La empresa que canjea el crudo de Venezuela por gasolina no figura en la lista autorizada de exportaciones de combustibles del Gobierno mexicano
El Gobierno de Estados Unidos investiga ya a las empresas mexicanas que, según reveló ABC, están dando salida al petróleo venezolano para distribuirlo en mercados internacionales, sobre todo en Asia, según fuentes oficiales en Washington consultadas ayer por este diario. La Casa Blanca pedirá información al Gobierno mexicano, y espera que este le ayude a esclarecer si las tres empresas, incluida la distribuidora Jomadi, están vulnerando las sanciones impuestas por el presidente Donald Trump sobre el sector petrolífero de Venezuela, del que Nicolás Maduro se vale para sostener la estructura de su régimen. Es más: el último contrato entre una empresa mexicana y el régimen de Maduro no podrá cumplirse si no da su permiso el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que incluye la exportación de gasolina a Venezuela.
La empresa mexicana Jomadi, que el pasado 17 de marzo acordó con el régimen de Maduro la extracción de cinco millones de barriles de crudo de Venezuela a precio de saldo, no figura en la lista aprobada de exportaciones de hidrocarburos del Gobierno de México. En virtud del acuerdo al que tuvo acceso ABC, esa empresa mexicana, Jomadi, recibirá el petróleo crudo venezolano en puertos de Turquía a cambio de una cantidad de litros de gasolina de 95 octanos que se decidirá a futuro y se depositará en buques en aguas costeras venezolanas.
Un portavoz de la Subsecretaría de Estado para Asuntos del Hemisferio Americano de EE.UU. dijo ayer a ABC que «el departamento de Estado y el departamento del Tesoro siguen de cerca los esfuerzos del antiguo régimen de Maduro de evadir las sanciones de EE.UU. y sumar a otros a esas estratagemas. El gobierno de EE.UU. investigará activamente todos los esfuerzos de Maduro y sus subalternos para eludir las sanciones de EEUU. y tomará medidas contra aquellos que estén violando sus sanciones».
Sin permisos
No figura la empresa Jomadi en el listado oficial de los permisos otorgados por la Secretaría de Energía de México para la exportación de petrolíferos e hidrocarburos, que estaba vigente y actualizado al 2 de abril de 2020. Sí estuvo Jomadi en años anteriores, hasta 2019, en el listado de permisos para cuantiosas importaciones de gasolina de diverso octanaje, diésel y turbosina, un queroseno proveniente del destilado intermedio del petróleo, que es usado como combustible para aviones, jets y helicópteros.
Al 31 de marzo de 2020, según la Secretaría de Energía mexicana se encuentran vigentes 216 permisos de importación y 32 permisos de exportación. En ninguno de ellos figura Jomadi, a pesar de que esa empresa en teoría debe canjear el petróleo de ofrece Maduro a precio de saldo para conseguir liquidez por una cantidad a determinar de gasolina de 95 octanos. El plazo del contrato con Pdvsa, la petrolera estatal venezolana, es desde el 25 de marzo al 25 de julio.
En varias comunicaciones oficiales y licitaciones, Jomadi se describe como «distribuidor de Pemex». Esta última es la empresa estatal productora, transportista, refinadora y comercializadora de petróleo y gas natural de México. La prioridad ahora de la Administración Trump es asegurarse de que combustible de la empresa pública mexicana no acaba en manos del régimen de Maduro. Desde diciembre, la Casa Blanca ha advertido a las últimas empresas internacionales que canjean combustible como gasolina o diesel por crudo venezolano -la india Reliance, la italiana Eni y la española Repsol- de que se arriesgan a sanciones secundarias si no ponen fin a esta práctica.
Pemex, por su parte, tiene un grave problema de pérdida de combustible, sobre todo por robo. Reducir esas pérdidas ha sido una de las prioridades de López Obrador, en el cargo desde el 1 de diciembre de 2018. En enero el director de Pemex, Octavio Romero, reveló en conferencia de prensa que en 2019 la empresa pública sufrió perdidas de 1,8 millones de barriles, en su mayoría por robo, frente a los 20 millones de barriles extraviados un año antes.
La Casa Blanca aprobó el año pasado varias rondas de sanciones contra el petróleo venezolano para cortarle al régimen de Maduro las últimas vías de ingresos y liquidez que tenía. Trump incluso tomó la medida sin precedentes de dictar un embargo y prohibir las importaciones a EE.UU. En consecuencia, Maduro ofreció su petróleo a precio rebajado a la petrolera estatal rusa, Rosneft, que en diciembre llegó a comercializar dos tercios de todo el crudo venezolano. Pronto, Trump sancionó a dos filiales de Rosneft implicadas en esos negocios. Ante la presión, el Kremlin acabó de cobrar la deuda de Maduro y se salió completamente del mercado venezolano.
Las últimas petroleras que quedan haciendo negocios en Venezuela, como Eni o Repsol, están cobrando deuda. La estadounidense Chevron cuenta también con una licencia otorgada por la Casa Blanca para operar en Venezuela exclusivamente para el cobro de deuda y hasta el 22 de abril. Tras esa fecha, Trump debe decidir si prorroga las licencias o corta de forma definitiva el acceso de Maduro a los mercados petrolíferos internacionales.
