Luis Felipe Montiel
Hay una Venezuela que firma contratos en inglés y otra que cobra la vacuna en guaraguao. Ambas conviven, se toleran y probablemente se saludan de lejos, porque en Guayana la elegancia consiste en no preguntar demasiado de dónde salió el oro que estás a punto de fundir.
Arriba, en los pisos con aire acondicionado, Glencore y Mercuria coquetean con Venalum como quien mira una casa vieja y elegante que alguna vez fue próspera y ahora solo necesita “una manito” —léase: cientos de millones de dólares y mucha paciencia con las sanciones—. Abajo, literalmente bajo tierra, en Las Claritas, Kilómetro 88, El Callao y Tumeremo, la conversación de negocios es más directa y mucho menos protocolar: no se firma un memorando de entendimiento, se negocia con un fusil apoyado en la mesa.
Porque esa Guayana subterránea tiene su propio historial corporativo y, como toda buena empresa venezolana, empezó con un emprendedor local antes de recibir “inversión estratégica”. Desde al menos 2012, el Sindicato de Las Claritas, comandado por Juan Gabriel Rivas Núñez, alias Juancho, controlaba buena parte de la actividad minera de la zona. Con el tiempo apareció el socio ambicioso: Yohan José Romero, Johan Petrica, figura histórica del Tren de Aragua, que hizo lo que hace todo buen socio ambicioso venezolano: primero se asoció, después convivió y finalmente terminó imponiendo su predominio. Para 2025, una investigación de InSight Crime describía a Petrica como el principal líder del enclave minero de Las Claritas y Kilómetro 88.
Una fusión hostil, pero con oro de por medio en vez de acciones.
Y aquí viene el detalle que debería incomodar a cualquiera que aún crea demasiado en los comunicados oficiales: mientras en Caracas se debatía si el Tren de Aragua era una organización real o una leyenda urbana inflada por enemigos externos —una especie de Chupacabra con tatuajes—, el propio sistema judicial venezolano, en un trámite de extradición posteriormente documentado por InSight Crime, ubicaba a buena parte de la organización en territorio venezolano y señalaba que era liderada desde las minas de la carretera del sector 88 por Johan Petrica.
Es decir: el Estado discutía sobre el monstruo, pero su propio expediente conocía la dirección.
El 9 de junio de 2026 murió Héctor Rusthenford Guerrero Flores, el Niño Guerrero, en una operación en el sureste del país. El guion estaba servido: helicópteros, comunicado triunfal, música de gesta patria, corte a negro.
Pero tres meses después, una investigación de Armando.info encontró el final menos glamoroso posible: reacomodo.
Las expectativas de que la operación acabara con el dominio criminal de la zona quedaron lejos de cumplirse. Las estructuras y dinámicas mineras no desaparecieron con el jefe.
Mataron al gerente general, pero la empresa, generosamente, siguió operando.
Mientras tanto, Estados Unidos decidió que ya era hora de reabrir la tienda. La Licencia General 51A de OFAC, emitida en marzo de 2026, autorizó determinadas transacciones relacionadas con minerales venezolanos —incluido el oro— y con Minerven, acompañadas por requisitos de diligencia debida y cadena de custodia que suenan estupendamente en un PDF y bastante más complicados frente a una mina donde el control territorial puede estar repartido entre actores estatales, estructuras informales y hombres armados.
La Licencia General 55 de OFAC abrió además la posibilidad de negociar contratos contingentes para nuevas inversiones mineras, aunque ejecutarlos requiera autorización adicional.
Traducción libre: se puede hablar de negocios aunque todavía no se pueda hacer todo el negocio.
Y hablar, vaya que hablaron.
Reuters reportó esta semana que Glencore y Mercuria están entre las empresas interesadas en un posible acuerdo relacionado con la mayor fundición de aluminio de Venezuela.
Todavía no hay contrato cerrado.
Pero ya hay pretendientes.
Así que ahí están, en la misma fotografía incómoda, las dos Guayanas: una redactando cláusulas de cumplimiento normativo; la otra funcionando dentro de una economía donde investigaciones de Transparencia Venezuela han documentado cobros sobre la producción minera y rentas relacionadas con molinos, comercios, combustible y transporte.
Un sistema tributario paralelo, sin recibo, sin Seniat, pero con la misma vocación recaudadora y considerablemente más armado.
La pregunta incómoda, la que ninguna licencia de Washington resuelve por decreto, es simple:
¿Cómo certificas el origen de un lingote cuando no puedes certificar quién manda en el terreno de donde salió?
El oro, a diferencia del petróleo, tiene la ventaja diplomática de olvidar su procedencia apenas se funde. No trae etiqueta, no trae factura y mucho menos el nombre del pran que cobró comisión en el camino.
Nadie está diciendo que la muerte del Niño Guerrero haya sido un favor discreto a futuros inversionistas, ni que Glencore o Mercuria tengan relación alguna con esas estructuras.
Eso sería sustituir periodismo por guion de Netflix.
Lo que sí puede decirse, sin necesidad de teoría conspirativa alguna, es que Venezuela está intentando construir una economía minera formal e internacionalmente comerciable sobre un territorio donde la economía informal, armada y criminal todavía no ha desaparecido.
Arriba negocian porcentajes accionarios.
Abajo, simplemente, negocian porcentajes.
Y en algún momento ambas Guayanas tendrán que encontrarse.
Probablemente en una oficina con aire acondicionado.
Aunque el oro que llegue hasta allí haya pagado la vacuna en el camino.
