Desde 2014, el chavismo ha construido una maquinaria de castigo político que combina cárceles oficiales, comandancias militares y casas clandestinas para detener, torturar y silenciar a quienes desafían al régimen.
Según los registros de la ONG Foro Penal, más de 19.000 personas han sido detenidas por motivos políticos en ese período; cientos sufrieron torturas y al menos 30 murieron por esas prácticas o por tratos crueles. La Organización de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional (CPI) ya investigan estos hechos como posibles crímenes de lesa humanidad.
Una represión que se fue intensificando
Las grietas del sistema democrático venezolano se abrieron mucho antes, con el control progresivo del poder judicial y de los medios bajo Hugo Chávez. Pero fue con la llegada de Nicolás Maduro al poder, en 2013, cuando la represión escaló hasta convertirse en un patrón sistemático.
En febrero de 2014, una ola de protestas detonada por la crisis económica y el reclamo de fraude electoral se extendió durante tres meses y terminó con al menos 43 muertos a manos de las fuerzas del orden, además de miles de detenidos. Ese episodio marca, para la CPI, el punto de partida de su investigación por crímenes de lesa humanidad en el país.
En 2017, una nueva oleada de manifestaciones —tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de despojar de sus competencias al Parlamento opositor— se prolongó cinco meses y dejó más de 160 muertos, junto con miles de detenciones, desapariciones y casos de tortura documentados.
Entre 2019 y 2023, sin reconocimiento internacional tras las elecciones de 2018, el régimen redobló la persecución contra partidos, prensa independiente y sociedad civil, sumando cientos de nuevos presos políticos y más de un centenar de muertos durante las protestas de 2019.
El punto más reciente y crítico llegó en 2024. Pese a los obstáculos impuestos a la oposición liderada por María Corina Machado, el candidato unitario Edmundo González Urrutia se impuso en las elecciones del 28 de julio por un amplio margen sobre Maduro, quien se proclamó ganador en medio de denuncias de fraude. La respuesta oficial a las protestas que siguieron incluyó más de 2.000 detenciones en menos de una semana y al menos 25 muertes, un episodio que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos describió como terrorismo de Estado.
La estructura detrás de las detenciones
La represión no depende de un solo organismo, sino de una red que combina inteligencia civil, contrainteligencia militar y fuerzas de seguridad convencionales. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) protagoniza las detenciones de mayor perfil público, con traslados frecuentes a sedes como El Helicoide. La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), por su parte, fue vinculada por una misión de investigación de la ONU a una red de casas de seguridad utilizadas para mantener a los detenidos en desaparición forzada de corta duración antes de trasladarlos a centros de reclusión. Esa misma investigación señaló al teniente coronel Alexander Enrique Granko Arteaga como una de las figuras centrales en estos crímenes. Completan el entramado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, las FAES y distintos cuerpos policiales regionales, encargados de los operativos urbanos y la custodia en comisarías.
Caracas, epicentro del horror
La capital venezolana concentra los símbolos más reconocidos de esta maquinaria. El Helicoide, originalmente proyectado como un gran centro comercial, terminó convertido en sede del SEBIN y en uno de los centros de tortura más conocidos del hemisferio. A pocos kilómetros, La Tumba funciona en un sótano bajo Plaza Venezuela, mientras que una antigua fábrica en Boleíta fue reconvertida en centro de detención de la DGCIM. Ramo Verde, por su parte, aloja a militares procesados.
Más allá de estos recintos oficiales, sobrevivientes y organismos internacionales han identificado al menos una veintena de casas clandestinas en el área metropolitana de Caracas —entre ellas inmuebles en San Bernardino, Bello Monte, El Hatillo, Fuerte Tiuna, La Mariposa, Prados del Este y Casa Tamanaco— usadas para mantener a los detenidos en desaparición forzada antes de su traslado a centros formales.
Según los informes de la ONU, los métodos empleados para extraer confesiones incluyen descargas eléctricas en zonas sensibles del cuerpo, asfixia con agua o sustancias químicas, golpizas sistemáticas, encadenamientos prolongados, violencia sexual y desnudez forzada durante varios días.
La búsqueda de justicia
Los testimonios de los sobrevivientes han llegado a informes de Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional, que mantiene abierta una investigación formal por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Para las víctimas y sus familias, el reclamo se sostiene en tres pilares: justicia, reparación y memoria frente a un aparato represivo que, según la evidencia documentada hasta ahora, operó de manera sistemática y generalizada durante más de una década.
