El «cartel del arroz» en Venezuela asfixia al agro local mediante importaciones privilegiadas con exoneración de impuestos que inundan el mercado en plena cosecha. Empresas vinculadas al entorno político y militar falsifican registros aduaneros para ocultar el origen del grano, el cual es procesado por grandes consorcios aliados.
Mientras los agricultores venezolanos de los estados Portuguesa y Guárico libran una batalla contrarreloj para rescatar sus cosechas antes de que inicien las lluvias invernales, en los muelles de Puerto Cabello la realidad corre por un carril opuesto. Dos buques graneleros descargan 25,000 toneladas de arroz importado, beneficiadas con una exoneración absoluta de aranceles e impuestos. Esta paradoja no es casual. Documentos aduaneros, registros de rastreo marítimo y testimonios obtenidos por Infobae revelan el funcionamiento del denominado «cartel del arroz»: una estructura de favores políticos, protección militar y manipulación documental diseñada para inundar el mercado nacional con grano extranjero justo en el pico de la producción local.
El mecanismo opera a través de un esquema preciso de cuatro fases que desmantela la competitividad local. Todo comenzó cuando el Ministerio de Agricultura fijó el precio de compra del arroz húmedo nacional en 480 dólares por tonelada, obligando a la agroindustria formal a abastecerse con materia prima de alto costo. En paralelo, un selecto grupo de empresas obtuvo licencias preferenciales para importar arroz a solo 380 dólares por tonelada, libres de IVA y aranceles. Esta brecha de 100 dólares por tonelada sepultó cualquier posibilidad de competencia para el productor venezolano.
La ejecución logística de este circuito deja rastros contundentes en los registros oficiales. Entre el 30 de abril y el 1 de mayo, el buque MV Agios Porfyrios, de bandera liberiana, desembarcó 10,000 toneladas de arroz paddy en Puerto Cabello bajo el Manifiesto C-14651. El exportador formal era SRMZ Food Trading Limited, una firma offshore radicada en la Isla de Man, y el consignatario original era Xie Yen Alimentos Agroindustriales C.A. De acuerdo con fuentes del sector, esta empresa está vinculada directamente al entorno familiar del exministro de Defensa y actual ministro de Agricultura, Vladimir Padrino López.
Cuando el nexo político comenzó a generar tensiones entre los gremios agrícolas, los operadores activaron una maniobra de ocultamiento en los sistemas digitales. El caso del buque Cleante, que arribó el 23 de mayo con 15,000 toneladas, expone la vulnerabilidad de los controles aduaneros venezolanos. Originalmente, el cargamento figuraba a nombre de Xie Yen Alimentos y declaraba a Guyana como país de origen. No obstante, mientras el barco navegaba en alta mar, los registros del sistema digital SIDUNEAWORLD fueron modificados de urgencia: se sustituyó al consignatario por Alimentos Agrícola Santa Fe C.A. y se alteró el origen del cargamento, señalando a Brasil.
El rastreo satelital de la plataforma MarineTraffic desmintió la documentación oficial: el Cleante jamás tocó puertos brasileños antes de ingresar a aguas venezolanas. La falsificación del origen buscaba preservar los beneficios fiscales de importación regionales y borrar el rastro del entorno militar. Las investigaciones señalan a un empresario conocido como «Mohamed Bolsero» —pieza clave en el engranaje de suministros de los alimentos subsidiados CLAP— como el operador financiero detrás de esta nueva fachada.
Una vez nacionalizado, el arroz se concentra en dos gigantes agroindustriales situados en el estado Portuguesa. El primero es MICEVEN C.A., ubicada en la Zona Industrial de Araure y controlada por Fei Luo, corporación dueña de las populares marcas Kaly. El segundo es Procesos Agroindustriales El Gustazo C.A., asentada en Turén y representada por Víctor Chen, consorcio detrás de las marcas MIMASA. Testigos del sector denuncian que estos empresarios suelen evadir las mesas de negociación regulatoria y laboral alegando falsamente «no hablar español», mientras gozan de un blindaje operativo total.
Este blindaje incluye una estrategia de relaciones públicas y legitimación institucional de la mano de las Fuerzas Armadas. El Gustazo C.A. participa activamente en jornadas de donación de alimentos coordinadas de forma directa con la ZODI 33 de Portuguesa, bajo el mando del general de división José Gregorio Escalona Briceño.
El eslabón final del negocio cierra un círculo económico que esquiva el sistema bancario tradicional y las sanciones internacionales. Tras descargar el grano, el buque Cleante zarpó de Venezuela con sus bodegas llenas de chatarra ferrosa, tuberías y materiales industriales estratégicos extraídos bajo custodia militar en los puertos. Las fuentes sectoriales son categóricas: la exportación de material ferroso funciona como un método de pago en especie para los proveedores externos. «Vienen con arroz y se van con chatarra», sintetiza un productor afectado.
Las consecuencias de este ecosistema criminal golpean con dureza a las regiones productoras. Los molinos tradicionales del país han cerrado la recepción de arroz nacional debido a que sus silos se encuentran saturados con la mercancía importada de bajo costo. Desprovistos de financiamiento bancario, ahogados por la escasez crónica de combustible y sin créditos agrícolas, los productores venezolanos contemplan la pérdida de sus cosechas sin canales de comercialización viables. A más de dos décadas de las promesas de soberanía alimentaria del proyecto chavista, el campo venezolano enfrenta su fosa común: un modelo donde la importación de élite sigue siendo infinitamente más lucrativa que sembrar la tierra.
