Por Luis Felipe Montiel

La salida de Nicolás Maduro creó la apariencia de que Venezuela había comenzado a dejar atrás uno de los periodos más oscuros de su historia contemporánea. Varios presos políticos recuperaron la libertad, algunos periodistas salieron de prisión y el discurso oficial incorporó palabras como reconciliación, amnistía y apertura.

La realidad que enfrentan los medios cuenta una historia menos luminosa. El régimen abrió algunas puertas, aunque conservó las llaves, los candados y la facultad de cerrarlas cuando lo considere conveniente.

La libertad condicional no es libertad. Tampoco existe libertad de prensa cuando un periodista sale de la cárcel, pero permanece sometido a un proceso penal, debe presentarse periódicamente ante un tribunal o tiene prohibido abandonar el país.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que al menos seis periodistas y trabajadores de medios continúan judicializados. Sus expedientes permanecen abiertos pese a la Ley de Amnistía promulgada por el gobierno encargado de Delcy Rodríguez. No están tras las rejas, aunque siguen viviendo bajo la amenaza de regresar a ellas.

Uno de esos casos es el de Carlos Correa, director de Espacio Público y candidato a relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Correa fue detenido el 7 de enero de 2025 y permaneció hasta el día 16 en El Helicoide, incomunicado y sin acceso a sus abogados. Su paradero se mantuvo oculto durante varios días, en una situación denunciada como desaparición forzada.

A comienzos de septiembre de 2026 acumulaba 604 días sometido a un proceso judicial, según el SNTP. El mensaje resulta difícil de disimular: una persona reconocida internacionalmente por defender la libertad de expresión continúa bajo el control de los mismos tribunales que deberían garantizarla.

El caso de Rory Branker, editor del portal La Patilla, confirma que la amnistía tampoco ha desmontado el mecanismo represivo. Después de su detención, desaparición, encarcelamiento y denuncias de tortura, un tribunal rechazó cerrar la causa en su contra. Branker salió de prisión, aunque el expediente continúa funcionando como una cuerda atada a su cuello.

El proceso judicial se convierte así en una prolongación de la cárcel. Condiciona los movimientos del periodista, afecta su trabajo y le recuerda que cualquier publicación puede devolverlo ante un juez. No hace falta encarcelar a toda una redacción cuando basta con castigar a uno para intimidar a los demás.

La persecución individual forma parte de una estructura mucho más amplia. Conatel conserva el poder de retirar concesiones y ordenar el cierre de emisoras. Numerosos portales informativos continúan bloqueados. Las restricciones de acceso a fuentes oficiales permanecen, mientras funcionarios, policías y militares pueden impedir coberturas, revisar teléfonos, borrar materiales o confiscar equipos.

Tras la captura y salida de Maduro, al menos 14 periodistas y trabajadores de medios fueron detenidos brevemente mientras cubrían acontecimientos en Caracas, de acuerdo con reportes del SNTP recogidos por Reuters. Todos fueron liberados posteriormente, aunque uno de los periodistas extranjeros fue deportado. La actuación oficial demostró que el reflejo represivo sobrevivió al cambio ocurrido en Miraflores.

Espacio Público documentó durante 2025 al menos 123 casos y 238 violaciones a la libertad de expresión, incluidas 44 detenciones arbitrarias. La reducción frente al año anterior no fue consecuencia de reformas institucionales ni de garantías nuevas. La propia organización advirtió que las restricciones estructurales, la censura digital y el control del debate público seguían vigentes.

La apertura real exige algo más que excarcelaciones selectivas. Requiere cerrar definitivamente los procesos penales arbitrarios, devolver los pasaportes anulados, restituir las concesiones retiradas, desbloquear los portales informativos y establecer procedimientos transparentes para adjudicar frecuencias.

Eso reclama el Manifiesto por la restitución de la libertad de expresión, respaldado por 38 medios, 63 organizaciones de la sociedad civil y 164 ciudadanos. El documento también exige devolver los bienes expropiados y poner fin a la persecución de periodistas, activistas y ciudadanos por expresar opiniones.

Ninguna democracia necesita periodistas prudentes por miedo. Necesita periodistas libres para investigar, preguntar, incomodar y revelar aquello que el poder prefiere mantener escondido.

Venezuela no recuperará la libertad de prensa mientras los tribunales sigan siendo instrumentos de intimidación, Conatel conserve facultades discrecionales y los cuerpos de seguridad decidan qué puede grabarse, preguntarse o publicarse. La desaparición de Maduro del escenario no desmontó la maquinaria construida durante años para controlar la información.

El gobierno de Delcy Rodríguez quiere que el mundo vea una ventana abierta. Detrás de ella persisten medios cerrados, páginas bloqueadas, expedientes judiciales y periodistas obligados a mirar por encima del hombro.

La oscuridad no termina cuando el régimen enciende una lámpara para la fotografía. Termina cuando pierde definitivamente la capacidad de apagarla.