Washington ha encontrado al hombre indicado para custodiar el petróleo venezolano. No es un ejecutivo aburrido de esos que llegan con tablas de Excel, veinte años de experiencia. El escogido es Alejandro Betancourt, figura estelar de los llamados bolichicos, superviviente profesional de investigaciones, cambios de gobierno, peleas internas y resurrecciones políticas.
La operación contempla que North American Blue Energy Partners, NABEP, controlada por Betancourt, opere 17 campos mediante un acuerdo a cien años. Estados Unidos tendría una participación del 35% en la empresa y acceso preferencial a parte de la producción. Los campos reúnen reservas estimadas en 65.000 millones de barriles, según los términos conocidos por Reuters. Una bicoca: petróleo suficiente para que varias generaciones aprendan a pronunciar “transición democrática” sin dejar de mirar la calculadora.
El detalle incómodo no es que Washington quiera petróleo. El problema es el guardián seleccionado: un empresario acompañado durante años por denuncias, investigaciones y preguntas que reaparecen con la persistencia de una deuda mal enterrada.
En El Nuevo Venezolano ya recorrimos ese cementerio. En El bolichico que sobrevivió a Maduro reconstruimos la trayectoria de Betancourt. En La fiesta de los megavatios examinamos los contratos eléctricos sin licitación, las denuncias de sobreprecios y la enorme distancia entre la energía prometida y la entregada.
Los venezolanos conocen demasiado bien al mozo, se les aparece cada vez que se va la luz. Basta recordar que uno de los hombres surgidos de aquella fiesta de contratos ocupa ahora un lugar privilegiado en el nuevo reparto petrolero. Dicho sin diplomacia: pusieron al perro a cuidar los chorizos y presentaron la decisión como una innovación administrativa.
La carrera internacional de Betancourt también tuvo padrinos de primera clase. En 2019, Rudy Giuliani —entonces abogado personal de Donald Trump— representó al empresario y realizó gestiones ante el Departamento de Justicia. Betancourt le habría asegurado que financió secretamente los esfuerzos de Juan Guaidó y la oposición venezolana. Giuliani utilizó ese supuesto apoyo para argumentar que su cliente merecía consideración frente a la investigación que lo rodeaba, según reveló Reuters.
Guaidó y Voluntad Popular negaron haber recibido dinero de Betancourt, y Reuters no pudo verificar independientemente el supuesto financiamiento. La política venezolana adquiría así la elegancia de una maleta sin dueño: uno decía haber entregado el dinero, los otros juraban no haberlo recibido y Giuliani aparecía en el medio explicando las virtudes patrióticas del equipaje.
Betancourt hospedó a Giuliani en su propiedad española, un antiguo castillo cerca de Madrid. La escena parece escrita por un guionista con exceso de café: un bolichico venezolano, el abogado del presidente estadounidense, una finca europea y una gestión ante fiscales norteamericanos. Solo faltaba un mayordomo anunciando que la transparencia esperaba en la puerta, aunque nadie quisiera recibirla.
Ahora Marco Rubio aparece ofreciendo el certificado actualizado de buena conducta. En una entrevista con Sergio Novelli afirmó que las autoridades estadounidenses revisaron el caso y no encontraron una investigación activa contra Betancourt dentro de su sistema. También recordó que el empresario apoyó a la oposición durante la etapa de Guaidó y que aquello le generó problemas con Maduro. La declaración puede escucharse como una defensa política, aunque no convierte automáticamente las afirmaciones del pasado en hechos comprobados ni borra las investigaciones desarrolladas fuera de Estados Unidos.
La administración insiste en que el acuerdo fue revisado y que forma parte del camino hacia la democracia. Es una democracia peculiar: comienza con un contrato petrolero a cien años y deja las elecciones para una fecha que aparentemente será anunciada después del próximo barril.
Del otro lado aparece Delcy Rodríguez, presidenta encargada y vieja conocida de la industria petrolera. En 2017, cuando era canciller, ordenó que CITGO donara 500.000 dólares al comité de la primera inauguración de Trump, de acuerdo con una investigación de Associated Press. No fue para una fiesta de reelección, como se ha repetido: fue para la toma de posesión de 2017. Medio millón de dólares provenientes de una empresa venezolana mientras el país comenzaba a contar alimentos, medicinas y horas de electricidad. La diplomacia del hambre, con mesa reservada en Washington.
La galería se completa con Francisco Convit Guruceaga, socio de Betancourt en Derwick Associates y acusado formalmente en Estados Unidos desde 2018 dentro del caso Money Flight, según el Departamento de Justicia. Convit habría escapado de El Helicoide en agosto de 2025, de acuerdo con reportes periodísticos. Conviene mantener el condicional: en Venezuela hasta las fugas de una prisión de inteligencia llegan envueltas en niebla oficial.
El cierre de El Helicoide fue anunciado en 2026, aunque familiares y organizaciones denunciaron posteriormente que continuaba operativo. Otro milagro administrativo: clausurado en el discurso, abierto cuando llegaban los visitantes.
Betancourt no ha sido condenado ni acusado formalmente en Estados Unidos y ha negado haber cometido actos ilícitos. Esa precisión es indispensable. También lo es formular la pregunta que Washington pretende ahogar en petróleo: ¿con todos los empresarios disponibles, por qué escogieron precisamente a este?
Quizás la respuesta sea brutalmente sencilla. En la nueva Venezuela no buscan santos, buscan operadores. No quieren a alguien que desconozca la carnicería, sino a quien sepa dónde están los chorizos, quién guarda las llaves y cuánto cuesta convencer al carnicero.
