Durante años, hablar de independencia judicial en Venezuela fue algo parecido a hablar de nieve en Maracaibo: uno podía imaginarla, escribir sobre ella y hasta organizar un congreso para discutir sus propiedades, pero encontrarla en estado natural era bastante más complicado.
Ahora aparece sobre la mesa una reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que, vista rápidamente, parece una de esas modificaciones burocráticas capaces de dormir a un caballo: donde había 21 integrantes habrá 23; once serán diputados y doce provendrán de otros sectores de la sociedad.
Dos puestos más.
Uno podría pensar que para semejante viaje no hacían falta tantas alforjas. Pero escondida entre artículos, disposiciones transitorias y ese castellano legislativo diseñado para que el ciudadano abandone la lectura antes del segundo párrafo, aparece la verdadera noticia: una vez publicada la reforma deberá iniciarse el proceso para el nombramiento y designación de todos los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia y sus órganos auxiliares.
Todos.
Ahí cambia la película.
Porque esto ya no consiste en mover dos sillas alrededor de una mesa. Se trata de cambiar a quienes están sentados en una de las mesas más poderosas del país.
Y no ocurre por casualidad.
El chavismo y la oposición acordaron abrir un nuevo proceso para renovar completamente el Tribunal Supremo de Justicia. La reconstrucción del Poder Judicial aparece así como una pieza de algo mucho más grande: intentar crear instituciones capaces de sobrevivir a una transición política y, especialmente, ofrecer garantías para unas futuras elecciones.
Era inevitable.
Durante demasiado tiempo, el Poder Judicial venezolano acumuló cuestionamientos sobre su independencia, los nombramientos de magistrados, la provisionalidad de los jueces y la influencia política sobre las decisiones judiciales. Organismos internacionales han documentado durante años ese deterioro.
El problema, entonces, no consiste simplemente en cambiar nombres en las puertas de los despachos.
Hay que cambiar la cerradura.
Porque de poco sirve organizar elecciones, imprimir millones de papeletas, instalar máquinas, acreditar observadores y llenar los centros electorales si, detrás del escenario, continúa funcionando un aparato institucional capaz de intervenir partidos, decidir controversias políticas o interpretar las reglas dependiendo de quién toque la puerta.
Sería como organizar una final de fútbol permitiendo que uno de los equipos nombre al árbitro, compre el silbato y, por si acaso, redacte el reglamento durante el descanso.
La reforma intenta atacar precisamente ese problema.
El nuevo Comité de Postulaciones Judiciales tendría 23 integrantes: once diputados y doce representantes provenientes de otros sectores de la sociedad. La matemática parece insignificante, pero políticamente tiene intención: por primera vez, la representación social tendría formalmente un voto más que la parlamentaria.
Tampoco conviene lanzar fuegos artificiales todavía.
Los once diputados integrarán primero la Comisión Preliminar encargada de recibir y preseleccionar las postulaciones provenientes de la sociedad. Es decir, la sociedad tendrá doce puestos, pero alguien tendrá que decidir previamente quién llega hasta la puerta.
Y en Venezuela ya sabemos que cuando un político anuncia que está construyendo una puerta transparente conviene revisar inmediatamente quién conserva las llaves.
La ley promete convocatoria pública, divulgación nacional, publicaciones en periódicos y en la página de la Asamblea Nacional. También habla de mérito académico y profesional, idoneidad, perfil ético, transparencia y participación.
Magnífico.
Venezuela posee una colección extraordinaria de leyes magníficas.
Nuestro problema histórico nunca ha sido la falta de palabras hermosas impresas en Gaceta Oficial. El problema comienza cuando esas palabras salen del papel y se encuentran con el funcionario encargado de cumplirlas.
Por eso esta reforma debe juzgarse por lo que ocurra después.
Esperamos que no se trate de cambiar magistrados identificados con el chavismo por magistrados identificados con la oposición. Para semejante mudanza no hacía falta hablar de reconstrucción institucional. Bastaba cambiar las fotografías en las paredes.
Sanear el Poder Judicial significa algo mucho más difícil: conseguir jueces que no pertenezcan a nadie.
Ni al chavismo.
Ni a la oposición.
Ni al próximo presidente.
Jueces cuya carrera dependa de sus méritos y no del teléfono que puedan contestar cuando un dirigente político necesita urgentemente una sentencia antes del desayuno.
Ese sería el verdadero cambio.
Porque una transición democrática no puede limitarse a sustituir personas. Tiene que desmontar mecanismos. Venezuela necesita instituciones que funcionen igual cuando gobiernan los nuestros y cuando gobiernan los otros. Esa sencilla idea, que en cualquier democracia debería resultar aburridamente normal, entre nosotros parece casi revolucionaria.
Por eso la renovación completa del Tribunal Supremo puede convertirse en una de las pruebas más importantes del proceso político venezolano.
No sabemos todavía quiénes serán postulados. No sabemos quiénes sobrevivirán al examen de credenciales. Tampoco sabemos si la prometida participación de la sociedad será auténtica o terminará convertida en otra ceremonia donde todos participan hasta que llega el momento de decidir.
Pero sabemos qué deberíamos esperar.
Un proceso público. Credenciales verificables. Profesionales competentes. Independencia política. Explicaciones sobre cada nombramiento. Y, sobre todo, magistrados capaces de decirle no al poder.
A cualquier poder.
Porque después de tantos años discutiendo quién controla el Tribunal Supremo, quizás haya llegado finalmente el momento de formular una pregunta mucho más saludable:
¿Y si no lo controla nadie?
Esa sería la verdadera limpieza.
Y vaya que la casa necesita escoba.
Meta descripción:
