La justicia española espera una respuesta de Estados Unidos mientras el empresario venezolano adquiere un papel central en el nuevo negocio petrolero. La demora está comprobada; la intención de protegerlo, todavía no.
Desde hace más de nueve meses, la justicia española espera la cooperación de Estados Unidos para interrogar a cinco personas relacionadas con el esquema de corrupción y lavado de dinero conocido como Money Flight. La diligencia consistiría, según las fuentes judiciales consultadas, en tomar declaraciones mediante videoconferencia.
Sin embargo, la actuación continúa sin respuesta conocida y ninguna autoridad estadounidense ha explicado públicamente dónde está detenida la petición.
En el centro del expediente aparece Alejandro Betancourt López, el empresario venezolano investigado por la Audiencia Nacional española por presunto blanqueo de capitales. Es también el hombre que ha adquirido un papel fundamental en el nuevo negocio petrolero entre Washington y Caracas.
Betancourt dirige NABEP, compañía involucrada en un acuerdo sobre 17 campos venezolanos que reúnen alrededor de 65.000 millones de barriles de petróleo, según informó la BBC.
Cuando el petróleo entra por la puerta, la justicia no necesariamente sale por la ventana. Pero, en este caso, parece haberse quedado esperando en el pasillo.
Un juez con paciencia y fecha de vencimiento
El magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, necesita interrogar a cinco personajes vinculados con investigaciones estadounidenses sobre el desvío de fondos venezolanos:
- Abraham Ortega, exdirector de Planificación Financiera de PDVSA.
- Carmelo Urdaneta, antiguo funcionario del sector petrolero.
- Álvaro Ledo Nass, exasesor jurídico de PDVSA.
- Luis Fernando Vuteff, operador financiero.
- Luis Carlos de León, exdirectivo de la Electricidad de Caracas.
Sus testimonios podrían ayudar a establecer si el dinero investigado en España procede de sobornos, corrupción y desvío de recursos de la petrolera estatal venezolana.
La distinción jurídica es importante. Para sostener una acusación por blanqueo, los investigadores españoles necesitan acreditar el delito del cual procedieron originalmente los fondos. Sin esa conexión, perseguir el dinero que llegó a España se vuelve mucho más difícil.
Según reprodujo El País, Pedraz escribió el 10 de agosto que no puede permanecer sine die esperando que las autoridades estadounidenses tramiten la petición.
El magistrado también señaló la contradicción entre el “gran interés y la colaboración” atribuidos a Washington y la falta de una respuesta efectiva. Su paciencia tiene fecha de vencimiento: si la diligencia no se realiza antes de diciembre de 2026, el expediente podría ser archivado nuevamente.
La causa ya había sido cerrada en marzo. Posteriormente, la Sala de lo Penal ordenó reabrirla porque consideró prematuro clausurar la investigación sin realizar actuaciones fundamentales, como explicó otro reportaje de El País.
El expediente ni siquiera ha podido morir tranquilamente: tuvo que resucitar para volver a quedar conectado al respirador de la cooperación internacional.
Suiza, el antecedente incómodo
La sospecha de una protección política no surge solamente de la demora española.
The Washington Post informó que altos funcionarios estadounidenses habrían intervenido ante las autoridades suizas en asuntos judiciales relacionados con Betancourt.
Entre los señalados aparecen Christopher Landau, subsecretario de Estado, y Pam Bondi, entonces fiscal general. Después de aquellas gestiones, Suiza retiró la solicitud de extradición presentada al Reino Unido y desaparecieron las restricciones de viaje que afectaban al empresario.
La secuencia temporal está documentada. Que las presiones estadounidenses provocaran directamente la decisión suiza todavía no lo está.
La Fiscalía de Zúrich atribuyó la retirada a “particularidades del derecho británico” y no confirmó que Washington hubiese determinado el desenlace. Pero el episodio constituye un antecedente relevante: mientras Betancourt se convertía en un intermediario útil para el negocio petrolero, funcionarios estadounidenses se interesaban por sus dificultades judiciales.
El arte de no hacer nada
Estados Unidos no necesita enviarle una orden al juez español ni emitir un decreto que declare inocente a Betancourt. Si la respuesta no llega antes de diciembre, la investigación podría cerrarse sin que Washington tenga que rechazar formalmente la cooperación.
El Departamento de Justicia no respondió las preguntas de El País. El Departamento de Estado evitó pronunciarse oficialmente. El Pentágono remitió al comunicado relacionado con el acuerdo petrolero.
Ninguno ha explicado:
- Cuándo recibió formalmente la petición española.
- Qué oficina es responsable de tramitarla.
- Si solicitó información adicional.
- Si existe algún impedimento jurídico.
- Por qué todavía no se han coordinado los interrogatorios.
La acusación federal presentada en octubre de 2024 contra Raúl Gorrín, disponible en el sitio del Departamento de Justicia, describe la arquitectura de préstamos corruptos y lavado de dinero e identifica a varios actores vinculados con el esquema. Pero no menciona a Betancourt.
Eso también debe decirse: el documento prueba la existencia de la trama y la participación atribuida a diferentes operadores, pero no constituye una acusación penal contra el nuevo socio petrolero de Washington.
El desenlace que nadie necesita firmar
Hasta ahora no existe una orden, un correo, un cable diplomático o una declaración atribuible que pruebe que Estados Unidos decidió paralizar la cooperación para proteger a Betancourt.
Lo comprobado es más limitado, aunque no menos inquietante: España lleva meses esperando; la diligencia resulta esencial; el juez ha establecido diciembre como límite; Betancourt adquirió valor estratégico mediante NABEP y existen antecedentes de gestiones estadounidenses relacionadas con su situación judicial en Suiza.
Puede que la demora tenga una explicación administrativa. Puede que la solicitud esté recorriendo el laberinto habitual de la cooperación internacional. También puede que no hacer nada produzca exactamente el resultado político deseado.
En diciembre, Betancourt podría no ser absuelto por las pruebas, sino beneficiado por la ausencia de ellas.
A veces la impunidad no necesita un decreto. Le basta una bandeja de entrada que nadie parece revisar.
