Hay un tipo de dolor que no tiene nombre en los diccionarios, pero que tiene rostro: el de una madre que busca a su hijo sin saber si está vivo o muerto, preso o enterrado. En Venezuela, ese dolor tiene muchos nombres. Tiene el nombre de Carmen Navas, que murió a los 82 años sin haber obtenido justicia, diez días después de encontrar a su hijo en un cementerio, tras 16 meses de búsqueda. Y tiene el nombre de María Emely Delgado, de 63 años, que lleva casi dos años rastreando a Jorgen por cárceles, tribunales y ministerios, sin que nadie le diga una sola verdad.
El caso de Carmen Navas sacudió a Venezuela. Su hijo, Víctor Hugo, había muerto bajo custodia del Estado nueve meses antes de que ella lo encontrara. Durante todo ese tiempo, las autoridades le aseguraron que estaba preso. Ese engaño sistemático —tan cruel como premeditado— no es una excepción: es un patrón. La ONG Justicia Encuentro y Perdón tiene registrados 21 casos de personas desaparecidas, algunos con más de una década de silencio. La desaparición forzada está documentada en informes de Naciones Unidas y descrita por Amnistía Internacional como «detenciones arbitrarias sin rastro». La secuencia se repite con una regularidad que aterra: aprehensiones sin orden judicial, por agentes no identificados, seguidas de negativas sistemáticas de policías y tribunales, y obstáculos deliberados ante los recursos de habeas corpus.
María Emely no sabe exactamente quién se llevó a Jorgen el 2 de agosto de 2024, cuando las calles de Rubio, un pueblo andino en la frontera con Colombia, quedaron vacías después de las protestas por los resultados electorales. Su hijo, fotógrafo de 35 años que había documentado actos de la oposición y participado en el conteo de votos, recibió una llamada, le dijo a su pareja que lo habían amenazado, salió de su casa y no llegó a ningún lado. Se habla de camionetas negras y hombres encapuchados, pero ninguna autoridad ha confirmado nada.
Desde entonces, María Emely peregrina. En el Palacio de Justicia de Caracas no había expediente. En la Defensoría del Pueblo, cada visita comenzaba desde cero: nadie llevaba una carpeta, nadie recordaba su caso, había que contar la historia completa cada vez. En el Ministerio de Servicio Penitenciario le dijeron que Jorgen estaba en la cárcel de Tocorón. Fue hasta allá. No estaba. Se habían «equivocado de nombre». También fue al Rodeo, a preguntar entre los familiares que acampan afuera si alguien había visto a un joven con una coronita y una rosa tatuadas en el brazo. Un excarcelado había mencionado a un fotógrafo desaparecido de San Cristóbal, pero el hilo se cortó ahí. El Tribunal Supremo de Justicia, después de varios intentos fallidos, admitió un recurso de habeas corpus —y respondió que debía volver a los tribunales del Táchira, donde todo comenzó.
El caso de Juan Antonio Hurtado Campos tiene ocho años de antigüedad. El teniente coronel salió de su casa en Maracay el 4 de septiembre de 2018 rumbo al Palacio de Miraflores y nunca volvió. Su madre fue a preguntar a su lugar de trabajo; un hombre de civil le dijo que no obtendría respuesta en ningún lugar. Durante años, la familia guardó silencio por miedo a ser detenida. Fue su hermana Dora, de 53 años, quien asumió la búsqueda mientras la salud de su madre, hoy con 72 años, se desmoronaba. En enero de 2024 apareció su nombre en una lista de 33 oficiales degradados por supuesta traición. Para la familia fue, paradójicamente, una señal de vida. Pero la esperanza duró poco: en el Palacio de Justicia encontraron un expediente con su nombre y cédula —y ningún documento dentro. Una carpeta vacía, metáfora perfecta de lo que el Estado venezolano le ha ofrecido a estas familias.
El fantasma de Carmen Navas planea sobre todas ellas. Murió sin ver justicia, después de encontrar a su hijo enterrado. «Sentimos mucho temor de que tengamos que pasar por el mismo dolor», dice Dora. Y María Emely, que la conoció en esas antesalas del dolor —en la ONG, en el ministerio, en la cárcel—, lo resume con la precisión de quien lleva casi dos años calzando los mismos zapatos: «Hay que estar en esos zapatos para saber lo que es esto».
En Venezuela, hay demasiadas madres que los conocen.
