Enero de 2025. Washington está congelada, literal y figurativamente. El segundo mandato de Trump acaba de arrancar y la prioridad número uno, según el nuevo inquilino de la Casa Blanca, es deportar a millones de migrantes indocumentados. El detalle menor: Venezuela, uno de los países que más gente aporta a esa marea, se niega en redondo a aceptar los vuelos de deportación. Nicolás Maduro, desde Caracas, mira hacia el norte con la sonrisa de quien sabe que tiene una carta en la manga. Sin su cooperación, los aviones no despegan. Y sin los aviones, la promesa electoral de Trump se convierte en humo.
En ese momento entra en escena Richard Grenell, el enviado especial de Trump, hombre de confianza y rey de las “misiones especiales”, con el encargo de negociar con Maduro lo que parece innegociable. Pero Grenell no puede simplemente llamar a Miraflores y pedir la cita. Necesita un canal, un puente, alguien que conozca ambos lados del tablero. Y ahí aparece Harry Sargeant III: el “Abuelo” de Maduro, golfista de Palm Beach, magnate del asfalto y —casualidad de las que ya no sorprenden a nadie— dueño del teléfono directo del dictador venezolano.
Sargeant facilitó la reunión. No como funcionario. No como diplomático acreditado. Como empresario privado con acceso privilegiado. Y el 31 de enero de 2025, Grenell y Maduro se sentaron a hablar en Caracas. El menú, según la prensa, incluía tres platos: la deportación de venezolanos desde Estados Unidos, la liberación de seis ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, y —cómo no— la renovación de la licencia de Chevron para operar en el país (RFI).
Al día siguiente, el 1 de febrero, la licencia de Chevron —la número 41, concedida en 2022 y de renovación automática desde 2023— fue renovada por seis meses (Forbes). Seis estadounidenses fueron liberados. Y los vuelos de deportación, aunque no de inmediato, comenzaron a normalizarse. En el mundo de la diplomacia, eso se llama un acuerdo. En el mundo de los negocios, un retorno de inversión. Y en el mundo de Harry Sargeant III, un martes cualquiera.
Pero la historia no termina ahí. Detrás de la reunión Grenell-Maduro había meses de presión de un grupo de empresarios petroleros e inversionistas en bonos venezolanos, liderados —según los reportes— por el propio Sargeant. El argumento que vendían a la Casa Blanca era seductor en su cinismo: en lugar de sancionar y estrangular a Venezuela, ¿por qué no usar “miel en vez de vinagre”? Es decir, ofrecer alivio de sanciones petroleras a cambio de que Caracas acepte la deportación masiva de sus propios ciudadanos desde Estados Unidos. Un trueque. Petróleo por migrantes. Crudo por cooperación. Un acuerdo digno de un mercado medieval, donde los seres humanos son moneda de cambio y los recursos naturales, el idioma universal.
La propuesta tenía su lógica macabra. Para Trump, resolver la crisis migratoria era prioridad electoral. Para Maduro, mantener vivo el flujo de ingresos petroleros —aunque fuera a través de licencias limitadas— era cuestión de supervivencia. Y para Sargeant, que dependía del crudo de Chevron para su negocio de asfalto, cualquier acuerdo que mantuviera abierta la válvula era un negocio redondo. Todos ganaban. Todos, excepto los principios.
Porque aquí la línea entre el interés comercial y la política exterior se vuelve invisible. Sargeant no negociaba como representante de Estados Unidos. No tenía credenciales diplomáticas. No había sido confirmado por el Senado. Y sin embargo, estaba en la habitación donde se decidía la política hacia uno de los países más controvertidos del hemisferio. Asesoraba a la administración sobre qué ofrecerle a Maduro. Facilitaba reuniones con implicaciones geopolíticas de primer orden. Y lo hacía todo mientras simultáneamente negociaba contratos comerciales que se beneficiarían directamente de cualquier relajamiento de sanciones.
La prensa, cuando se enteró, no tardó con las preguntas incómodas. ¿Quién autorizó a Sargeant? ¿Qué intereses comerciales tenía en juego? ¿Recibió alguna contraprestación? Las respuestas, como siempre, fueron evasivas. Sargeant negó actuar en nombre del gobierno. Su abogado, Christopher Kise, insistió en que todo había sido legal y enfocado en proteger intereses comerciales estadounidenses. Y la Casa Blanca, por portavoces anónimos, dejó caer que Sargeant había sido “útil” pero no “oficial”.
Útil. En Washington, esa es la palabra más peligrosa que te pueden decir. Significa que el sistema te necesita, pero no te respeta. Te usarán mientras convenga y te desecharán cuando dejes de serlo. Y eso, exactamente, es lo que le pasó a Sargeant un año después, cuando Trump lo desautorizó públicamente en Truth Social. Pero esa, como diría el narrador de mala televisión, es otra historia.
Lo que importa, por ahora, es que en enero de 2025 un empresario petrolero de Florida logró lo que el Departamento de Estado no había podido en años: sentar a un enviado presidencial frente a un dictador sancionado y sacar resultados tangibles. No porque Sargeant fuera un diplomático brillante. Sino porque, en el mundo del petróleo, el acceso vale más que el título. Y Sargeant tenía acceso. Toneladas de acceso. Negro, viscoso y extremadamente rentable.
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