Una compraventa de 300 millones de dólares precedió al acuerdo que convirtió a Alejandro Betancourt en socio petrolero del Gobierno estadounidense. La operación puede ser legal. Su secuencia, opacidad y magnitud exigen muchas explicaciones.
LUIS FELIPE MONTIEL
En los grandes negocios, las casualidades suelen vestir de traje, contratar abogados y esconderse detrás de sociedades registradas en islas donde nadie hace preguntas. La historia de Alejandro Betancourt, Harry Sargeant III y el acuerdo petrolero de los cien años tiene todos esos ingredientes, además de uno especialmente venezolano: los recursos pertenecen a la nación, aunque las decisiones se toman como si fueran mercancía privada.
Harry Sargeant III no es un personaje improvisado. Es un magnate estadounidense del transporte de petróleo y asfalto, donante republicano y antiguo intermediario entre Washington y Caracas. Reuters informó que mantiene vínculos cercanos con Donald Trump y juega golf con él en Mar-a-Lago. Sus empresas aprovecharon durante años el petróleo pesado venezolano, especialmente útil para fabricar asfalto.
Sargeant tampoco era un desconocido para el poder venezolano. Había tratado con funcionarios de Nicolás Maduro y con Delcy Rodríguez. En enero de 2026 todavía asesoraba a la administración Trump sobre la manera de facilitar el regreso de compañías estadounidenses al negocio petrolero venezolano.
Su socio en Venezuela era Alejandro Betancourt, fundador de Derwick Associates y representante distinguido de aquella generación de empresarios bautizados como “bolichicos”. Hombres jóvenes, conexiones oportunas y contratos públicos otorgados sin competencia durante la emergencia eléctrica. Las plantas no iluminaron suficientemente al país, aunque los negocios sí iluminaron las cuentas de sus beneficiarios.
Betancourt y Sargeant quedaron vinculados en 2024 a través de North American Blue Energy Partners, mejor conocida como NABEP. Una investigación de Armando.info encontró referencias a un acuerdo confidencial del 17 de abril de ese año cuyas partes incluían a PDVSA, la Corporación Venezolana del Petróleo, NABEP, Sargeant y Betancourt.
NABEP era entonces una compañía recién nacida, sin la trayectoria de Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips o cualquiera de las grandes empresas capaces de financiar operaciones petroleras complejas. Eso no impidió que consiguiera contratos en Venezuela ni que se transformara rápidamente en uno de los mayores productores privados del país.
Sargeant poseía una participación minoritaria mediante Bluwaves Properties Limited, una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Betancourt ya controlaba la mayor parte de NABEP.
Entonces comenzó una extraña mudanza empresarial.
La administración Trump presionó a Sargeant para que abandonara sus intereses venezolanos. El Departamento del Tesoro congeló activos de Bluwaves y concedió una licencia para facilitar su salida. En agosto, Sargeant acordó vender esa sociedad por aproximadamente 300 millones de dólares a una entidad vinculada con Betancourt.
Conviene precisar el punto: Betancourt no compró todo el imperio petrolero y asfaltero de Sargeant. Compró —mediante una entidad relacionada— la sociedad que contenía su participación minoritaria en NABEP. El resultado práctico fue que el viejo amigo de Trump salió y el bolichico quedó controlando la compañía.
Hasta allí podía tratarse de una costosa separación entre socios. Lo extraordinario ocurrió después.
Pocas semanas más tarde, NABEP fue seleccionada para controlar durante 100 años un conjunto de 17 campos con aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas. No hubo una licitación internacional donde empresas con experiencia, tecnología y respaldo financiero compitieran por esos activos. El lomito petrolero fue servido directamente en una mesa privada.
El Gobierno estadounidense obtuvo el derecho a adquirir 35% de NABEP mediante warrants de precio simbólico. La estructura, según Reuters, protege esa participación contra una posible dilución cuando la empresa busque capital. Washington también consiguió acceso a 20% de la producción al costo y preferencia sobre el resto en determinadas circunstancias.
NABEP promete invertir 100.000 millones de dólares, aunque no ha explicado suficientemente de dónde saldrá semejante cantidad. Para conseguirla tendrá que buscar inversionistas que aporten dinero, tecnología y capacidad operativa. Ellos asumirán el riesgo mientras el Gobierno estadounidense conserva una participación protegida y compra parte del petróleo sin pagar el precio de mercado.
La secuencia merece ser observada sin fantasías conspirativas, aunque también sin ingenuidad: Sargeant y Betancourt crean y controlan NABEP; Washington presiona al amigo de Trump para que venda; una entidad vinculada con Betancourt compra su participación por 300 millones; Betancourt concentra el control; luego NABEP recibe derechos centenarios sin licitación y el Gobierno estadounidense adquiere 35% de la compañía.
Nada de esto demuestra por sí solo la existencia de corrupción o de un intercambio ilegal de favores. Demuestra algo suficientemente grave: un patrimonio nacional gigantesco fue comprometido mediante una sucesión de decisiones opacas cuyos beneficiarios aparecen conectados antes, durante y después del negocio.
¿Quién financió los 300 millones pagados por Bluwaves? ¿Cómo se calculó su valor? ¿Quién decidió que NABEP era la empresa adecuada? ¿Qué funcionarios negociaron el porcentaje estadounidense? ¿Cuáles son los beneficiarios finales de las sociedades participantes? ¿Qué obligaciones reales asume Betancourt y qué ocurre si no consigue los 100.000 millones prometidos?
El acuerdo tampoco puede separarse de la política. Ricardo Hausmann lo resumió con crudeza en su entrevista con César Miguel Rondón: mientras Washington habla de unas elecciones que no ha comenzado a organizar, avanza con rapidez para asegurar petróleo, participación empresarial y capacidad de veto.
El problema no es únicamente que Venezuela haya comprometido sus campos durante cien años. El problema es que lo hizo sin competencia, sin transparencia y sin un gobierno legitimado mediante elecciones libres. Un contrato de esa duración no constituye una política de emergencia: pretende condicionar a varias generaciones.
El rey del asfalto salió del escenario con 300 millones de dólares. El bolichico quedó al frente de la compañía. El Gobierno estadounidense recibió su porcentaje. Delcy Rodríguez conserva el poder. Los venezolanos, dueños constitucionales del petróleo, continúan esperando que alguien les muestre el contrato.
En esta historia todos parecen haber recibido algo. Todos, salvo Venezuela.
Título SEO: Betancourt y el negocio petrolero de los cien años
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