Pedro Benítez (ALN).- En diciembre de 2024, en ocasión de los 35 años de la invasión a Panamá por parte de 26 mil soldados estadounidenses que derrocaron y, posteriormente, capturaron al general Manuel Antonio Noriega, el presidente José Raúl Mulino, afirmó que: “fue un día muy trágico para la historia del país, nadie puede, independientemente en qué equipo bateaba, estar satisfecho con lo que pasó. Murieron panameños y eso es motivo suficiente para que todos reflexionemos del por qué llegamos allí, del por qué fue eso”.

Fuentes oficiales señalan que aquella operación militar les costó la vida a 516 personas, de ellos 314 militares, la gran mayoría panameños. Pero en ese país se suele afirmar que en realidad fueron unas 4 mil.

Mulino recordó que “Noriega ignoró, al igual que su entorno, las numerosas advertencias de lo que podía pasar si seguíamos como país tentando al diablo”.

“Ese tipo de enfrentamiento final por un solo hombre, no vale la pena. Entendámonos entre nosotros”, afirmó.

También tuvo un gesto adicional de memoria al recordar las gestiones previas a la invasión que efectuó un viejo amigo de ese país: “nos ayudó muchísimo Carlos Andrés Pérez, entonces presidente de Venezuela …”.

Efectivamente, desde finales de 1987, Carlos Andrés Pérez (CAP) encabezó un esfuerzo diplomático junto a los ex presidentes Daniel Oduber (Costa Rica) y Alfonso López Michelsen (Colombia) para persuadir a Noriega de abandonar el poder. Que se sepa se reunieron al menos tres veces con él.

Iniciativa seria

Noriega afirma en sus memorias (Random House, 1997) que el 7 de marzo de 1988, CAP viajó a la base aérea de Río Hato acompañado por Oduber y allí, le transmitió un mensaje directo: “Es hora de que los militares permanezcan fuera de la política”. Le propuso que se retirara, convocara elecciones libres, y que el arzobispo Marcos McGrath fuese un garante de la transición civil.

A cambio, se le presentarían garantías de no intervención por parte de Estados Unidos, y respeto a los tratados del Canal de 1977, tema que a CAP le interesaba en especial.

Al grupo se unieron, posteriormente, el ex presidente Oscar Arias de Costa Rica y el presidente del gobierno español Felipe González, quienes se reunieron en secreto con Noriega en distintas ocasiones para intentar convencerlo de que renunciara al poder y se exiliara en España.

Como sabemos las gestiones no tuvieron éxito, pero según documentos desclasificados de la CIA, esta fue “la iniciativa más seria” para sacar a Noriega del poder antes de que el asunto escalara.

Abierta postura contra Noriega

Ya en su segundo mandato como presidente de Venezuela, CAP asumió una postura más abiertamente contraria a Noriega. Le instó a renunciar como comandante militar, defendió el retorno a la democracia en ese país y ofreció apoyo a todos los sectores democráticos panameños.

El 12 de mayo de 1989, en la OEA, propuso que se declarase formalmente que Noriega debía renunciar y que Panamá fuera aislada hasta que se realizaran elecciones justas. También retiró al embajador venezolano de ese país.

Todo ese año el gobierno de Pérez fue muy activo diplomáticamente, combinando la mediación discreta y presiones públicas, institucionales y multilaterales.

CAP contaba entonces con una ventaja, conocía Panamá y allá lo conocían a él.

En su primera ocasión como presidente de Venezuela (1974-1979) tuvo un papel relevante en la negociación y firma de los denominados Tratados Torrijos-Carter. Esos dos compromisos, firmados el 7 de septiembre de 1977, reemplazaron al Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903. Los mismos garantizaron que, a partir del 31 de diciembre de 1999,  Panamá asumiría el control total de las operaciones del canal y se convertiría en el principal responsable de su defensa, poniendo fin al dominio que Estados Unidos había ejercido en la zona.

Por entonces, Venezuela ostentaba una doble condición: era una de las sólo tres democracias existentes en Latinoamérica y atravesaba por un enorme auge económico gracias a sus exportaciones de petróleo. Un informe de la CIA afirmaba que el país se estaba “convirtiendo rápidamente en una potencia hemisférica”.

El papel clave de CAP

Carter le había advertido a Torrijos que el Senado estadounidense jamás ratificaría los Tratados del Canal sin una apertura democrática en Panamá. Al parecer, el presidente venezolano fue uno de los que aconsejó al líder panameño que asegurara su legado político restaurando el proceso democrático.  También le sugirió que organizara su propio partido político.

Lo cierto del caso es que Torrijos se comprometió a restaurar, al menos nominalmente, un gobierno civil en el país.

CAP no fue negociador formal de los textos, pero sí jugó un papel clave como aliado político y diplomático de Torrijos.  Articuló el apoyo latinoamericano, presionó en una carta conjunta a la Casa Blanca en 1975, junto los presidentes López Michelsen (quien no tenía una buena opinión personal del líder panameño) y Oduber, y ejerció buenos oficios directamente con Carter, Torrijos, congresistas y negociadores a fin de destrabar los obstáculos previos a la firma.

Los dos hombres se conocieron personalmente en la Cumbre del Sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho, que tuvo lugar en Lima. Torrijos dijo entonces que Pérez era “el aliado incondicional e incansable en la causa por la soberanía del Canal de Panamá”.

CAP lo persuadió de que mejoraría su posición negociadora con Carter si hacía de la demanda panameña una causa latinoamericana.  En la ONU y en la OEA, el gobierno venezolano defendió el derecho de Panamá a recuperar el control del Canal, y él mismo se hizo un vocero regional que ayudó a legitimar la postura de Torrijos.

Amigos y aliados

Desde entonces se hicieron amigos y aliados políticos.  Torrijos veía en Pérez un socio que podía hacer contrapeso diplomático frente a Estados Unidos y un apoyo fundamental para crear el clima de apoyo latinoamericano que hiciera posible la firma de los Tratados. Además, Pérez le insistió a Carter que mantener el Canal bajo control norteamericano era un símbolo de colonialismo.

El Senado en Washington aprobó los Tratados por 68 votos con 32, apenas uno más de los dos tercios necesarios para su ratificación, el 18 de abril de 1978.

En octubre de ese mismo año, por recomendación de Torrijos, la Asamblea Nacional de Panamá eligió presidente a Arístides Royo (uno de los negociadores de los Tratados) pero él permaneció como comandante de la Guardia Nacional (la única fuerza militar en el país).

En 1979 organizó el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y también por recomendación de Pérez lo vinculó a la Internacional Socialista (IS). Preparaba así el terreno para presentarse como candidato a la presidencia en las elecciones de 1984 contra Arnulfo Arias, el hombre al que había derrocado en 1968.

Pero su sospechosa muerte en 1981, antes de que se completara la transición, provocó la crisis política que llevó al ex jefe de la inteligencia panameña, Manuel Noriega, al poder como gobernante militar.

Acusaciones contra Noriega

Las elecciones presidenciales de 1984 se realizaron, pero se le otorgó la victoria de manera controversial al candidato del PRD (el partido gobernante) Nicolás Ardito Barletta.

En septiembre de 1985, el médico opositor Hugo Spadafora fue asesinado luego de que denunciara los vínculos de Noriega con el Cartel de Medellín. El cuerpo decapitado de Spadafora fue encontrado en la frontera costarricense-panameña.

Barletta prometió llevar a los asesinos ante la justicia y recomendó una comisión independiente para investigar el crimen. Pero luego de una reunión con los comandantes militares renunció el 27 de septiembre de 1985, después de solo once meses en el cargo de presidente.

El segundo al mando de las fuerzas militares, el coronel Roberto Díaz Herrera, fue pasado a retiro en 1986 por órdenes directas de Noriega. En junio de 1987, acusó a Noriega de haber perpetrado un fraude electoral en 1984, y de ser cómplice en la muerte de Torrijos.  Eso provocó una ola de protestas populares y la organización de la oposición en la Cruzada Civilista Nacional.

Para ese momento la relación de Noriega con Estados Unidos se había deteriorado totalmente.

Un trabajo del New York Times publicado el 12 de junio de 1986 afirmó que fuentes de inteligencia estadounidenses habían vinculado a Noriega con el narcotráfico y de tener tratos con la guerrilla colombiana. El jefe militar lo negó todo.

Intento de golpe de Estado contra Noriega

Sin embargo, el Senado de Estados Unidos bloqueó un intento de detener la ayuda a Panamá.

Para junio de 1987, en medio de fuertes disturbios, el gobierno panameño impuso un estado de emergencia por 10 días, limitando los derechos civiles.

El 23 de julio la administración Reagan suspendió la ayuda militar y económica de ese año.

La acusación formal contra Noriega por narcotráfico fue presentada el 4 de febrero de 1988 ante el jurado federal de Florida.

Eric Arturo Delvalle, quien había sido nombrado presidente por Noriega en 1985, intentó destituirlo tras las acusaciones, pero el destituido fue él. Tras un fallido intento de golpe de Estado, el 8 de abril de 1988 el presidente Ronald Reagan impuso sanciones económicas.

Ante la continua resistencia de Noriega, desde Washington se le ofreció como incentivo la retirada de los cargos por narcotráfico. Sin embargo, Noriega se retractó de un acuerdo, lo que dejó muy mal parado al gobierno de Reagan ante la opinión pública.

A estas alturas, ese ya era un tema político en Estados Unidos. En la campaña presidencial de 1988, el candidato demócrata Michael Dukakis criticó repetidamente a su rival republicano George H. Bush por su insistencia en llegar a un acuerdo con Noriega. Dukakis le sacó en cara que había sido el director de la CIA a mediados de la década de 1970, cuando la agencia tenía al militar panameño en su nómina. Hasta salió a relucir una fotografía de 1983 en la que se le veía conversando amablemente con él durante un viaje a Panamá.

“Graves irregularidades”

Ese verano, el equipo de Reagan consideró una operación encubierta que supuestamente implicaba ayudar a una fuerza paramilitar liderada por el ex coronel Herrera. Pero el plan se filtró a la prensa dando pie a una acalorada disputa entre la Administración y el Congreso.

A lo largo de todo el año el fracaso de Reagan en derrocar a Noriega le creó todo tipo de contrariedades a Bush como candidato y fue uno de los problemas que heredó como presidente en 1989.

Los liberales demócratas lo acusaban de ser responsable de la supervivencia de Noriega, mientras el ala derecha de los republicanos le alentaba a invadir Panamá y derogar los tratados del Canal.

Las elecciones previstas para el 7 de mayo de ese 1989 para elegir un nuevo presidente, junto con miembros de la Asamblea Legislativa y funcionarios locales, se vieron como la oportunidad ideal para resolver la crisis panameña. La coalición anti-Noriega tenía una ventaja sustancial en las encuestas.

El régimen de Noriega impuso numerosas restricciones a la oposición, así como a periodistas y grupos internacionales que deseaban enviar observadores electorales. El 11 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció “graves irregularidades” que “minan directamente” las perspectivas de unas elecciones libres. No obstante, los opositores estaban determinados a participar en el proceso contra viento y marea.

Noriega «roba» elecciones

El secretario de Estado, James Baker, anunció que los expresidentes Jimmy Carter y Gerald R. Ford observarían esas elecciones bajo los auspicios de la Fundación Nacional para la Democracia (NDD).

Tal como se esperaba, el candidato opositor, Guillermo Endara, derrotó a la candidatura oficialista. La mayoría de los observadores, incluyendo la Iglesia Católica panameña corroboraron la victoria opositora.

Pero Carter, al frente de una de las dos delegaciones de observadores estadounidenses, acusó a Noriega de intentar “robar” las elecciones.

El 10 de mayo, se anularon las elecciones. Grupos paramilitares, denominados como “los batallones de la dignidad”, dispersaron una manifestación de protesta de la oposición en el centro de Ciudad de Panamá que encabezaron Endara y a uno de sus dos compañeros de fórmula, Guillermo Ford.

Las dramáticas fotografías de un Ford ensangrentado intentando defenderse de sus atacantes causaron indignación en Washington. La presión política sobre Bush para que tomara medidas creció.