Nota: lo que sigue son investigaciones periodísticas y denuncias, no condenas.
Yo fui reportero de sucesos en una época en que un tubazo era la peor vergüenza que le podía pasar a un periódico. Cubrí giras presidenciales, tuberías rotas, gobernadores y sacerdotes, y aprendí temprano que en Venezuela el poder y el dinero público siempre han caminado agarrados de la mano, como esos matrimonios que se llevan mal pero nunca se divorcian. Por eso cuando leo hoy sobre los «bolichicos» no me sorprendo, solo me acuerdo.
La palabra es nueva, el vicio no. Bolichico le dicen ahora al empresario joven que se hizo rico no vendiendo nada sino contratando con el Estado, en la Venezuela de Chávez, así como en la de otros presidentes hubo sus propios bolichicos con otro nombre y otro apellido.
El que hoy lleva la delantera en las noticias se llama Leopoldo Alejandro Betancourt López, primo del dirigente opositor Leopoldo López, y su historia, para quien la siga con cuidado, es la historia de tres Venezuelas superpuestas: la de los apagones, la de PDVSA y la de este país que ya ni siquiera es el mismo que era hace un año, donde los nombres que aparecían en las denuncias de ayer vuelven a aparecer en las fotos de hoy, pero del otro lado del escritorio.
Entre 2009 y 2010, Chávez declaró una emergencia eléctrica —a mí no me tocó cubrirla porque para entonces ya andaba yo en otras cosas, pero la reconozco de memoria, porque en Maracaibo el agua y la luz siempre han sido una lotería, y cuando un gobierno declara «emergencia» es porque ya no puede tapar el sol con un dedo—.
En esa emergencia apareció Derwick Associates, una empresa que Betancourt fundó siendo muchacho todavía, y que sin haber construido antes una planta termoeléctrica en su vida, terminó con once o doce contratos del Estado para hacerlo. Sin licitación, como quien dice, sin pedirle permiso a nadie más que al que firma el cheque.
Reuters calculó esos contratos en unos 2.000 millones de dólares. Transparencia Venezuela, que es más desconfiada, dice que el sobreprecio anduvo cerca de los 2.900 millones, y que varias de esas plantas nunca sirvieron para lo que se construyeron. En 2017, ni más ni menos que Tarek William Saab —el mismo que después sería fiscal general del chavismo— llegó a acusar a Betancourt de esos sobreprecios; y el propio Tareck El Aissami lo vinculó a un esquema de corrupción por unos 4.850 millones de dólares. La ironía es de novela: El Aissami terminó preso años después, en el caso Pdvsa-Cripto. Yo no sé cuál cifra de los contratos es la correcta, y sospecho que ni ellos mismos lo saben con exactitud, pero de una cosa estoy seguro: cuando a un muchacho sin currículum le dan una docena de contratos multimillonarios sin competencia, no es porque supiera mucho de turbinas.
De ahí nació el mote. Bolichico, el que se hizo rico con la revolución sin creer una palabra de ella.
Lo que vino después ya no es electricidad, es petróleo, que en mi país es siempre el segundo acto. Las fuentes que he seguido —El País, OCCRP, Armando.info, Transparencia Venezuela— ubican a Betancourt en el centro de investigaciones sobre operaciones cambiarias y financieras conectadas con PDVSA.
Hay una causa en España que examina una presunta trama de sobornos —unos 42 millones de dólares pagados a tres funcionarios de PDVSA, según la investigación— para defraudar más de 4.800 millones de dólares en operaciones de cambio, y hay otra en Suiza sobre presunto blanqueo de capitales, que a su vez nació de una pesquisa estadounidense donde ya cayeron presos algunos de sus antiguos socios.
Betancourt fue detenido en Londres en septiembre de 2025 por una orden española y quedó libre bajo fianza apenas horas después. La causa en España se archivó en marzo de este año y se reabrió en junio, porque un tribunal superior consideró que el archivo había sido apurado. Su viejo socio en Derwick, Francisco Convit, corrió peor suerte: lo detuvieron en 2025 tras un incidente en una cancha de pádel, y meses después se fugó del Helicoide; nadie sabe hoy dónde está. Así de vivo sigue el expediente de todos ellos.
Mientras los fiscales europeos debatían archivos y reaperturas, Betancourt no se quedó esperando el veredicto. En abril de 2024 nació una empresa llamada North American Blue Energy Partners, NABEP para los amigos, en sociedad con el empresario estadounidense Harry Sargeant III, viejo conocido del chavismo y también, dicen, de Donald Trump. NABEP firmó con PDVSA y con la estatal Corporación Venezolana de Petróleo contratos para operar los campos de Petrozamora —Lagunillas, Bachaquero— en el lago de Maracaibo, bajo la figura de los llamados Contratos de Participación Productiva, un invento de Delcy Rodríguez para aflojarle la mano al control estatal sin soltarlo del todo, y que le permite a NABEP quedarse con hasta el 57% del valor de la producción y venderla con libertad. El acuerdo original era otro: Sargeant iba a asociarse con Wilmer Ruperti, no con Betancourt, pero este último, que ya tenía un pie adentro de Petrozamora desde 2013, amenazó con demandar, y así se quedó con su lugar. Pedro Tellechea, el presidente de PDVSA que firmó ese contrato, terminó preso meses después por corrupción.
Ahí no se detuvo la historia. En agosto de 2026, Sargeant vendió su participación minoritaria en NABEP —de nuevo, unos 300 millones de dólares— después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le apretara las tuercas para que saliera del negocio. El comprador fue gente cercana al propio Betancourt, que ya era el accionista mayoritario. El bolichico de las plantas eléctricas terminó, quince años después, siendo dueño casi entero de la segunda petrolera privada más grande de Venezuela, detrás de Chevron, con una producción que ronda los 160.000 o 200.000 barriles diarios entre Petrozamora, PetroCedeño y Junín Sur 2.
Y aquí viene lo que cambió de verdad el tablero: el 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas y se lo llevaron a juicio a Nueva York. Dos días después, Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada, con el respaldo del alto mando militar y del hermano que le preside el Parlamento. Ya no es la vicepresidenta que «asesora» desde las sombras: es, hoy por hoy, la jefa de Estado. Y en ese nuevo mapa, Betancourt aparece otra vez, como siempre, cerca del que manda. Viajó de Palm Beach a Caracas en junio, volvió a irse, y sigue apareciendo vinculado a las negociaciones de reactivación petrolera, minera y de deuda que el gobierno de Rodríguez lleva adelante con Washington. Una fuente diplomática citada por la prensa lo describió sin rodeos como «un activo de Estados Unidos», y un exfuncionario estadounidense reconoció ante Reuters que su propio gobierno lo usó como intermediario, precisamente por lo mucho que sabe del negocio petrolero de los dos países.
O sea que el mismo hombre investigado en dos países de Europa por presunto blanqueo es, al mismo tiempo, el puente informal entre lo que queda del chavismo y la Casa Blanca de Trump. Eso no lo inventé yo.
Betancourt empezó bajo Chávez y hoy, con Maduro preso y Delcy Rodríguez al frente de un gobierno que todavía discute su propia legalidad, sigue ahí, cerca del poder, cualquiera que sea su forma. No hace falta creer en nada para prosperar, solo hace falta estar cerca. No sé cómo termina esta historia, y a estas alturas de mi vida ya no me apuesto a adivinar finales.
Sé que hubo apagones, sé que hubo contratos sin licitar, sé que hay fiscales en Zúrich y en Madrid que todavía no cierran sus carpetas, y sé que hay un pozo petrolero en el lago que hoy factura, casi entero, bajo el nombre de un hombre que empezó construyendo plantas eléctricas sin saber construirlas.
Henry Figueroa Brett
