El reloj marcaba las doce del mediodía cuando José Ignacio Moreno Suárez, un abogado de trayectoria corporativa, se disponía a almorzar en un restaurante de Caracas. Aquel 4 de junio de 2023 sería su último día en libertad. Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar se aproximaron a su mesa y, sin mediar orden de aprehensión alguna, le solicitaron que los acompañara para una «entrevista». Moreno Suárez accedió, ignorando que comenzaba así un calvario que lleva ya más de dos años.
Desde entonces, el letrado permanece recluido en el Centro Penitenciario Judicial El Rodeo I, una fortaleza de máxima seguridad en las afueras de la capital. Su delito, según la acusación fiscal, es haber defendido los intereses de la empresa minera Gold Reserve Inc. en una disputa que mantiene con el Estado venezolano por el proyecto aurífero Brisas-Cristinas.
LA GÉNESIS DEL CONFLICTO
Gold Reserve, compañía estadounidense-canadiense, había llegado a un acuerdo con el gobierno venezolano en 2016 para constituir la empresa mixta Siembra Minera. La participación era clara: 45% para la transnacional y 55% para el Estado. El objetivo, desarrollar uno de los yacimientos de oro y cobre más importantes de América Latina.
Sin embargo, el proyecto nunca despegó. Mientras la empresa asegura haber cumplido con sus obligaciones, el Estado revocó unilateralmente los derechos mineros. Ante ello, Gold Reserve anunció un nuevo arbitraje internacional para reclamar indemnización.
Moreno Suárez, en su rol de representante legal en Venezuela, continuó ejecutando las acciones jurídicas correspondientes. Pocos meses después, llegó la detención.
UN PROCESO CONGELADO
La Fiscalía le imputa delitos de traición a la patria, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir. Entre las pruebas, un correo electrónico enviado a una periodista en noviembre de 2021 y conversaciones de WhatsApp con otro abogado sobre estrategias jurídicas.
La acusación sostiene que el abogado actuó para «privilegiar la posición internacional de Gold Reserve». Su defensa, por el contrario, considera que esta formulación evidencia la naturaleza política del proceso.
Tras su arresto, las autoridades negaron información sobre su paradero a los familiares, impidiendo que designara abogados de confianza. Pasaron semanas hasta que un defensor público asumió el caso. Hoy, más de dos años después, el juicio aún no tiene fecha de inicio.
La defensa solicitó la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada en febrero de 2026, petición rechazada tras la derogación de la norma. Posteriormente pidió el decaimiento de la medida privativa de libertad, al considerar agotados los plazos legales sin avance procesal. También fue negado.
El expediente reposa ahora en el Tribunal Segundo Especial contra el Terrorismo, mientras la organización Comité por la Liberación de los Presos Políticos incorpora el caso a su registro, calificándolo como detención arbitraria.
EL DETERIORO FÍSICO
Mientras la maquinaria judicial permanece inmóvil, el estado de salud de Moreno Suárez se ha convertido en la principal angustia de su familia. El abogado ha perdido aproximadamente 70 kilos desde su reclusión.
Los informes médicos de la defensa revelan un cuadro complejo: hipertensión arterial, esófago de Barrett y una afección prostática con niveles elevados del antígeno prostático que requiere seguimiento especializado. La familia ha solicitado en reiteradas ocasiones autorización para que reciba atención médica y pueda ingresar medicamentos, sin obtener respuesta favorable.
Incluso los tratamientos básicos han sido rechazados durante períodos de castigo disciplinario. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, de Naciones Unidas, ha calificado formalmente su detención como arbitraria.
EL IMPACTO FAMILIAR
La detención se extendió como una sombra sobre su entorno. Durante la investigación fueron ocupados inmuebles, vehículos y empresas vinculadas al abogado. Sus padres, forzados por las circunstancias, abandonaron el país.
Su hija, Priscilla Moreno, sufrió también el rigor del aparato estatal. Fue detenida por más de treinta días tras visitar a su padre en la sede de la DGCIM. Aunque recuperó la libertad, permanece sujeta a medidas cautelares que la obligan a presentarse semanalmente ante un tribunal y le impiden salir de Venezuela.
EL TERREMOTO Y EL CAOS PENITENCIARIO
El panorama se oscureció aún más tras el terremoto del pasado 24 de junio, que sacudió el centro-norte del país. Según testimonios de familiares, los internos de El Rodeo I permanecieron encerrados en sus celdas mientras los custodios abandonaban temporalmente las instalaciones. Solo horas después fueron trasladados a los pasillos.
Los familiares observaron grietas en distintas áreas de la prisión. Las autoridades, según denuncian, se limitaron a cubrir los daños con pintura, sin realizar reparaciones estructurales. Cuando algunos internos manifestaron temor a regresar a sus celdas por las réplicas, funcionarios penitenciarios utilizaron gases lacrimógenos, gas pimienta y perdigones para obligarlos a reingresar.
Moreno Suárez permaneció cerca de tres semanas incomunicado. Su familia no pudo verlo, ni entregarle alimentos, medicamentos o artículos personales. La visita solo se autorizó cuando los allegados advirtieron que denunciarían públicamente una posible desaparición si no recibían una prueba de vida.
El encuentro se realizó bajo estricta custodia, sin explicación alguna sobre el período de incomunicación. Las visitas volvieron a suspenderse sin justificación, y la paquetería enviada por su hija no fue recibida hasta el pasado fin de semana.
UNA INCERTIDUMBRE QUE SE PROLONGA
Más de dos años han transcurrido desde aquella detención en un restaurante de Caracas. José Ignacio Moreno Suárez continúa en El Rodeo I, sin sentencia y sin fecha para el inicio de su juicio. La apelación de su defensa sigue pendiente.
La incertidumbre ya no se limita al proceso judicial. Se extiende a las condiciones de su reclusión y a la evolución de su estado de salud. Según el Comité por la Liberación de los Presos Políticos, el abogado es uno de los 518 presos políticos que aún no han sido beneficiados por la Ley de Amnistía ni por otros mecanismos de excarcelación.
Mientras tanto, la familia aguarda. Y el abogado, que un día defendió los intereses de una minera frente al Estado, permanece encerrado, pagando con su libertad el ejercicio de su profesión.
