Luis Felipe Montiel
Hay negocios que huelen mal desde lejos, como el pescado que se quedó una tarde de más al sol. Este es uno de ellos. Un acuerdo petrolero tan grande que ya no cabe en la categoría de contrato y empieza a rozar la de milagro contable: cien años de concesión, según Washington; veinticinco, según Delcy Rodríguez.
Son setenta y cinco años de diferencia entre las versiones de dos gobiernos que aseguran haber firmado el mismo convenio. Es como escuchar a dos personas describir un matrimonio y descubrir que una habla de la luna de miel mientras la otra ya tiene preparado el divorcio.
El acuerdo entrega a North American Blue Energy Partners, conocida como NABEP, el control de 17 campos petroleros con unos 65.000 millones de barriles en reservas probadas. La empresa podrá desarrollarlos directamente o asociarse con terceros. Washington recibirá, además, una participación del 35 % en la compañía matriz.
Todo eso fue anunciado sin una licitación pública conocida y sin que el contrato completo haya sido divulgado.
La primera pregunta no requiere doctorado en hidrocarburos: ¿por qué una operación de semejante tamaño fue entregada directamente a una empresa prácticamente desconocida hasta hace pocos meses? La segunda es todavía más incómoda: ¿por qué las explicaciones de Caracas y Washington no coinciden?
Según informó el Financial Times, juristas, políticos y especialistas consideran que el acuerdo podría enfrentar impugnaciones en Venezuela y Estados Unidos.
El constitucionalista José Ignacio Hernández sostiene que la Constitución venezolana reserva a PDVSA el control de la industria y que las empresas privadas deben participar como contratistas de la estatal o mediante compañías mixtas. En este acuerdo, al menos según la información divulgada, PDVSA parece tan protagonista como un extra de telenovela: se sabe que existe, pero nadie entiende qué hace dentro de la escena.
No todos interpretan la ley de la misma manera. El exdiputado Elías Matta defiende el convenio y afirma que la Constitución y la reciente reforma petrolera permiten el ingreso directo de capital privado. La controversia, por tanto, no está resuelta. Precisamente por eso resulta todavía más inexplicable que los gobiernos anuncien el negocio petrolero más grande del mundo sin publicar el instrumento jurídico que permitiría determinar quién tiene razón.
En Estados Unidos tampoco faltan las preguntas.
La Oficina de Capital Estratégico del Pentágono aparece vinculada con una participación del 35 % en la empresa matriz de NABEP. Sin embargo, un portavoz del Departamento de Defensa reconoció ante el Financial Times que esa oficina no posee normalmente autoridad legal para adquirir acciones de compañías privadas. Su función consiste en otorgar préstamos, garantías y otras formas de asistencia financiera.
Funcionarios estadounidenses aseguran que la operación se ajusta a la ley, aunque todavía no han explicado claramente el mecanismo utilizado. Una posibilidad sería que el Pentágono recibiera derechos convertibles en acciones como garantía de un financiamiento. Otra implicaría una interpretación extraordinariamente amplia de las facultades destinadas a fortalecer la industria de defensa.
Dicho de otro modo: Washington anuncia que posee un 35 %, pero aún no explica con precisión cómo puede poseerlo.
El acuerdo también reserva a Estados Unidos el derecho de comprar al costo el 20 % de la producción obtenida. Eso no significa que el petróleo sea gratuito: el productor recuperaría los costos correspondientes, pero no obtendría ganancias sobre esa porción. Al no existir utilidad, Venezuela tampoco recaudaría los impuestos asociados con ella.
Henrique Capriles ha cuestionado duramente esa condición. Su argumento es sencillo: difícilmente una empresa como Chevron, ExxonMobil o ConocoPhillips aceptaría entregar una quinta parte de la producción sin margen de ganancia. Aquí, en cambio, el descuento parece haberse concedido antes de que salga el primer barril.
Toda esta arquitectura descansa sobre una promesa de inversión de hasta 100.000 millones de dólares. Por ahora, sin embargo, la cifra tiene más apariencia de presentación corporativa que de capital comprometido. No se conocen públicamente el calendario de desembolsos, las garantías, las condiciones de incumplimiento ni los mecanismos de arbitraje.
Se anuncia el negocio del siglo con la transparencia de un mago antes de comenzar el espectáculo: confíen, algo enorme aparecerá debajo del pañuelo.
Entonces surge el nombre que le da sabor a todo el guiso: Alejandro Betancourt.
El problema público no consiste únicamente en decidir si el convenio beneficia o perjudica a Venezuela. La pregunta fundamental es por qué, entre todas las compañías y empresarios disponibles, el control de semejante riqueza terminó en manos del más conocido de los llamados bolichicos.
Investigaciones periodísticas han relacionado empresas y operaciones vinculadas con Betancourt con pesquisas europeas sobre una presunta malversación de fondos de PDVSA. Los archivos de FinCEN también mostraron que bancos reportaron como sospechosas transferencias millonarias relacionadas con compañías de su entorno.
Esos informes no constituyen una condena ni demuestran por sí solos la comisión de un delito. Tampoco equivalen precisamente a una carta de recomendación para administrar una operación que compromete una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas.
Mientras tanto, la geopolítica hace su propio número. La confrontación entre Estados Unidos e Irán ha empujado hacia arriba los precios del crudo, regalándole a Venezuela una ventaja que no consiguió negociando. La encontró, más bien, en el bolsillo de un abrigo viejo.
Esa subida tampoco convierte inmediatamente las reservas venezolanas en producción. La infraestructura necesita inversiones, reparaciones y varios años de trabajo antes de que los anuncios se traduzcan en barriles adicionales. Incluso Chevron, con experiencia, capital e instalaciones existentes, calcula cinco años y más de 7.000 millones de dólares para duplicar su producción.
La riqueza de NABEP sigue siendo, por ahora, más promesa que realidad; más PowerPoint que oleoducto.
Al final queda un contrato que parece redactado por dos equipos jurídicos que nunca conversaron: cien años de un lado, veinticinco del otro; PDVSA aparentemente ausente; el Pentágono convertido en accionista y una empresa privada comprando una quinta parte de la producción sin ganancia.
Un futuro gobierno venezolano, una compañía con derechos previos o algún afectado podría intentar impugnarlo. En Estados Unidos también podrían surgir cuestionamientos sobre la autoridad empleada para convertir al Departamento de Defensa en socio corporativo.
Esto no es solamente una historia sobre petróleo. Es la historia de dos gobiernos que anuncian el negocio del siglo, ofrecen dos versiones distintas y esperan que el mundo aplauda sin pedir el contrato.
Luis Felipe Montiel
