Luis Felipe Montiel
Hubo un tiempo, no tan lejano, en que bastaba con desplegar una bandera venezolana, soltar dos frases contra el comunismo y prometer refugio para que el voto del exiliado cayera solito, como fruta madura, en el bolsillo de cualquier candidato de Miami. Fórmula sencilla, casi de manual: una foto con la tricolor, un discurso de quince minutos sobre la tiranía chavista, y listo, otro congresista con la conciencia tranquila y la reelección asegurada.
Entonces llegó ICE y se acabó la fiesta.
Porque resulta que la maquinaria de deportaciones no lee currículums ni distingue matices. No le importa si el venezolano en cuestión fue el villano de campaña —el «criminal peligroso» que tanto convenía mencionar en los mítines— o si es, simplemente, un tipo que se levanta a las cinco de la mañana, se pone el uniforme y maneja hacia su trabajo con permiso laboral vigente y una solicitud de asilo durmiendo el sueño eterno en algún cajón federal.
Ahí está Humberto Castro, 59 años, ocho viviendo en Doral, sin un solo antecedente penal, con permiso de trabajo hasta 2030, y que salió de su casa camino a la oficina para terminar esposado por agentes federales. Su hija lo contó con esa mezcla de indignación y resignación que ya se ha vuelto costumbre en el sur de la Florida. Y aquí conviene hacer una pausa técnica, para que ningún abogado de Twitter salga con su código penal improvisado: un permiso de trabajo no es residencia, y un asilo pendiente no es un salvoconducto. Correcto. Jurídicamente impecable.
Pero también es cierto —y esto no lo dice ningún abogado de redes sociales, lo dice el sentido común, ese familiar que nadie invita a las fiestas— que trabajar legalmente, presentarse ante las autoridades y esperar años a que el propio Gobierno resuelva su propio papeleo no convierte a nadie en pandillero. Entre ambas verdades hay un espacio que se llama criterio. Y el criterio, últimamente, anda de vacaciones.
Un informe enviado al Congreso y al secretario de Estado documenta, sin ánimo de exagerar la tragedia griega, tres casos ocurridos entre julio y agosto: una ciudadana española nacida en Venezuela, detenida en un aeropuerto con permiso laboral y licencia de conducir en regla; un exjugador y entrenador de ligas menores, arrestado al bajar de un vuelo; un pastor, esposado y liberado después de pagar doce mil dólares de fianza, como si la fe también tuviera arancel de importación.
Y por si el cuadro necesitaba más color: de las más de sesenta y cinco mil personas bajo custodia de ICE a mediados de julio, más del setenta por ciento no tenía ni una condena penal. Setenta por ciento. Así que aquel cuento tranquilizador de «solo perseguimos a los criminales» se cae solo, como bigote mal pegado.
La ironía, generosa como siempre, decidió instalarse justo en Doral, la ciudad más venezolana de Estados Unidos fuera de Venezuela, donde la mitad de los vecinos habla con acento caraqueño o maracucho. Ahí mismo, en 2025, el ayuntamiento firmó un convenio de cooperación con ICE, convencido de que solo atraparían delincuentes de manual. La ejecución, sin embargo, se parece más a una red de arrastre que a una cirugía de precisión: cualquier infracción de tránsito o control de rutina puede terminar en un centro de detención. Pescaron peces de todos los tamaños, incluido el que va camino al trabajo con los papeles en regla.
Y los congresistas, esos que durante años juraron amor eterno al exiliado venezolano, ahora practican una disciplina olímpica: el silencio. Ninguno respondió a las preguntas de la prensa. Uno de ellos preside, nada menos, el subcomité que supervisa la seguridad aeroportuaria, justo donde ocurrieron varias detenciones. La otra encabeza el subcomité de relaciones con el hemisferio occidental. No son ciudadanos indignados escribiendo cartas al vacío: tienen poder, tienen micrófono, tienen despacho. Lo que no tienen, aparentemente, es ganas de usarlo.
Un dirigente comunitario lo resumió sin anestesia: probablemente esos legisladores ya no pintan nada dentro de la Casa Blanca. Han convertido la defensa del venezolano en un producto televisivo, útil para la cámara, inútil para la vida real.
La comunidad no pide amnistía general ni impunidad para nadie. Pide algo mucho más incómodo: cifras claras, revisión caso por caso, audiencias de supervisión, alternativas a la detención para quien no tiene antecedentes. Pide, en resumen, que el Estado se moleste en distinguir entre un trabajador y un criminal antes de ponerles las mismas esposas.
Durante la campaña, el venezolano es héroe, sobreviviente, bandera ondeante. Frente a ICE, se convierte en expediente. Para pedirle el voto, patriota. Para defenderlo cuando lo esposan, asunto complicado.
Los discursos siguen llevando los colores de Venezuela. Las esposas, en cambio, ya llevan estampado el sello de ICE.
