La justicia de Argentina, mediante un tribunal federal, ha emitido una solicitud de extradición contra el excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela, Ephraín Enrique Verdú Torrelles. El exmilitar, quien actualmente reside en Galicia, España, está acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas antigubernamentales de 2014 en Venezuela.
El proceso penal en su contra se abrió en 2023 a raíz de una denuncia de la ONG InterJust, organización fundada en 2022 que promueve la rendición de cuentas por crímenes internacionales. La solicitud de extradición se ampara en los principios de jurisdicción universal de la ONU, que facultan a un Estado para juzgar graves violaciones a los derechos humanos sin importar la nacionalidad de las víctimas o de los victimarios. En marzo de 2026, el Consejo de Ministros de España autorizó la continuación del trámite, el cual ya se encuentra bajo la evaluación de la Audiencia Nacional española.
El asesinato de Geraldine Moreno y la cadena de mando
El requerimiento principal responde al asesinato de Geraldine Moreno Orozco, una estudiante y deportista de 23 años que falleció el 22 de febrero de 2014. Tres días antes, la joven fue atacada a corta distancia por efectivos de la GNB mientras se manifestaba pacíficamente frente a su residencia en el estado Carabobo.
Aunque los autores materiales (los sargentos Albín Bonilla Rojas y Francisco Caridad Barroso) ya fueron condenados a 30 y 16 años de prisión respectivamente, la madre de la víctima, Rosa Orozco —fundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón—, ha exigido durante más de doce años que se juzgue a la cadena de mando. En el momento de los hechos, Verdú Torrelles ejercía como segundo comandante del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) en Tocuyito, Carabobo, lo que lo vincula directamente con la responsabilidad jerárquica del operativo.
Perfil y vida del acusado en España
A pesar de las graves acusaciones en su contra, el excoronel mantuvo una activa carrera militar en Venezuela durante 23 años (1998-2021), alcanzando el cargo de coronel del Regimiento Guardia del Pueblo en el estado Aragua antes de retirarse.
Tras emigrar a España a finales de 2021, Verdú Torrelles residió en Sevilla, donde desempeñó diversos oficios informales como repartidor de comida, aprendiz de logística e instalador de fibra óptica. Posteriormente, se trasladó a Vigo (Galicia). Desde julio de 2025 trabaja en el Grupo Eulen, una multinacional de servicios generales, donde ejerce funciones en el área de seguridad privada tras haber obtenido la Tarjeta de Identificación Profesional (TIP) que lo habilita legalmente para dicho sector en territorio español.
Otros casos de represión y tortura
El historial de Verdú Torrelles en el estado Carabobo incluye la vinculación en otros dos casos emblemáticos de violación de derechos humanos documentados por la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas (FFM):
-
Caso Juan Manuel Carrasco (2014): El estudiante hispano-venezolano fue detenido y sufrió agresiones sexuales y torturas por parte de la GNB. La FFM señaló a Verdú —entonces jefe del Desur de Valencia— como cómplices de estos tratos crueles. El exmilitar se negó a firmar el acta de detención, y la investigación penal inicial quedó viciada debido a un conflicto de intereses, ya que su esposa, Anahí Vargas, era la fiscal auxiliar encargada de procesar a los manifestantes detenidos.
-
Caso Marvinia Jiménez (2014): La costurera fue detenida y golpeada brutalmente por registrar fotográficamente la represión de la GNB. En 2017, la defensa de la víctima solicitó formalmente ampliar las investigaciones para imputar a Verdú Torrelles dentro de la cadena de mando responsable de las agresiones.
Finalmente, el exmilitar también es recordado por su comparecencia ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en 2014, donde su testimonio fue clave para encarcelar e inhabilitar políticamente al entonces alcalde de San Diego, Vicencio Scarano, bajo la acusación de desacato y omisión de funciones durante las protestas.
