Como si fuera una noticia sobre el personaje, decenas de cuentas de Twitter se suman a un coro virtual que exige “¡LIBERTAD INMEDIATA!” para Álex Saab, un empresario acusado de lavado de dinero y agente clave de la administración del gobernante Nicolás Maduro.
Para el oficialismo, Saab no es solo un empresario acusado de lavado de dinero: es “diplomático”, “enviado especial”, y hasta “embajador”, credenciales que usan funcionarios, medios de comunicación chavistas y su defensa legal para hacer frente al caso en su contra por presunta legitimación de capitales de origen dudoso que lo mantiene recluido en una prisión de Estados Unidos. Se espera que se lleve adelante la discusión de su estatus diplomático ante la Fiscalía de EE.UU el mes de diciembre, según informó el periodista Joshua Goodman.
En junio de 2021, Saab cumplía un año detenido en Cabo Verde y Chalecos Amarillos, una cuenta con un amplio recorrido en la difusión de contenidos falsos o manipulados (según pudo recopilar Efecto Cocuyo desde 2019), intervino en la diatriba digital para apoyar la retórica del gobierno de Maduro a favor del empresario en aprietos.
Cuando de desinformación se trata, la fórmula del “VAMOS A HACERLO VIRAL” (así, en mayúsculas) es ley. Lo sabe bien Rafael Núñez, administrador de Chalecos Amarillos y Ralito Digital, dos cuentas de Twitter vinculadas con el chavismo con una gran cantidad de seguidores que se destacaron por difundir desinformación alineada con la ideología del Gobierno venezolano.
Aunque ambas cuentas ya fueron cerradas por infringir las normas de la red social, su existencia y la visibilidad de Rafael Núñez es la punta del iceberg de un sistema que opera en favor de los intereses del gobierno venezolano y que, a la fecha, ha sido documentado por organizaciones de derechos humanos independientes.
Si bien no fue posible confirmar si Núñez fue comisionado por la empresa de marketing para la que trabaja (cuyos miembros y dueños están vinculados a instituciones del Estado), sus redes sociales muestran fuertes vínculos con el chavismo gobernante y su narrativa.
Estos y otros son los hallazgos de la investigación transfronteriza Política Falaz, en la que colabora Efecto Cocuyo con otros seis medios de la región y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP.
Chalecos Amarillos mudó sus actividades a un canal en la plataforma de mensajería Telegram, espacio coadministrado por Rafael Núñez (identificado como Ralito Digital), donde sus miembros difunden contenidos a favor de Rusia, cuando se refieren a la guerra en Ucrania, y otros temas vinculados a la izquierda política europea y latinoamericana.
Ambas cuentas difunden contenidos sobre Venezuela y otros temas de política internacional. Algunos de los tópicos más recurrentes, según registros alojados en los archivos del WayBack Machine, son el conflicto entre Israel y Palestina, las protestas antigubernamentales en Chile durante 2019 y Colombia durante 2021, la batalla judicial del padre de Wikileaks Julian Assange, las acciones del gobierno interino en Venezuela, política estadounidense, el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, entre otros.
Tanto en Chalecos Amarillos como en Ralito Digital se replican o producen trinos fuera de contexto o desinformadores y otros contenidos que favorecen a los aliados internacionales del gobierno venezolano. En algunas oportunidades publican contenidos en bloque y difunden noticias.
Hasta noviembre de 2022, Rafael Núñez ha estado activo y publica videos sobre política y otras noticias en sus redes sociales bajo el nombre de Raednure. Se describe como consultor creativo, con conocimientos en marketing político e ingeniería social inversa.
Sin embargo, una búsqueda más profunda deja ver su vinculación a entidades gubernamentales y otras organizaciones oficialistas, que desde hace años han proclamado su aspiración de imponer una hegemonía comunicacional y consideran una necesidad “acabar con la desinformación de la derecha”.
Ralito Digital nació luego de que Twitter cerrara la cuenta Ralito Psuv en 2017. Psuv es el acrónimo de Partido Socialista Unido de Venezuela, la tolda más importante dentro del ecosistema de agrupaciones políticas chavistas. A mediados de mayo de 2021, el nombre de usuario cambió a _Ralito.
Según se puede ver en un post de Facebook de Núñez, esa cuenta de Twitter estaba directamente asociada con él. El cierre de Ralito Psuv formó parte de una suspensión masiva de decenas de cuentas de medios de comunicación estatales, partidos y militantes chavistas, ocurrida el 17 de junio de 2017. Hasta donde se pudo comprobar, Twitter no se pronunció sobre esto pero, al respecto, el presidente Nicolás Maduro dijo que la red social canceló estas cuentas “porque los bolivarianos somos la expresión de la verdad, somos mayoría”.
En una nota publicada por el medio estatal Alba TV se menciona a Ralito Psuv entre las cuentas chavistas eliminadas. El entonces ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, contabilizó 180 cuentas cerradas de entes públicos y “militantes revolucionarios”.
«Claro ellos tienen la llave, tienen el servidor, tienen la llave y dijeron ‘se acabó’, y mataron miles de cuentas, pero si ellos nos apagaron mil cuentas, vamos a abrir 10.000 más con la juventud y la fuerza revolucionaria de la opinión pública y de la verdad venezolana», dijo el mandatario Nicolás Maduro en junio de 2017, a propósito de lo ocurrido.
En su cuenta de Facebook, Rafael Núñez deja claro que su vinculación con el Psuv va más allá de un nombre de usuario. En 2016 dictó cursos de “comunicación digital” para militantes del chavismo; cursos que además tenían como objetivo “acabar con la desinformación de la derecha” en el estado Apure, al suroccidente del país.
Según su perfil de LinkedIn y sus publicaciones de Facebook, Rafael Núñez es oriundo de Apure, egresado de la Universidad Bolivariana de Venezuela y trabaja en Comunicación Digital VE, una empresa de marketing estratégico vinculada, como muestran sus páginas de Facebook, al especialista en branding Jeison Rauseo, quien también ha trabajado en instituciones del Estado desde hace varios años.
Por ejemplo, Rauseo fue designado director de la Oficina de Análisis y Seguimiento de Redes Sociales del Ministerio de Comunicación e Información, según la Gaceta Oficial N°40.844 el 3 de febrero del 2016. Rauseo también estuvo empleado en el Ministerio para las Comunas y Movimientos Sociales en 2017.
También formó parte del equipo de Comunicación Digital VE Jose Tomás Tabares Albert, quien fue el encargado de redes sociales del Ministerio de Comunicación e Información. A la fecha, 90% de la empresa está en manos de la community manager Michelle Pernía Huerfano, y 10% del abogado auxiliar de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Luis Manuel Acevedo Rodríguez.
La cuenta de Comunicación Digital VE en Facebook no se actualiza desde julio de 2021, en Instagram no publica desde marzo de 2020 y en Twitter su cuenta está suspendida.
El equipo de CLIP contactó a Rauseo, quien explicó que la empresa tiene más de 10 años de actividad, cuentan con un equipo de más de 50 personas y una cartera de clientes tanto en el ámbito público como privado. La empresa ha sido señalada por su presunta participación en operaciones de desinformación, razón por la que cerraron sus oficinas y desactivaron sus plataformas digitales.
Rauseo detalló que Núñez estuvo en la compañía durante tres años como community manager y analista de datos y hace cuatro años (en el 2018) culminó la relación laboral en buenos términos.
“Como representante legal de Comunicación Digital VE le aseguro que no tenemos ninguna vinculación con la actividad actual que pudiera realizar el señor Rafael Núñez, la cual es únicamente su responsabilidad, y mucho menos tenemos alguna vinculación con las cuentas Ralito Digital o Chalecos Amarillos, las cuales desconocemos por quien son manejadas, ni con que finalidad operan”, señaló Rauseo.
Si bien no fue posible confirmar si Rafael Núñez administró estas cuentas como parte de sus funciones en Comunicación Digital VE (más allá de una foto en su Facebook en la que aparece la cuenta de Twitter de Ralito Digital con una imagen de portada de la empresa), lo cierto es que estas cuentas desinformaron e intervenieron en las conversaciones en redes sociales para intentar establecer una narrativa alineada a la ideología del chavismo gobernante.
El equipo de CLIP se contactó con Rafael Núñez, quien aseguró que “algunas interrogantes que tienen no son del todo ciertas”, aunque no especificó cuáles. También aclaró que “no respondo si no me pagan”.
“Yo sí sé todo para desmontarlo y nunca quise desmontarlo ni montarle un laboratorio digital para que quedaran mal porque es que no me interesan, de verdad (en referencia a la firma de inteligencia, Nisos, quienes publicaron un informe el pasado mes de abril que menciona las operaciones de Núñez) … Me tienen sin cuidado lo que ellos digan o lo que dejen de decir”.
Ralito Digital y Chalecos Amarillos
La cuenta de Twitter de Ralito Digital empezó actividades en junio de 2017, aunque estaba activa desde 2010, según la misma plataforma. Fue suspendida en enero de 2020. En su descripción aparece como “influencer”, “marketing político” y “sobre la situación de la crisis mundial de los pueblos En glutinosidad con los #ChalecosAmarillos”.
Según el último registro disponible de la cuenta, hasta el 3 de enero de 2020 Ralito Digital contaba con 48.306 seguidores, 28.525 seguidos y un universo de más de 361.000 tuits publicados. La otra cuenta de Núñez, Chalecos Amarillos, fue creada en diciembre de 2018, tenía más de 151.700 seguidores y seguía a más 101.600 cuentas hasta el pasado 28 de febrero de 2022.
A continuación algunos ejemplos de desinformación, en su mayoría de Chalecos Amarillos, que tiene más registros alojados en Wayback Machine que Ralito Digital.
Política internacional: causa Palestina
El 23 de mayo de 2019, la cuenta publicó un tuit que decía que “una madre y un niño palestinos son atropellados por un israelí”. No se mencionan más datos que permitan poner el video en contexto. Se rastreó la grabación del video y se encontró que no es la primera vez que aparece en las redes sociales. Salió en Youtube el 23 de junio de 2017 y en Facebook al año siguiente, el 4 de noviembre de 2018. Exactamente el mismo texto y grabación fueron difundidos también por Chalecos Amarillos.
El 24 de mayo de 2019 también se publicó un contenido descontextualizado sobre el conflicto Palestina-Israel. El tuit dice que un grupo de soldados israelíes golpearon a un niño palestino que iba a la escuela. Si bien es cierto que instituciones internacionales, como Human Rights Watch, han registrado maltratos y detenciones abusivas de niños en este conflicto, el video es del 27 julio de 2017 (o al menos es el registro más antiguo que se encontró).
Palestine Info Center, la cuenta que difundió el video, indica que se grabó en la mezquita Al-Aqsa de Jerusalem y que la persona agredida era un devoto que acudió al recinto, no un niño que iba a la escuela.
Días antes de que la cuenta publicara el tuit original, el 14 de julio de 2017, se cerró la mezquita Al-Aqsa por primera vez desde 1969. Middle East Monitor informó que las autoridades israelíes instalaron detectores de metales y barreras de metal en las entradas del templo, lo cual causó protestas y varios heridos y fallecidos. El 27 de julio de 2017, Israel quitó las barreras de seguridad de la mezquita.
Las sanciones de Estados Unidos y Europa contra funcionarios del gobierno y empresas estatales venezolanas, así como los movimientos de los sectores que le hacen oposición, también fueron utilizados por Ralito Digital y Chalecos Amarillos para manipular conversaciones.
Política interna venezolana
Si bien se han sancionado funcionarios venezolanos desde el inicio de la presidencia de Hugo Chávez, es en 2015 que este tipo de acciones contra figuras vinculadas a violaciones de derechos humanos o hechos de presunta corrupción se volvieron más recurrentes. Según datos recopilados por el medio de comunicación Crónica.Uno, entre 2015 y mayo de 2019, 133 funcionarios fueron objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Colombia, Panamá y Suiza.
En febrero de 2021, subió a 162 el número de funcionarios sancionados, entre civiles y militares. ¿Qué implica ser sancionado? No tienen permitido entrar al territorio de esos países ni hacer transacciones financieras y comerciales con individuos o con agentes públicos o privados que en ellos operen.
Solo culpa de las sanciones
En este escenario, Chalecos Amarillos y Ralito Digital se unieron a la tropa de cuentas que atribuían la crisis económica y la emergencia humanitaria compleja a las sanciones, sin mencionar otras causas que implicaban la responsabilidad del Estado venezolano.
El 27 de mayo de 2019, Ralito Digital publicó un tuit en el que dice que “en Venezuela mueren personas por el ataque criminal yankee”, como respuesta a las declaraciones del padre de Erick Altuve, uno de los niños fallecidos a la espera de un trasplante de médula ósea en el principal centro de salud infantil del país, el hospital José Manuel de los Ríos.
En ese entonces, cuatro niños murieron por falta de trasplantes, entre ellos Altuve (de 11 años). El 1° de junio de 2017 se suspendió el Programa de Procura de Órganos (SPOT) en Venezuela. Desde febrero de 2018, los niños, niñas y adolescentes del área de nefrología que se atienden en el hospital José Manuel de los Ríos debían contar con protección integral del Estado venezolano, en virtud de una medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo, desde la emisión de las medidas hasta el momento de la publicación del tuit, el Estado no había cumplido con su obligación de garantizarles sus derechos fundamentales.
Lo que deja de decir el tuit es que la crisis sanitaria y económica en Venezuela, que luego desembocó en una emergencia humanitaria compleja, tiene su origen antes de las sanciones y surge como resultado de “extensos y múltiples efectos regresivos en el plano institucional y jurídico, y en los derechos civiles, políticos, sociales y económicos”, según detalló la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida) .
En este y otros escenarios donde se observa el impacto de la emergencia humanitaria compleja, Nicolás Maduro y los representantes de su administración focalizaron su narrativa en dejar claro que lo ocurrido es culpa de “la guerra económica” y Estados Unidos; discurso al que se apegaron decenas de cuentas de Twitter chavistas.
Un segundo ejemplo de cómo Ralito Digital y Chalecos Amarillos se unieron para propagar la idea de que las sanciones afectan la entrada de alimentos se publicó el mismo 27 de mayo de 2019. Ambas cuentas difundieron el mismo contenido.
Un informe publicado por la ONG defensora de los derechos humanos Provea indica que cuando las sanciones complicaron aún más el escenario financiero venezolano, ya la economía del país estaba en camino de destrucción acumulada.
El 28 de enero de 2019, la OFAC incluyó en la lista de sancionados a la estatal Pdvsa, casa matriz de la industria petrolera y, a su vez, principal fuentes de recursos financieros en Venezuela. En paralelo, el país transitaba un período de inestabilidad política, que se profundizó con el surgimiento de un gobierno interino reconocido por decenas de países, entre ellos Estados Unidos.
Ahora, si bien las operaciones para la compra de alimentos y medicinas, así como cualquier insumo considerado ayuda humanitaria, estaban exentos de las sanciones impuestas por Estados Unidos, posteriormente su importación terminó siendo afectada por las medidas coercitivas sobre Venezuela, según explicaron analistas a Efecto Cocuyo.
Para evitar ser vinculados por un gobierno que está señalado por narcotráfico, muchos bancos, empresas y otros actores públicos y privados les cerraron las puertas, lo cual se conoce como sobrecumplimiento de sanciones.
Es resumen, “bloquear la entrada de alimentos a Venezuela” nunca fue una “estrategia” de Estados Unidos o de la oposición que se desarrollaría a través de las sanciones, como dice el tuit.
Analistas explican que los alarmantes niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición tienen su origen en la corrupción. Según explicó el economista Manuel Sutherland, se derrocharon ingresos petroleros y se destrozó el agro local a través de importaciones fraudulentas y sobrefacturadas y la fuga de capitales. También contribuyó la caída de la exportación petrolera.
Persecución a la disidencia
Las acciones de la oposición venezolana han dado mucha tela que cortar para las cuentas desinformadoras. Por ejemplo, el 15 de enero de 2020, Chalecos Amarillos replicó un mensaje que decía que el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, solicitó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López “que lo proteja”. Pero el tuit es engañoso.
El 13 de enero de ése año, Guaidó envió una misiva a la Fuerza Armada para que brindaran protección a los educadores, periodistas, ciudadanos y diputados que asistirían al Palacio Federal Legislativo para la sesión de la Asamblea Nacional del 15 de enero. Poco más de una semana antes, los diputados intentaron ingresar al recinto, pero efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Nacional bloquearon el paso. En ese escenario, se convocó una sesión extramuro.
A esta desinformación le sigue otra con un contexto similar (aunque ampliado). La cuenta replicó un tuit el 6 de enero de 2020 que asegura que el diputado Luis Parra forma parte de la oposición, cuando un mes antes fue expulsado de la tolda de la que formaba parte (Primero Justicia) por estar vinculado a un presunto esquema de corrupción.
A finales de noviembre el portal Armando.info publicó una investigación que señaló que varios diputados opositores, liderados por Parra, realizaban gestiones para dar indulgencias a empresarios supuestamente vinculados al chavismo. Las formaciones Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo anunciaron la suspensión de los diputados de lo que pasó a llamarse “fracción CLAP (en referencia a los Comité Locales de Abastecimiento y Producción)”.
Luego de su expulsión del partido, Luis Parra y el diputado Luis Brito firmaron un comunicado en que decían que construirían una “nueva oposición”, según explicó Efecto Cocuyo. Ése 6 de enero de 2020 fue elegido para presidir la Asamblea Nacional con el voto del chavismo y sin verificar el quorum de la sesión.
Chalecos Amarillos también tuvo un breve paseo por la desinformación sobre COVID-19 al inicio de la coyuntura sanitaria mundial. Difundieron teorías conspirativas sobre el origen de la enfermedad y promovieron cuentas solo para hablar del tema (que a la fecha están suspendidas).
Ahora, luego de ser suspendida esta cuenta, sus actividades se quedaron en Telegram, canal donde reúne 1.671 usuarios hasta este miércoles, 9 de noviembre. Ralito Digital continúa como administrador del canal junto a una usuaria llamada Noemi Ros.
Rafael Núñez mudó su contenido a Raednure en Twitter, donde aún tiene pocos seguidores (537 cuentas) y ha publicado más de 5.100 tuits al menos hasta el 24 de octubre de 2022.
En sus tuits suele mencionar varias cuentas, entre las que destacan AlidaFreites_tw (363 veces), ChalecosAmarill (261 veces), MariaEsPueblo (159 veces), NicolasMaduro (153 veces), RHM1947 (27 veces), entre otras.
Un universo más grande: las operaciones de desinformación
Si bien Rafael Núñez es una cara visible de lo que está detrás de las cuentas de Twitter desinfomadoras en Venezuela, sus operaciones se enmarcan directa o indirectamente en un universo de actividad más amplio: lo que algunos estudiosos llaman las estrategias de la guerra informativa.
Este fenómeno ha sido objeto de estudios académicos. Por ejemplo, una investigación realizada por la Universidad de Oxford y publicada en el año 2019 (puede leer el siguiente resumen en español, elaborado por Efecto Cocuyo) indica que Venezuela es uno de los países en los que se utilizan ciber-tropas con la intención de desinformar.
Estos equipos están compuestos por brigadas de 500 personas con entrenamiento en redes sociales. Twitter, WhatsApp, Youtube y Facebook eran las plataformas utilizadas por estas tropas, al menos hasta la fecha de publicación del estudio. Se reportó el uso de bots y cuentas reales para difundir mensajes a favor del Gobierno o algún partido, promover campañas de desprestigio hacia la oposición o conversaciones, evadir temas importantes o inhibir la participación a través de ataques personales o acoso.
Un informe más reciente, publicado por la ONG Probox, señala que el oficialismo fue el sector con más publicaciones inorgánicas (es decir, generado “posibles” cuentas automatizadas y coordinadas de forma inauténtica) en Twitter durante el año 2021. Los tuits con menor grado de autenticidad provinieron del Ministerio de Comunicación e Información (76,8% del total de publicaciones). De las más de 1.900 tendencias contabilizadas, 1.196 fueron generadas por el oficialismo.
Mientras la “verdad venezolana” promovida por el oficialismo toma la plaza pública de las redes sociales, el Estado continúa sus esfuerzos para callar las voces disidentes e independientes. En junio de este año, la entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó que su oficina documentó 34 casos de hostigamiento, censura y confiscación de equipos de medios de comunicación, así como bloqueos de portales web de medios. “Estas prácticas deben cesar”, señaló.
Si bien la Oficina tomó nota del compromiso asumido por el Gobierno de fortalecer el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y opinión, reconoce que este compromiso requiere fuertes garantías “para que las y los periodistas trabajen sin temor a represalias y para que todas las opiniones políticas se expresen libremente”.
La existencia de desinformadores apoyados por individuos o sectores vinculados con los Gobiernos habla, más que de una tendencia mundial, de la intención perpetuar narrativas desapegadas de los hechos, de alimentar ideas frágiles y, por tanto, poco sostenibles en el tiempo.
Coordinación general: Pablo Medina
Investigación: José Luis Peñarredonda y Efecto Cocuyo
Edición: Pablo Medina y María Teresa Ronderos
Producción: Luisa Fernanda López Arias
Desarrollo web: Diego Arce
Línea gráfica e ilustraciones: Miguel Méndez
Política Falaz es una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) con Animal Político (México), Aos Fatos (Brasil), Bolivia Verifica (Bolivia), Chequeado (Argentina), ColombiaCheck (Colombia), Efecto Cocuyo (Venezuela), y Ocote (Guatemala).
El Veinte y la Fundación Karisma contribuyeron a estos reportajes con revisión o información especializada.
