, tienen ese tipo de contundencia que no necesita adjetivos, aunque aquí se los vamos a poner de todos modos: 7.414 personas viven encerradas en 157 dependencias del CICPC, repartidas por las 24 entidades del país como una franquicia del desastre con sucursales en todas partes.

El tiempo promedio de permanencia es de 615 días. Traduzcamos: casi veinte meses respirando el mismo aire viciado en instalaciones concebidas para la detención temporal y no para funcionar durante años como cárceles permanentes.

Y lo mejor —lo peor, en realidad, pero aquí lo mejor y lo peor conviven en la misma celda— es que el 87,9% de esos detenidos, 6.518 personas, no tiene sentencia firme. Solo 896 sí la tienen.

O sea que casi nueve de cada diez están cumpliendo una condena que todavía nadie ha dictado, en una suerte de justicia exprés al revés: primero el castigo, después, algún día, tal vez, el veredicto.

Si esto fuera un restaurante, sería aquel que te cobra la cuenta antes de tomarte la orden.

El CICPC, conviene recordarlo, fue creado para investigar delitos, no para hacer de carcelero de tiempo completo. Es como pedirle a un dentista que además lleve la contabilidad del edificio: puede que lo intente, pero nadie sale bien parado.

El propio OVP advierte que los funcionarios policiales no tienen la formación necesaria para ejercer durante períodos prolongados funciones propias del sistema penitenciario. El resultado descrito por la organización es previsible: hacinamiento, insalubridad y condiciones que pueden propiciar tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Porque donde el Estado no llega, siempre llega alguien más con una tarifa.

El informe recoge denuncias de funcionarios que cobran hasta 200 dólares por determinados “beneficios”: dormir en una oficina separado de otros detenidos, acceder a baños y duchas o incluso salir a recibir luz solar. La denuncia también fue recogida por Infobae y El Pitazo.

Sí, el sol.

Ese que sale gratis para el resto de la humanidad desde hace unos cuantos miles de millones de años, aquí tiene lista de precios.

Si esto fuera un spa, sería el más caro y el más miserable del planeta al mismo tiempo.

La alimentación y otras necesidades básicas recaen además en buena medida sobre las familias. El OVP señala que no existe información pública que permita identificar una asignación presupuestaria específica para cubrir las necesidades de quienes permanecen recluidos en estos calabozos. Quien carece de una red familiar queda, por tanto, en una situación todavía más precaria.

El Estado, generoso como pocos, encierra al detenido y deja buena parte de su supervivencia cotidiana en manos de quienes quedaron afuera.

Entre los detenidos hay 914 mujeres, 17 adolescentes de entre 14 y 17 años y 181 personas mayores de 65. Humberto Prado, director del OVP, ha advertido particularmente sobre estos últimos, que pueden requerir atención médica permanente, medicamentos y condiciones de habitabilidad adaptadas a sus necesidades.

Nada de esto nació ayer.

El OVP sitúa un punto de inflexión en 2011, cuando Iris Varela era ministra del Servicio Penitenciario. Una circular limitó los cupos en los centros penitenciarios y estableció la necesidad de solicitar autorización para trasladar a los aprehendidos.

Quince años después, lo transitorio se volvió estructura y la excepción se volvió rutina.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha advertido sobre la existencia en Venezuela de una dualidad de sistemas penitenciarios: uno formal y otro constituido por centenares de centros de detención preventiva y calabozos policiales.

Los 7.414 contabilizados ahora corresponden solamente a las 157 dependencias del CICPC estudiadas. La fotografía del sistema paralelo, por tanto, es todavía mayor que la que muestran estos números.

El OVP pide lo obvio: reducir el uso excesivo de la prisión preventiva, agilizar los procesos judiciales, trasladar oportunamente a los detenidos a centros penitenciarios, hacer pública la información sobre sus condiciones y mejorar la formación de los funcionarios encargados de su custodia.

Peticiones razonables, casi ingenuas, en un sistema donde ver el sol tiene precio y la justicia, aparentemente, no.