José Enrique Rincón necesitó treinta y ocho años para construir el mayor imperio camaronero de Venezuela. El Estado necesitó apenas unas semanas para quedárselo. Y como si la historia quisiera subrayar la ironía con mayúsculas, el empresario terminó preso justo cuando decidió volver a casa. Hay finales felices y hay finales que parecen escritos por alguien con un sentido del humor particularmente cruel.
Todo empezó, valga la paradoja, con camarones criados desde cero: granjas, laboratorios de larvas, plantas procesadoras, fábricas de alimento, restaurantes. Un engranaje completo que llegó a concentrar el setenta por ciento de la producción nacional y que exportaba miles de toneladas hacia Europa, empleando a miles de personas en el camino. Le decían «el Rey del Camarón», y no era exageración publicitaria: describía con precisión el tamaño real de sus dominios.
Los imperios, por sólidos que parezcan, suelen tener grietas absurdas, y la de este empezó, de todas las cosas posibles, con una pelea por chatarra.
De los fierros viejos a la conspiración nacional
En 2021, una empresa presidida por el hijo del empresario adquirió parte de dos compañías dedicadas al reciclaje de metales. La operación terminó en disputa con uno de los propietarios originales, y lo que comenzó como un desacuerdo comercial se transformó, con el tiempo, en un proceso penal. El otro socio, su esposa y su abogado terminaron encarcelados, mientras jueces y fiscales zulianos eran señalados de operar en beneficio de los intereses de la familia Rincón.
El afectado buscó representación en Caracas y contrató a una exmagistrada con vínculos en las altas esferas del poder. A partir de ahí, el conflicto dejó de ser un asunto entre empresarios y empezó a escalar hacia otro terreno completamente distinto. En noviembre de 2024 comenzaron las detenciones dentro del sistema judicial zuliano: jueces, fiscales, autoridades del circuito penal, todos cayendo en cadena. Lo que había sido un litigio entre socios ya tenía el aroma inconfundible de una purga.
Entonces apareció el anuncio grande. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, acusó públicamente a Rincón y a sus hijos de participar en una supuesta conspiración bautizada «Operación No a la Navidad», un plan que —según la versión oficial— buscaba desestabilizar el país mediante ataques armados. En el mismo relato aparecieron nombres de dirigentes opositores y presuntos grupos paramilitares colombianos. El Gobierno aseguró tener grabaciones, armas incautadas, pruebas contundentes. Nada de eso se mostró jamás en público, ni fue sometido a ningún escrutinio independiente. Llegó diciembre, no pasó nada, y lo único que efectivamente se materializó fue la ocupación del imperio camaronero.
Intervenir la empresa, no las preguntas
A finales de noviembre de 2024, las autoridades suspendieron los permisos de exportación de Grupo Lamar. En diciembre, el Ministerio de Pesca tomó el control de las compañías e instaló su propia junta administradora. Cerraron restaurantes, ocuparon instalaciones. Para entonces, Rincón y sus hijos ya estaban fuera del país.
Las consecuencias fueron tangibles: caída fuerte de las exportaciones a Europa, miles de empleos perdidos, y en abril de 2025 un incendio que dañó gravemente una de las plantas principales del grupo. Mientras el fundador seguía en el extranjero y el Estado administraba lo que quedaba, apareció un nuevo actor en la historia: un conglomerado turco.
En noviembre de 2025 se confirmó que Miller Holding —una empresa con inversiones en construcción, energía, minería y transporte— había hecho una inyección de capital importante en Grupo Lamar. Las instalaciones empezaron a operar bajo un nuevo nombre comercial, y ofertas de empleo y comunicaciones corporativas confirmaron la integración con el grupo turco. Lo que nadie mostró, en ningún momento, fue el contrato. No se supo cuánto dinero puso Miller, qué derechos obtuvo, por cuánto tiempo operaría ni qué porcentaje de los ingresos le correspondía. Una portavoz aclaró que la empresa opera Grupo Lamar, pero que no lo compró. La aclaración, lejos de resolver nada, dejó la pregunta más abierta que antes: si no lo compró, ¿bajo qué figura recibió su operación?
El regreso que terminó en celda
El 14 de junio de 2026, Rincón decidió volver a Venezuela. Llegó desde Panamá en un vuelo directo a Maracaibo. No alcanzó a salir del aeropuerto. Fue detenido de inmediato y trasladado a Caracas, donde un tribunal ordenó mantenerlo preso por conspiración, traición a la patria, financiamiento del terrorismo, asociación para delinquir y omisión de funciones. Su defensa sostiene que el expediente carece de pruebas materiales y que la acusación se sostiene principalmente en el testimonio de un solo funcionario. Hasta la fecha, no ha sido juzgado ni condenado. Sigue recluido en El Rodeo I.
La secuencia completa resulta difícil de leer con inocencia: un conflicto comercial se convirtió en investigación judicial, la investigación se convirtió en conspiración contra el Estado, el Estado intervino las empresas del acusado, entró un inversionista extranjero, y finalmente el propietario regresó para ser encarcelado. Nada de esto prueba automáticamente que Rincón sea inocente; sus vínculos con jueces y fiscales merecen ser investigados a fondo.
La pregunta que queda flotando no es solo si conspiró contra el Gobierno. Es otra, más incómoda: ¿qué recibió exactamente Miller Holding a cambio de invertir en un imperio cuyo dueño estaba preso, cuyas instalaciones controlaba el Estado y cuyo contrato nadie ha visto? Quien cobra las regalias?
