Durante 65 años, la familia Ferreira cosió uniformes en Venezuela. Les tomó cuatro décadas levantar Universal C.A. desde cero, traída en el equipaje invisible de quienes huyeron de la guerra europea. Un hombre de la DGCIM bastó para desmantelarlo todo en una tarde de septiembre.
El 9 de septiembre de 2022, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar detuvieron a Héctor Mario Ferreira Domingues con una historia inverosímil: documentos fotocopiados, una cuenta bancaria que no le pertenecía, facturas que no coincidían con los originales de su empresa, y un misterioso «patriota cooperante» residente en Colombia que nadie pudo interrogar. La acusación los vinculaba a Monómeros Colombo Venezolanos, empresa con la que, según demostraría después la Fiscalía colombiana, Universal C.A. nunca tuvo contrato, pago ni relación comercial de ningún tipo.
Pero la lógica de este caso nunca fue judicial. Fue logística.
Veinte días después de la detención de Ferreira, el 29 de septiembre, llegaron los agentes a la fábrica. Se presentaron sin orden de allanamiento —era, dijeron, una simple «inspección técnica»— y cuando el abogado defensor quiso entrar, ya era demasiado tarde. Cambiaron las cerraduras. Desalojaron a los trabajadores. Dejaron solo al conserje. El Estado había entrado a quedarse.
Lo que siguió fue casi burocrático en su frialdad. El teniente coronel Atilio José Barrios Singer, director de Administración y Logística de la DGCIM, asumió el control operativo de la planta. La empresa rebautizada —TextileraDgim— abrió una cuenta de Instagram desde la que se vendían los productos y equipos de la antigua compañía familiar. Una jueza, Claudia López, firmó en febrero de 2023 la incautación formal de todos los bienes muebles e inmuebles. Otra jueza, Alejandra Verónica Romero, presidió el juicio sin considerar la prueba más contundente: la certificación colombiana de que los pagos de Monómeros a Universal jamás existieron.
Héctor Ferreira cumplió tres años y siete meses preso en el Rodeo II.
También fue arrastrado al expediente Francisco Paparoni, empleado de ventas de la empresa, cuyo único delito fue compartir apellido con un dirigente político opositor. Bajo juramento declaró que no tiene ningún vínculo con esa familia. No importó.
Lo que hace a este caso especialmente revelador no es su brutalidad —en Venezuela hay decenas de historias similares— sino su mecánica expuesta. El montaje fue torpe: cuentas ajenas, fotocopias sin coherencia, facturas adulteradas. Como si quienes lo diseñaron supieran que la verosimilitud era irrelevante. Y tenían razón. El aparato judicial validó cada paso.
La familia intentó durante años obtener respuesta de los organismos venezolanos y de la representación consular portuguesa. El silencio fue la respuesta más frecuente.
Ferreira fue excarcelado el 21 de abril de 2026. Salió sin empresa, sin edificio, sin los 65 años de historia que su familia cosió uniforme por uniforme. Espera ahora la devolución de sus bienes, aunque el historial del caso no invita al optimismo.
Universal C.A. nació del exilio. Parece haber muerto del mismo mal con distinto nombre.
