Cuando el Estado deja de pagarle a sus técnicos, cuando deja de comprar repuestos, cuando deja que las torres se oxiden y los cables se despeguen por el abandono, la gente descubre que la infraestructura pública vale más como chatarra que como patrimonio. Y entonces empieza la fiesta silenciosa de los desvalijadores, esa fiesta que no se anuncia en los periódicos pero que deja más oscuridad que cualquier apagón oficial.
En 2017, en un solo operativo, la policía confiscó siete toneladas y media de cables de cobre y arrestó a más de cien personas. Siete toneladas y media. Yo hago la cuenta y me pregunto cuántas torres, cuántos postes, cuántos kilómetros de red representan esas siete toneladas. ¿Cuántos barrios quedaron sin luz para que alguien se llevara ese metal? ¿Cuántos hospitales perdieron energía? ¿Cuántos semáforos dejaron de funcionar? El metal venía de Caracas, de Carabobo, de Aragua, de zonas donde la luz ya era un lujo y no un derecho, y se iba en barcos desde Falcón hacia las islas del Caribe, hacia Curaçao, hacia Aruba, hacia cualquier puerto donde alguien pagara por tonelada sin hacer preguntas incómodas, sin pedir factura, sin mirar de dónde salía. Un kilo de cobre en Cúcuta valía treinta y seis mil bolívares, que al cambio de entonces eran poco más de un dólar. Con cinco kilos, un hombre ganaba lo de un mes de salario mínimo. Así se mide la desesperación: en kilos de metal robado a la patria, en metros de cable arrancados de la pared de un país que ya no sabe qué es suyo y qué es botable.
No era solo gente de la calle, no eran solo los famélicos que subían a las torres con miedo en el estómago y necesidad en los bolsillos. Los «expertos en cable», como los llamó la policía en sus informes con un eufemismo que casi me hace reír, eran bandas organizadas que dejaban sin luz a barrios enteros, a universidades, a semáforos, a hospitales donde se operaba. Cortaban las líneas con precisión quirúrgica, cargaban los camiones con eficiencia militar, y desaparecían antes del amanecer, antes de que llegara la Guardia Nacional, antes de que alguien pudiera hacer una foto, antes de que existiera la prueba.
Y yo me pregunto, con la rabia que solo le cabe a quien ha visto demasiado: ¿dónde estaban los militares que en 2013 se habían juramentado para proteger las instalaciones eléctricas? ¿Dónde estaban los fusiles y las zonas de seguridad? ¿Protegían las torres mientras las desvalijaban? ¿O confundieron la protección con la vigilancia para que nadie interrumpiera el robo, para que el negocio de la chatarra siguiera su curso sin testigos incómodos, sin periodistas, sin ciudadanos que preguntaran?
Las torres de la red troncal de setecientos sesenta y cinco kilovoltios, esas que Miguel Lara cuidaba como un jardín, esas que eran la envidia de cualquier ingeniero latinoamericano y el orgullo de un país que sabía hacer las cosas bien, comenzaron a caer por «sabotaje», según el gobierno. Cada vez que se iba la luz en Caracas, cada vez que se oscurecía Maracaibo por horas enteras, salía un ministro a hablar de guerra eléctrica, de ataques imperiales, de enemigos que nunca se veían pero que siempre eran culpables, siempre listos para cargar con la culpa de la incompetencia. Pero un sabotaje que dura quince años, que deja sin cables a cientos de kilómetros de línea, que arranca transformadores enteros de subestaciones, que desmantela torres de alta tensión en plena noche como quien deshoja una flor… eso no es sabotaje de enemigos extranjeros. Es el desmantelamiento de un país que ya no puede distinguir entre lo público y lo botable, entre lo que es de todos y lo que se puede vender por un plato de comida, entre la patria y la chatarra.
Y mientras tanto, Corpoelec no tenía ni siquiera cables de repuesto. No tenía torres de emergencia. No tenía personal que fuera a reparar, porque el personal se había ido o se había quedado sin herramientas, sin vehículos, sin gasolina para llegar al lugar del daño, sin ganas de arriesgar la vida por un sueldo que no alcanzaba para el transporte. Así que cuando caía una torre, la dejaban caída. Cuando robaban un cable, la zona se quedaba meses sin luz. Y el gobierno seguía hablando de sabotaje, mientras el verdadero sabotaje lo hacían los que dejaron que el cobre se fuera, los que miraron para otro lado, los que cobraron su mordida por cada camión que salía cargado hacia el puerto, los que sabían que era más fácil echarle la culpa a la CIA que poner un guardia de verdad en una torre de verdad.
Cuando vean una torre caída en la carretera, no piensen en la CIA, no piensen en los marines, no piensen en el imperialismo ni en el bloqueo ni en ninguna de las excusas que venden por televisión. Piensen en el hombre que a las tres de la mañana subió con su cortafríos, sudando, con miedo, pero con más hambre que miedo, porque el hambre es más fuerte.
Piensen en el militar que desde el puesto de guardia le dio la espalda, porque ya le habían dicho que no se metiera, que eso no era asunto suyo, que su asunto era vigilar que nadie contara lo que pasaba, que nadie sacara fotos, que nadie hiciera preguntas. Entre los dos, uno robó el cobre y el otro robó el deber. Y entre los dos nos dejaron sin luz, sin red, y sin la posibilidad de que alguien les preguntara qué pasó con los cables de la patria. Porque los cables se fueron, las torres se cayeron, y la pregunta se quedó en la oscuridad, donde no hay respuestas, solo apagones.
