La salida de Nicolás Maduro aceleró un viraje que habría comenzado con el desmantelamiento de la trama Pdvsa-Cripto. La nueva cúpula chavista conserva el poder, pero cambia de aliados para asegurar su supervivencia.
Por Hernán Lugo-Galicia
Versión condensada de una investigación publicada originalmente en HLGNews.
La captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y el posterior ataque contra instalaciones nucleares iraníes, ocurrido el 28 de febrero, forman parte de dos escenarios geopolíticos estrechamente relacionados, según fuentes consultadas para esta investigación.
Estados Unidos no buscaba únicamente sacar a Maduro, acceder al petróleo venezolano o instalar un gobierno tutelado. También pretendía desmantelar la estructura financiera que permitió a Venezuela e Irán evadir sanciones mediante operaciones petroleras, flotas de barcos, empresas intermediarias y sistemas digitales paralelos.
El primer golpe contra esa estructura apareció con la investigación de la trama Pdvsa-Cripto, cuyo juicio comenzó en abril de 2026 después de tres años de espera. El proceso mantiene encarcelados al exministro Tareck El Aissami y a decenas de acusados, aunque omite las posibles responsabilidades de otros funcionarios encargados de supervisar la economía, las finanzas y la industria petrolera.
La investigación judicial venezolana tampoco profundiza en la participación iraní. Teherán intervino en la comercialización del petróleo venezolano, empleó embarcaciones de la llamada flota fantasma y facilitó mecanismos financieros para eludir sanciones internacionales. Parte de ese entramado fue investigado y sancionado por organismos estadounidenses.
Maduro ordenó en 2023 la persecución de El Aissami tras conocerse la desaparición de miles de millones de dólares procedentes de ventas petroleras. La caída del antiguo “superministro” permitió que Delcy Rodríguez asumiera mayor control sobre la administración financiera y petrolera.
La investigación publicada por HLGNews plantea una pregunta inevitable: ¿por qué Rodríguez nunca fue llamada a declarar, pese a que ejercía como vicepresidenta y ocupaba responsabilidades directas sobre el gabinete económico y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos?
Medios independientes como El Pitazo han señalado las ausencias del expediente y mencionado a empresarios y operadores relacionados con el poder que tampoco fueron investigados exhaustivamente. Esa selección alimenta la sospecha de que Pdvsa-Cripto fue utilizado para eliminar una facción del chavismo y proteger a otra.
Desde el 3 de enero, Rodríguez adquirió una posición privilegiada. Estados Unidos la reconoció como autoridad encargada y el sistema judicial venezolano, subordinado durante años al Ejecutivo, no muestra intención de investigar su actuación durante la etapa anterior.
Fuentes militares y de inteligencia consultadas por Lugo-Galicia sostienen que Delcy y Jorge Rodríguez mantuvieron contactos indirectos con representantes estadounidenses. Identifican al enviado de Donald Trump, Richard Grenell, como uno de los enlaces empleados durante las negociaciones para buscar una salida política.
Esas fuentes aseguran que antes de la operación estadounidense se discutieron varias alternativas: permitir que Maduro gobernara hasta 2027, otorgar salvoconductos para su familia y colaboradores o facilitar su salida a cambio de garantías personales. Las propuestas habrían sido planteadas con la mediación de Catar y el Vaticano, sin producir un acuerdo definitivo.
Maduro también habría ofrecido distanciarse de Irán, China y Rusia, además de conceder acceso a petróleo, minerales y tierras raras. Washington no aceptó las condiciones y optó por la operación que terminó con la captura de Maduro y Cilia Flores.
La nueva etapa convirtió a Delcy Rodríguez en la principal interlocutora del poder estadounidense. Durante sus primeros ocho meses de gestión se produjo la llegada de funcionarios norteamericanos, la visita del jefe del Comando Sur, la revisión de leyes económicas de inspiración “antiimperialista” y la negociación de nuevos acuerdos petroleros.
El acercamiento a Washington tiene como contrapartida el debilitamiento de la alianza con Teherán. Las relaciones entre Venezuela e Irán se fortalecieron durante el gobierno de Hugo Chávez y produjeron alrededor de 270 convenios relacionados con energía, transporte, industrias militares, tecnología y fabricación de drones.
Esa cooperación también dejó deudas, proyectos inconclusos y crecientes diferencias. Venezuela mantiene obligaciones con empresas iraníes por trabajos realizados en el Complejo Refinador de Paraguaná. La desconfianza aumentó ante denuncias de fondos desviados, incumplimientos y enriquecimiento privado de operadores venezolanos.
CAMIMPEG, la compañía petrolera y minera controlada por militares, representa otra pieza del nuevo equilibrio. Sectores de la Fuerza Armada protegieron durante años las operaciones de Chevron y favorecieron la permanencia de compañías occidentales. Esa relación ofrecía ingresos más previsibles que los mecanismos clandestinos establecidos con Irán.
Vladimir Padrino López salió del Ministerio de la Defensa, aunque permaneció dentro de la estructura de poder. Diosdado Cabello tampoco fue apartado. Ambos, según las fuentes consultadas, colaboran con la etapa de transición y resultan intocables por ahora, pese a las acusaciones y recompensas estadounidenses todavía vigentes.
El chavismo no abandonó repentinamente su ideología. Cambió de estrategia para sobrevivir. La cúpula que durante años denunció al “imperio” ahora facilita inversiones occidentales, protege operaciones petroleras estadounidenses y reduce sus vínculos con Teherán.
La antigua hermandad Caracas-Teherán fue sustituida por una relación defensiva y desconfiada. El llamado antiimperialismo terminó cediendo ante el pragmatismo del poder. Quienes prometieron desafiar a Washington aparecen ahora obligados a obedecer sus condiciones.
