Asuri montes de Oca
Hay que decirlo sin rodeos: mientras Washington vigilaba los puertos, China le robó las calles. Mientras los diplomáticos estadounidenses fruncían el ceño ante represas gigantescas y ferrocarriles transoceánicos, Pekín aprendió una lección que los imperios viejos tardan siglos en aprender —que el poder no necesita monumentos, necesita cámaras, autobuses y contratos de mantenimiento firmados en oficinas municipales donde nadie mira.
Yo he visto, a lo largo de los años, cómo los grandes imperios se equivocan de guerra. Estados Unidos sigue peleando la batalla del pasado: la de los megaproyectos multimillonarios, la del puerto de Chancay en Perú, la de la represa ecuatoriana que China construyó con orgullo faraónico. Pero esa guerra ya terminó, y la perdió sin darse cuenta, porque el enemigo cambió de método mientras el general seguía mirando el mismo mapa.
Según un análisis reciente publicado en Foreign Affairs por Natalia Cote-Muñoz, China ha abandonado silenciosamente su estrategia de infraestructura faraónica en América Latina. Los préstamos tradicionales de la Iniciativa de la Franja y la Ruta se desplomaron —de casi 25 mil millones de dólares en 2010 a apenas 1.300 millones anuales—, pero eso no significa que China se haya retirado. Al contrario: se disfrazó. Ahora entra por la puerta trasera, la de los municipios, las provincias, los departamentos de policía con poco presupuesto y mucha necesidad.
¿Y cómo entra? Con lo pequeño, lo barato, lo invisible. Un lote de autobuses eléctricos aquí. Unas motocicletas donadas para la policía del Caribe allá. Equipo antidisturbios para Bolivia, cámaras corporales para Río de Janeiro, cámaras de reconocimiento facial para Ciudad Juárez, justo frente a El Paso, como una burla geográfica al gigante del norte. Nada de esto suena a conquista. Suena a favor, a ayuda, a solución práctica para alcaldes desesperados que necesitan mostrar resultados contra el crimen antes de la próxima elección. Y ahí está la trampa: lo que empieza como un contrato de cámaras termina siendo, años después, la columna vertebral de todo un sistema nacional de seguridad.
El caso de Ecuador es casi una tragedia griega. Todo comenzó en 2011 con una empresa estatal china contratada para instalar cámaras de vigilancia. Terminó con Xi Jinping inaugurando personalmente un laboratorio de seguridad, con diez mil fusiles AK-47 donados al ejército ecuatoriano, y con un sistema —el ECU-911— que hoy funciona a medias, con más de mil cámaras averiadas de un total de 6.500, mientras los homicidios se multiplicaron por cinco entre 2016 y 2022. El sistema no redujo el crimen. Pero Ecuador ya no puede abandonarlo: reemplazarlo costaría una fortuna que el país no tiene. Esa es la genialidad cruel de la estrategia china: no hace falta que el producto funcione bien. Basta con que sea imposible de reemplazar.
Y ahí está el verdadero peligro, el que Washington no quiere mirar de frente. No es la deuda soberana, no es el préstamo que hipoteca un país entero. Es la dependencia técnica, silenciosa, cotidiana. Las cámaras chinas —baratas, subsidiadas, de diseño propietario— no pueden repararse sin ayuda de China. Cuando se rompen, hay que llamar a Pekín. Un estudio de 2020 no encontró un solo gobierno que, tras adoptar un sistema chino de vigilancia, lograra desmantelarlo por completo. Ni uno. Esa es la prueba más contundente de que esto no es comercio: es arquitectura de poder.
Brasil vivió su propia versión del dilema cuando Bolsonaro quiso prohibir a Huawei de las redes 5G. No pudo. Las redes 4G de tres de las cuatro operadoras principales del país ya estaban construidas —y siguen operadas— por la empresa china. ¿Cómo se prohíbe al arquitecto de tu propia casa?
Honduras ofrece el ejemplo más descarado de sumisión anticipada: rompió con Taiwán en 2023, firmó diecisiete acuerdos con Pekín, y en menos de un año ya tenía tres mil quinientas cámaras Huawei instaladas mediante un contrato sin licitación. No hubo presión visible. Hubo, simplemente, la promesa de una solución rápida a un problema real, y un gobierno dispuesto a pagar con soberanía lo que no podía pagar con dinero.
Mientras tanto, Pekín entrena policías latinoamericanos en Shenyang, firma acuerdos de seguridad con setenta y cuatro países en todo el mundo, y exporta el mismo modelo a Pakistán, a Kenia, incluso —de forma incipiente— a los propios puertos estadounidenses, donde grúas chinas operaron años antes de que Washington reaccionara.
La pregunta que debería quitarle el sueño a cualquier funcionario latinoamericano no es si China tiene intenciones imperiales —siempre las tuvo, como las tuvieron todos los imperios—, sino si sus propios gobiernos saben, siquiera, cuánto ya han entregado. Porque el poder que se construye cámara por cámara, contrato por contrato, favor por favor, no anuncia su llegada. Simplemente, un día, ya está ahí, y ya es demasiado tarde para echarlo.
