Luis Felipe Montiel
La acusación federal atribuye a la entonces canciller el encargo de un contrato de US$50 millones. David Rivera terminó condenado en Miami; Washington pidió inmunidad para Delcy en otro proceso.
El viernes 2 de octubre de 2026, la jueza Melissa Damian le impuso diez años de prisión a David Rivera en Miami. El nombre quizá no diga mucho en Venezuela. Era un excongresista republicano del sur de Florida, con contactos en Washington y una puerta de entrada a despachos donde no se llega tocando el timbre. Esa era la mercancía: acceso. Caracas buscaba quien abriera puertas; Rivera sabía dónde estaban las llaves.
La conexión venezolana tiene nombre y apellido. Según la acusación federal de 2022, Delcy Rodríguez, entonces canciller, ordenó a ejecutivos de CITGO contratar a Interamerican Consulting, la empresa de Rivera. El contrato se canalizó mediante PDV USA. La orden se atribuye a ella; la prisión la enfrenta él. Ahí empieza esta historia.
Una canciller, un contrato y una chequera petrolera
El acuerdo ascendía a US$50 millones y los pagos recibidos rondaron los US$20 millones, según la cobertura de AP.
El documento acusatorio señala que el contrato debía remunerar gestiones en nombre del gobierno venezolano. No dice en ese pasaje que Delcy lo firmara personalmente: le atribuye la instrucción de contratar. En una estructura de poder, la mano que manda puede estar bastante más arriba que la mano que sostiene el bolígrafo.
Contratar relaciones públicas o promover los intereses de un país puede formar parte del trabajo de una cancillería. No hay delito automático en buscar un asesor extranjero. La cuestión era cómo se ejecutaba ese encargo en Estados Unidos y cómo se declaraba ante sus autoridades.
Los amigos del amigo
Raúl Gorrín, propietario de Globovisión, aparece en la reconstrucción de los fiscales como enlace con el gobierno de Maduro. Esther Nuhfer, consultora política y coacusada, completaba el equipo. Rivera aportaba los contactos; Gorrín, la conexión con Caracas. Una sociedad para acercar mundos que, en público, solían darse portazos.
Según el Departamento de Justicia, Rivera y Nuhfer contactaron a Marco Rubio y Pete Sessions y organizaron reuniones con funcionarios venezolanos, incluidos Maduro y Delcy. Que esos políticos aparezcan como contactos no demuestra que recibieran sobornos. Tener el teléfono de alguien no equivale a tenerlo en nómina.
Los mensajes presentados al jurado, recogidos por AP, tenían su propio reparto: Maduro era “bus driver”; Delcy, “The Lady in Red”; Sessions, “Sombrero”. Diplomacia con apodos de comparsa. Mientras se buscaba influir en Washington, los protagonistas se rebautizaban como si el cambio de nombre pudiera volver invisible la conversación.
El servicio podía ser legal; esconderlo, no
Rivera no fue condenado simplemente por cobrar de Venezuela ni por trabajar para Maduro. En Estados Unidos, representar a un gobierno extranjero exige cumplir determinadas obligaciones de transparencia.
La Ley de Registro de Agentes Extranjeros, FARA, obliga a los agentes comprendidos por la norma a revelar su relación con el cliente extranjero, sus actividades y sus ingresos y desembolsos. El Departamento de Justicia explica que el incumplimiento deliberado puede dar lugar a cargos penales.
El jurado condenó a Rivera por violación de FARA, conspiración para infringirla, conspiración de lavado y cuatro operaciones con bienes de procedencia delictiva. Eran pagos por servicios; eso no impide que la justicia considere delictivos sus ingresos cuando proceden de una actividad criminal. Tampoco significa que cada cobro se convierta automáticamente en lavado.
La defensa sostuvo que el contrato buscaba atraer a ExxonMobil a Venezuela y correspondía a actividad comercial exenta del registro. El jurado rechazó su posición. Sus abogados anunciaron apelación, según AP.
Delcy bajo el paraguas
Mientras Rivera enfrenta prisión, Delcy cuenta con un contexto político distinto. AP informó en mayo, citando fuentes anónimas, que la administración Trump había instruido a fiscales de Miami a evitar investigaciones penales contra ella. Justicia respondió que nunca hubo una investigación que cerrar. AP no pudo establecer si la Casa Blanca intervino en la decisión.
En julio, Washington pidió reconocerle inmunidad como jefa de Estado en una demanda civil por detenciones y torturas, según Europa Press. Era otro expediente. No una absolución por el contrato de Rivera ni una protección específica demostrada para ese negocio.
La condena del excongresista tampoco es una condena contra Delcy. Pero la acusación la sitúa en el origen del encargo. El asesor acabó condenado; la orden de contratarlo sigue señalando hacia Caracas. Cincuenta millones de dólares merecen algo más que encogerse de hombros.
