Todavía no ha aparecido el cofre del tesoro, pero ya llegaron los notarios. Venezuela, ese país que convirtió el petróleo en una novela de suspenso interminable, acaba de abrir el siguiente capítulo: ahora el protagonista es lo que hay debajo del petróleo. Oro, hierro, bauxita, níquel y esas tierras raras que todo el mundo menciona con la boca llena, aunque ningún estudio público, reciente e independiente haya demostrado reservas explotables a escala industrial. Bienvenidos al subsuelo, la última frontera donde la promesa siempre rinde más que la roca.
El primer gesto concreto tiene nombre y apellido: Minerven, la minera estatal, acordó suministrar a la comercializadora suiza Trafigura entre 650 y 1.000 kilos de oro doré destinados al mercado estadounidense. Ojo: doré, no oro refinado. Es una aleación semipura que requiere procesamiento posterior, algo así como esos proyectos de país que siempre están “casi listos”.
Sobre los embarques, los pagos y el destino final de cada cargamento no existen todavía registros públicos suficientes. Lo documentado es el anuncio del acuerdo. Para comprobar su ejecución habrá que encontrar documentos aduaneros, reportes regulatorios, registros de transporte y constancias de refinación. Todo lo demás sería fe, una materia prima que Venezuela produce en cantidades aparentemente inagotables.
La escena, por supuesto, no podía carecer de coreografía política. Doug Burgum, secretario del Interior estadounidense, aterrizó en Caracas acompañado por ejecutivos mineros y financieros, como si encabezara la gira promocional de un nuevo producto llamado “Subsuelo venezolano, edición limitada”. Todo con el visto bueno de Donald Trump y la cordialidad diplomática de Delcy Rodríguez, quien ya perfeccionó el arte de recibir delegaciones como quien recibe pretendientes: con mucha ceremonia y pocas condiciones conocidas.
Aquí está el chiste de mal gusto: Washington no está adjudicando las minas venezolanas. Está construyendo el manual que determinará quién puede comerciar con sus minerales, suministrar tecnología, negociar inversiones y, finalmente, ejecutar los proyectos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC, levantó su andamiaje burocrático mediante tres piezas principales. La Licencia General 51C autoriza determinadas operaciones con minerales de origen venezolano, incluido el oro. La 54B permite suministrar bienes, tecnología, programas informáticos y servicios para las operaciones mineras. La 55, la joya de la corona, autoriza negociar, participar en licitaciones, firmar memorandos y celebrar contratos contingentes para futuras inversiones.
Esta última conserva la llave maestra. Una empresa puede estudiar una mina, presentar una oferta, redactar un contrato y hasta brindar con champaña por el acuerdo, pero no podrá ejecutarlo si OFAC no concede una autorización adicional. Sin esa bendición, todo queda convertido en papel mojado con membrete elegante.
Las concesiones mineras continúan siendo formalmente competencia del Estado venezolano. OFAC no decide jurídicamente quién recibe una mina, pero sí puede determinar qué empresas, bancos, proveedores, aseguradoras y socios internacionales participan en el negocio sin exponerse a las sanciones estadounidenses. Una cosa es poseer la puerta y otra controlar las llaves. En este caso, Caracas conserva la primera y Washington administra buena parte del llavero.
No se trata de una apertura al estilo “pase usted y sírvase lo que quiera”. Es una apertura con lista de invitados. Las licencias restringen la participación de personas y compañías relacionadas con China, Rusia, Irán, Cuba y Corea del Norte. También establecen condiciones sobre pagos, contrapartes, reportes y lugares de procesamiento o refinación.
Debajo del lenguaje aséptico de las sanciones aparece una estrategia bastante menos aséptica: sacar el subsuelo venezolano de la órbita de los rivales de Washington y colocarlo bajo una infraestructura de cumplimiento estadounidense.
Del lado criollo, Delcy Rodríguez hizo su tarea. La nueva Ley Orgánica de Minas, publicada en abril, abrió el sector a empresas nacionales y extranjeras, privadas y estatales. Las concesiones podrán durar hasta 30 años y prorrogarse dos veces por periodos de diez años.
El Estado conserva —según el papel— la propiedad de los yacimientos, mientras ofrece arbitraje y seguridad jurídica a los inversionistas. Esa última expresión funciona en Venezuela más como conjuro que como garantía. La ley también establece regalías de hasta 13% del valor bruto de la producción y un gravamen de hasta 6% para las actividades mineras primarias, mientras reserva al Banco Central la supervisión de la comercialización del oro.
En el papel, un modelo impecable. Fuera del papel comienza otro país completamente distinto.
El Arco Minero no es un parque temático de la prosperidad. Durante años se han documentado allí explotación laboral, trata de personas, trabajo infantil, contaminación con mercurio, destrucción ambiental y violaciones contra comunidades indígenas. Investigaciones periodísticas y organismos internacionales también han señalado la presencia de grupos armados, organizaciones criminales y sectores de las fuerzas de seguridad acusados de participar o colaborar con las economías ilegales.
La llegada de compañías internacionales no elimina automáticamente esas estructuras. Puede desplazarlas, absorber intermediarios, modificar los cobros clandestinos o simplemente reorganizar quién recibe la “vacuna” por cada camión de combustible y cada maquinaria que ingresa. Vender “oro responsable” exigirá bastante más que un sello bonito: trazabilidad desde la mina, auditorías independientes, acceso de observadores y publicación verificable de los resultados.
Todavía queda la pregunta incómoda de fondo: ¿cuánto existe realmente allí abajo?
Un informe oficial de 2018 habló de 644 toneladas de oro y ofreció cifras generosas de hierro, bauxita y níquel. El problema es que mezcló alegremente “recursos” con “reservas”, como quien confunde tener hambre con tener comida en la nevera. Un recurso puede encontrarse geológicamente; una reserva debe poder extraerse con viabilidad técnica, económica y ambiental.
Las tierras raras, convertidas en palabra mágica del discurso estratégico, aparecen en mapas e informes oficiales antiguos, pero sin volúmenes certificados que permitan presentarlas como una riqueza industrial comprobada. Por ahora viven con mayor comodidad en el relato político que en los estudios geológicos independientes.
Entre los nombres que circulan figuran Trafigura, Gold Reserve, Hartree, Peabody Energy, Ivanhoe y TechMet. Hay visitas, reuniones e interés empresarial, pero confundir una fotografía en Caracas con una concesión adjudicada sería hacerle demasiado favor al entusiasmo oficial.
Quedan flotando, como el polvo de una mina sin ventilación, todas las preguntas importantes: ¿habrá licitaciones públicas?, ¿se conocerán los beneficiarios reales?, ¿dónde serán depositados los pagos?, ¿cuánto ingresará al presupuesto nacional?, ¿quién auditará el impacto ambiental?, ¿cómo serán consultadas las comunidades indígenas? y ¿quién certificará que el oro es responsable y no simplemente oro ilegal bien maquillado?
Estados Unidos todavía no encontró el tesoro. Encontró la manera de decidir quién tendrá permiso para buscarlo.
Mientras tanto, el subsuelo venezolano continúa esperando que alguien separe la geología de la propaganda. Lo que avanza rápidamente no es la minería: es el mecanismo político y financiero que decidirá quién podrá explotarla.
