El capítulo anterior fue el del descaro, esto es la avaricia con más años encima, más experiencia, más maquillaje institucional. Es, la metáfora perfecta de todo lo que le ha pasado a mi país: una represa que debía darle luz a millones de venezolanos, después de casi veinte años y cerca de nueve mil millones de dólares invertidos, no ha entregado ni un solo megavatio. Ni uno. Cero.
Se llama Tocoma, la Central Hidroeléctrica Manuel Piar, y está sobre el río Caroní, muy cerca de Guri, esa misma represa que yo conocí funcionando como un reloj. El proyecto fue aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo en noviembre de 2005, con un costo previsto de tres mil sesenta y un millones de dólares. Ganó el consorcio OIV Tocoma, integrado por la constructora brasileña Odebrecht, con la mitad de las acciones, la italiana Salini Impregilo, con un cuarenta por ciento, y la venezolana Vinccler, socia local con el diez por ciento restante. Las turbinas y generadores se los encargaron en 2008 a la argentina IMPSA por cuatrocientos cincuenta y un millones de dólares.
La primera fecha de entrega era el año 2014. Después la movieron a 2018. Hoy, cuando yo escribo estas líneas, la obra sigue paralizada con un ochenta y siete por ciento de avance, con apenas una turbina y media de las diez instaladas, ocho todavía esperando en fábrica, sin que nadie inspeccione la obra desde hace más de una década. Es como dejar un carro a medio armar en el garaje durante veinte años y seguir pagando la cuota mensual.
El costo del proyecto se triplicó. De los tres mil sesenta y un millones aprobados en 2005, se pasó a casi seis mil millones en 2011, y de ahí a más de ocho mil ochocientos, según una organización que vigila estas cosas, aunque Corpoelec llegó a reportar más de diez mil millones frente a un precio justo calculado en poco más de tres mil. El costo por cada kilovatio se multiplicó casi cuatro veces comparado con Caruachi, esa represa hermana construida en el mismo río, por consorcios parecidos, y que costó una fracción de lo que costó Tocoma.
¿Cómo se hace semejante robo con papeles en regla?
Una investigación periodística de la reportera Fabiola Zerpa, basada en informes de auditoría interna de la propia obra, documentó el mecanismo: entre 2010 y 2014 se facturó el ochenta por ciento en dólares y el veinte en bolívares, al revés de lo que decía el contrato original, con una tasa de cambio preferencial de cuatro bolívares con treinta por dólar que no tenía nada que ver con la realidad.
El truco se formalizó mediante el llamado Addendum 4A, firmado bajo la gestión del ministro Alí Rodríguez Araque. Se emitieron más de mil facturas bajo ese esquema, y el efecto irregular se calcula en unos mil millones de dólares, buena parte de los cuales habría terminado en comisiones para la gerencia del proyecto.
Los informes del auditor Adolfo Aponte Hernández y la opinión legal del abogado Alejandro Carrasco advirtieron esta irregularidad ya en el año 2013, y aun así el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento siguieron desembolsando el dinero, como quien sigue prestándole al primo que nunca paga.
Odebrecht, la constructora brasileña que lideraba el consorcio, ya había reconocido, ante la justicia de su propio país y de Estados Unidos, haber pagado casi ochocientos millones de dólares en sobornos en una docena de naciones; su expresidente, Marcelo Odebrecht, fue condenado a diecinueve años de prisión. De esos sobornos, unos noventa y ocho millones correspondieron a Venezuela entre 2006 y 2015.
En cuentas suizas controladas por el abogado venezolano Héctor Dáger se recibieron, entre 2008 y 2016, más de doscientos treinta y tres millones de dólares y tres millones doscientos mil euros provenientes de sociedades vinculadas a Odebrecht y al propio consorcio de Tocoma. La fiscalía suiza cerró el caso en diciembre de 2019 por falta de cooperación del lado venezolano, y liberó setenta y tres millones de dólares que tenía congelados. Así de simple: Suiza pidió ayuda, Venezuela no contestó, y el dinero volvió a sus dueños.
En mi país hubo un allanamiento a las oficinas de Odebrecht en febrero de 2017. No hay imputados por corrupción, los juicios quedaron congelados, y la Asamblea Nacional llegó a solicitar la captura del exdirectivo Euzenando Prazeres de Azevedo, orden que nunca se hizo efectiva.
Entre los venezolanos que aparecen en la nómina de sobornos de Odebrecht, identificada bajo nombres en clave, figura el exministro Haiman El Troudi, vinculado al alias «Camelo»; su esposa y su suegra fueron imputadas en Venezuela y se llegaron a congelar cuarenta y dos millones de dólares en ocho cuentas suizas, medida que un tribunal venezolano desestimó después.
Y no fue solo Suiza la que abrió expediente. En España, el juez Santiago Pedraz abrió causa por blanqueo contra Nervis Villalobos y Alejandro Betancourt en relación con Derwick y con el propio caso Tocoma. Betancourt llegó a ser detenido dos veces en Reino Unido, primero por orden de España y luego por orden de Suiza, y quedó libre bajo una fianza de dos millones de libras.
Y ahora, en este mismo año el gobierno firmó de nuevo un contrato con la fábrica argentina de turbinas, la misma que en 2008 se había quedado con el suministro original, para terminar de una vez la central. Prometen setecientos megavatios en año y medio y hasta más de dos mil seiscientos en cinco años. Ocho turbinas que llevaban trece años varadas en un galpón de Mendoza por fin serían instaladas.
Una organización que defiende la transparencia pidió que antes de firmar cualquier contrato nuevo se explique qué pasó con los nueve mil millones anteriores. Me pregunto si no sabemos qué pasó con la plata de ayer, ¿por qué habríamos de confiar en la de mañana?
Tocoma es el monumento perfecto a esta era, una obra que costó tres veces lo presupuestado, que jamás encendió un bombillo, y cuyos responsables andan libres por el mundo mientras el país sigue tropezando en la oscuridad.
