El proceso judicial, que ha sido calificado por Fernández como una persecución política, se centra en presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su mandato (2007-2015) y el de su difunto esposo, Néstor Kirchner (2003-2007). La Cámara ha respaldado así las conclusiones del primer juicio, que apuntaba a una trama orquestada para defraudar al Estado mediante la adjudicación de proyectos a Austral Construcciones, empresa del empresario Lázaro Báez.
El fallo también ratifica las condenas contra los otros acusados, incluida la de Báez, quien cumple actualmente arresto domiciliario y fue condenado a seis años de prisión por su participación en el esquema. Austral Construcciones, su empresa, fue beneficiaria de más de medio centenar de obras investigadas en este caso, tal y como ha informado el diario ‘La Nación’.
A pesar de que la sentencia aún puede ser recurrida, esta decisión judicial supone un duro golpe para la figura de Cristina Fernández, quien denuncia que este proceso es una maniobra en su contra impulsada desde el ámbito judicial.
