En agosto de 2026, la administración Trump hizo algo que pocos esperaban: presionó a Harry Sargeant III para que abandonara sus inversiones en Venezuela. No fue una sanción. No fue una orden judicial. Fue presión. Presión política, mediática, del tipo que solo un presidente de Estados Unidos puede ejercer cuando decide que alguien cruzó una línea invisible (Bloomberg). La ironía es sublime. El mismo gobierno que Sargeant había ayudado a influenciar, el mismo Trump con quien había jugado golf en Mar-a-Lago, el mismo sistema que le había otorgado licencias del Tesoro y renovado permisos de operación, ahora lo empujaba al acantilado.
La razón, según analistas, era doble. Primero, la facción dura de la administración —encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio— veía a Sargeant como un símbolo de todo lo que estaba mal con la política hacia Venezuela. Un empresario que se había enriquecido con un régimen sancionado. Un intermediario que operaba en la zona gris entre el comercio legal y la corrupción transnacional. Un donante republicano que usaba su acceso político para obtener ventajas comerciales que otros empresarios no podían ni soñar. Para Rubio y sus aliados, Sargeant no era un actor útil; era una vergüenza.
Segundo, y quizás más importante, Trump no tolera competidores. La desautorización pública de febrero de 2026 en Truth Social ya había establecido que, en el universo trumpista, solo hay un protagonista. Y ese protagonista no comparte el escenario con magnates petroleros de Palm Beach, por muy útiles que hayan sido en el pasado. Cuando Sargeant comenzó a aparecer en reportajes de prensa como “asesor informal” de la Casa Blanca sobre Venezuela, Trump vio una amenaza. No a la seguridad nacional, sino a su monopolio de la narrativa. Y reaccionó como siempre: con fuerza bruta, en público, sin filtros.
Pero aquí la crónica se actualiza, y el chiste cambia. El original dejaba a Sargeant “siguiendo adelante”, desafiante, con la convicción de que el crudo siempre encuentra su camino. Pues bien: el crudo encontró su camino, pero el Abuelo no resistió la presión. Según Bloomberg, recogido por medios como La Patilla y Energy Now, Sargeant firmó el viernes 8 de agosto de 2026 un acuerdo de 300 millones de dólares para vender Bluewave Properties Ltd., la sociedad offshore a través de la cual mantenía su participación minoritaria en North American Blue Energy Partners (La Patilla; Energy Now). El comprador habría sido una parte cercana a Alejandro Betancourt, el accionista mayoritario de NABEP. Es decir, Sargeant le vendió su silla del casino al propio dueño de la casa.
Y aquí viene el detalle delgado como cuchillo. El Departamento del Tesoro congeló los activos de Bluewave Properties Ltd. y, casi al mismo tiempo, emitió una licencia que permitía a Sargeant deshacerse de sus intereses en la corporación. Bluewave no estaba formalmente en la lista de sanciones hasta el lunes siguiente, pero —según las fuentes citadas— “operaba como si lo estuviera”. Es decir, el gobierno la trató como sancionada para obligar la venta, y luego la licenció para que la venta pudiera concretarse. Traducción coloquial: te ahorcamos un poquito, y luego te damos permiso para que vendas la soga. Pura cortesía de Washington.
Así que la apuesta final terminó, técnicamente, como una salida. Sargeant no fue destruido; fue comprado. Trescientos millones de dólares no son calderilla, y quien firma un cheque de ese tamaño no es exactamente un perdedor mendigando clemencia. Pero tampoco es el magnate impune que dobla al gobierno de Estados Unidos a su antojo. La narrativa que Sargeant había construido —la del operador indispensable, más grande que cualquier administración— se desinfló con un solo movimiento del Tesoro. Los 400.000 barriles diarios, la refinería de Amuay, el sueño de ser el arquitecto del regreso petrolero de Venezuela: todo se fue, al menos en esta ronda, por 300 millones y un comprador vinculado al propio Betancourt.
Para Sargeant, que ha sobrevivido a las sanciones de 2019, al escándalo de soborno de 2020, a la desautorización presidencial de 2026 y ahora a esta extorsión legal disfrazada de licencia, el récord de supervivencia sigue siendo casi sobrenatural. Pero esta vez la herida es distinta. No es reputacional; es estructural. Perdió el activo. Y perder el activo, en este negocio, es perder el argumento.
Quedan, eso sí, las preguntas que la prensa sigue sin responder del todo. ¿Qué pasa con Amuay y con los demás intereses que Sargeant decía tener en Venezuela? ¿La venta de Bluewave lo limpia de la lupa del FBI y de posibles problemas con FARA?
