Por Luis Felipe Montiel

La política internacional tiene una capacidad prodigiosa para transformar expedientes incómodos en credenciales de experiencia. Alejandro Betancourt conoce bien esa alquimia. Hasta hace poco era objeto de investigaciones por presunto lavado de dinero relacionado con fondos desviados de PDVSA. Hoy es presentado como un empresario capaz de conectar a Washington con Caracas y producir el petróleo que ambos gobiernos necesitan.

Una investigación de Reuters publicada el 5 de septiembre reconstruye la metamorfosis. Fiscales federales de Florida investigaban a Betancourt por su presunta relación con un esquema que habría desviado más de 1.000 millones de dólares de PDVSA y lavado parte del dinero mediante inmuebles en Miami y cuentas bancarias en Malta y Suiza.

La investigación fue suspendida este año. Dos fuentes dijeron a Reuters que los fiscales recibieron instrucciones de sus superiores para no continuar. Cuatro personas conocedoras del caso aseguraron que no se les explicó la razón.

Reuters no pudo determinar si la suspensión fue consecuencia de la cooperación de Betancourt con el Gobierno estadounidense. Esa precisión resulta esencial: no existe prueba pública de un intercambio entre información y alivio judicial. La coincidencia temporal, sin embargo, merece escrutinio.

Durante los meses anteriores a la captura de Nicolás Maduro, Betancourt suministró información que habría ayudado a Washington a aplicar el bloqueo naval contra tanqueros sancionados. Más de una docena de embarcaciones fueron interceptadas o incautadas. También facilitó contactos con funcionarios venezolanos, incluida Delcy Rodríguez, y participó en la construcción de un canal entre dos gobiernos que públicamente parecían enemigos y privadamente ya negociaban petróleo.

Su papel continuó después de la operación del 3 de enero. Según siete fuentes consultadas por Reuters, Betancourt ayudó a intermediar acuerdos petroleros y comunicaciones entre Washington y Caracas. En enero participó en la negociación de un convenio comercial bajo el cual se han exportado más de 135 millones de barriles de crudo y combustibles hacia Estados Unidos, Europa, India y el Caribe. Esa cantidad representa aproximadamente la mitad de las exportaciones venezolanas registradas hasta finales de agosto.

El antiguo contratista eléctrico también regresó a Miraflores. Estuvo presente durante la reciente visita del secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, aunque no apareció en la ceremonia pública.

Washington sostiene que NABEP es el socio adecuado porque ya opera campos venezolanos y puede elevar rápidamente la producción. La abogada de la compañía recuerda que las denuncias contra Betancourt han sido examinadas durante años sin producir una acusación formal. Ese dato también debe quedar escrito con claridad: Betancourt ha sido investigado en varios países, pero no ha sido condenado ni acusado penalmente en Estados Unidos.

El panorama exterior continúa abierto. Suiza retiró en mayo la solicitud para extraditarlo desde Reino Unido, aunque la Fiscalía de Zúrich confirmó que el proceso penal sigue activo. En España, un juez archivó inicialmente una investigación por presunto blanqueo relacionado con un fraude de miles de millones de dólares contra PDVSA. La Fiscalía Anticorrupción recurrió y, en junio, la Sala de lo Penal ordenó reabrir el caso, al considerar que se había cerrado prematuramente.

Betancourt niega cualquier irregularidad. Derwick Associates, su empresa más conocida, recibió alrededor de 2.000 millones de dólares en contratos durante la emergencia eléctrica venezolana. Algunos fueron otorgados sin competencia, pese a la limitada experiencia previa de la compañía. Datos oficiales citados por Reuters mostraron después que varias plantas funcionaban muy por debajo de su capacidad o permanecían paralizadas. Derwick sostiene que entregó las obras y atribuye los fallos posteriores a la mala administración estatal.

La ironía es difícil de ignorar. El empresario asociado con plantas incapaces de resolver la crisis eléctrica termina ahora administrando parte de la esperanza petrolera del país. El hombre investigado por dinero salido de PDVSA se convierte en socio de una compañía respaldada por el Pentágono para explotar activos de PDVSA.

La pregunta no consiste en determinar si Betancourt resulta útil. Evidentemente lo es: conoce los campos, los intermediarios, los funcionarios y los pasillos donde se cierran estos acuerdos. La pregunta es otra: ¿en qué momento la utilidad política comenzó a pesar más que la obligación de esclarecer los expedientes?

La justicia puede archivar, reabrir o suspender investigaciones. Lo que no debería hacer es desaparecer silenciosamente cuando el investigado adquiere valor estratégico. Venezuela ya conoce demasiado bien ese mecanismo: cambia el gobierno, cambia el discurso, cambia el socio internacional y el mismo personaje conserva la llave.

Esta vez la llave abre 17 campos petroleros durante varias generaciones.