Tres defensores indígenas asesinados, crímenes que siguen sin esclarecerse y un negocio minero que no se detiene.
La fórmula es sencilla: en el sur de Venezuela hay oro bajo la tierra, comunidades indígenas encima y hombres armados en medio. Donde hay oro llegan mineros, y alrededor de las minas aparecen también quienes quieren controlar el territorio y el negocio. Los que se atraviesan, que casualmente son muchas veces los dueños ancestrales del lugar, pueden terminar amenazados, desplazados o muertos.
Y luego viene el trámite, que es lo único que nunca se apura.
Julio, el capitán
Empecemos por el caso más fresco.
El 2 de agosto de 2026 se llevaron a Julio Rodríguez, capitán de Ekunay, una comunidad indígena del estado Bolívar.
“Capitán” aquí no es un rango militar: es la autoridad tradicional de su pueblo, el que manda porque su gente lo reconoce y no porque alguien le dio una placa.
Ocho días después encontraron su cuerpo cerca de Morichalito, en Los Pijiguaos. El Instituto Indígena del estado Bolívar confirmó su muerte. Según las denuncias recogidas posteriormente, Rodríguez habría sido secuestrado por presuntos integrantes de las disidencias de las FARC, grupos armados surgidos de la antigua guerrilla colombiana cuya presencia también ha sido denunciada en territorio venezolano.
¿Quién ordenó matarlo? No se sabe públicamente.
¿Por qué?
Tampoco.
No se conocen resultados públicos de una investigación que haya establecido autores y móvil.
Así que no diremos que fue por la minería, porque eso tendría que demostrarlo una investigación. Lo que sí podemos contar es el vecindario: minas, rutas para transportar combustible e insumos, grupos armados y comunidades que vivían allí mucho antes de que alguien se enterara de cuánto vale lo que hay debajo.
El oro no solo remueve la tierra: también cambia quién manda sobre ella.
Un ascenso fulminante para un metal sin más mérito que brillar.
Julio no era un ambientalista de conferencia con cóctel. Para los pueblos del sur, defender el ambiente no es un hashtag: es el río del que beben, la tierra que siembran, el sitio donde cazan y el suelo donde están enterrados sus abuelos.
Joaquín, el que vigilaba gratis
Joaquín Hernández tenía 52 años, era yekwana y guardián territorial en el Alto Ventuari, en el estado Amazonas.
Los guardianes son indígenas que vigilan su propio territorio sin uniforme, sin sueldo y sin placa de “funcionario del mes”.
En 2011 ayudó, junto con otros indígenas y militares, a sacar mineros que se habían metido en tierras yekwana.
Se fueron.
Luego regresaron, como los malos recuerdos y las facturas.
En 2024 la cosa empeoró. Mongabay, medio especializado en asuntos ambientales, recogió testimonios de guardianes amenazados durante el conflicto con mineros. A algunos les dijeron que podían entregarlos a grupos armados para que los mataran.
Joaquín se quedó.
El 4 de septiembre de 2024, en casa de uno de sus hijos, tres desconocidos lo atacaron y murió desangrado.
Su comunidad denunció el asesinato ante el Ministerio Público. Meses después, según la investigación de Mongabay, los investigadores todavía no habían llegado al lugar del crimen, que debe de quedar entre la Luna y el trámite pendiente.
En la comunidad sospechaban de intereses relacionados con la minería ilegal.
Pero sospechar no es probar, y ningún tribunal ha establecido quién mató a Joaquín Hernández ni quién ordenó hacerlo.
Conocemos a la víctima, las amenazas, el territorio y el negocio.
Solo falta el culpable, ese invitado que nunca llega a la fiesta.
Virgilio y la función suspendida
Virgilio Trujillo Arana, del pueblo uwottüja —también conocido como piaroa—, tenía 38 años y coordinaba guardianes territoriales indígenas en Amazonas.
Había ayudado a organizar a más de cien.
Su trabajo era defender el territorio frente a la minería ilegal y la presencia de grupos armados.
Había recibido amenazas.
El 30 de junio de 2022 lo mataron a tiros en Puerto Ayacucho.
Esta vez sí hubo declaraciones.
El director del Cicpc, la policía de investigaciones criminales, relacionó entonces el crimen con grupos vinculados al narcotráfico y al paramilitarismo. El ministro de Interior anunció que reforzarían las investigaciones.
Después se anunció que se presentarían resultados sobre los presuntos responsables.
La función sigue anunciada y nadie ha abierto el telón.
Dos años más tarde, Provea, organización venezolana de derechos humanos, seguía denunciando que el asesinato permanecía impune.
Y quedó otro daño que tampoco aparece fácilmente en las estadísticas: el miedo entre quienes continuaban defendiendo el territorio.
No hace falta matar a todos si el susto hace el resto.
Tres nombres, una lista mucho más larga
Estos tres no son casos sueltos.
Entre 2012 y 2024, Global Witness documentó 23 defensores de la tierra y el ambiente asesinados en Venezuela.
Dieciocho eran indígenas.
Dieciséis de los asesinatos estaban relacionados con minería e industrias extractivas.
La propia organización admite que probablemente sean más: en la selva hay comunidades remotas, zonas sin señal, grupos armados y familias con excelentes motivos para no abrir la boca.
Global Witness ha identificado además 119 episodios violentos contra grupos indígenas en Venezuela desde 2020. Cincuenta y ocho estaban directamente relacionados con la minería.
Tampoco es un problema exclusivamente venezolano.
Global Witness documentó al menos 124 defensores de la tierra y el ambiente asesinados o desaparecidos durante largos períodos en 2025.
El 85% de los casos ocurrió en América Latina.
Un récord que nadie quiere presumir.
Antes de la bala suele venir lo demás: amenazas, vigilancia, campañas para convertir al dirigente en delincuente, órdenes de captura y desplazamiento.
Brenda Guillén, coordinadora de UDEFEGUA en Guatemala, explicó en el episodio de El hilo dedicado a los defensores ambientales que en algunas comunidades defender el territorio puede impedir trabajar, desplazarse libremente o incluso acudir tranquilamente a un hospital.
Matar es el método extremo.
Con conseguir que el estorbo se vaya, a veces basta.
El Arco Minero: cuando tu casa es “zona de oportunidad”
En 2016 el gobierno creó el Arco Minero del Orinoco, una enorme franja al sur del país destinada a la explotación de oro, diamantes, coltán y otros minerales.
En el mapa parecía un proyecto económico.
En el terreno había gente viviendo desde siempre, y a nadie se le ocurrió avisarles que su casa había sido ascendida a yacimiento.
Naciones Unidas ha expresado preocupación por el impacto de la minería sobre los medios de subsistencia de los pueblos indígenas venezolanos, su exposición al desplazamiento y los abusos atribuidos tanto a agentes estatales como a grupos armados no estatales.
Cuando todos aparecen en el expediente, encontrar al responsable se vuelve todavía más difícil.
Hay además una pregunta que circula desde hace años por las zonas mineras y que resulta mucho más difícil de documentar.
Personas vinculadas a la actividad hablan del pago de porcentajes o “vacunas” por parte de mineros independientes a quienes controlan determinados territorios. Entre esas versiones aparece repetidamente el ELN y se menciona incluso una cuota del 20% de la producción.
¿Qué pasa después con ese oro?
El metal puede pasar del minero al comprador, del comprador al intermediario y de allí a una procesadora. Puede fundirse y mezclarse con oro procedente de otros lugares.
En algún momento, sin embargo, si quiere entrar en determinados circuitos internacionales, tiene que demostrar de dónde salió.
Y ahí empieza otra oscuridad.
No hay evidencia que permita afirmar que Minerven o una procesadora determinada esté certificando deliberadamente oro de origen ilegal. Tampoco existe evidencia que conecte el oro exportado recientemente a Estados Unidos con las minas o territorios donde fueron asesinados Julio Rodríguez, Joaquín Hernández o Virgilio Trujillo.
Pero el problema de la trazabilidad existe.
Y acaba de aparecer a miles de kilómetros de las minas.
El oro que ni los refinadores quieren tocar
Aquí la historia se pone irónica sola.
La administración de Donald Trump abrió nuevamente la puerta para que oro venezolano pudiera llegar a Estados Unidos.
El problema apareció después de que llegó.
Una investigación de The New York Times, publicada el 28 de septiembre, reveló que cargamentos valorados en cientos de millones de dólares permanecían almacenados porque varias refinerías estadounidenses no querían procesarlos ante las dudas sobre su procedencia y las condiciones en que había sido extraído.
El periódico reconstruyó además parte de la cadena y encontró oro procedente de mineros que pagaban protección a organizaciones criminales que operaban alrededor de los yacimientos venezolanos.
Un oro con prisa de salir y sin papeles de buena conducta.
¿Por qué no quieren tocarlo?
Las refinerías que operan bajo estándares internacionales necesitan garantías sobre la cadena de suministro: deben poder determinar que el metal no financió organizaciones criminales, corrupción, abusos contra trabajadores o destrucción ambiental.
Con estos cargamentos no pueden obtener esas garantías.
No significa que cada barra de oro venezolano venga con sangre.
Significa algo mucho más sencillo:
no pueden certificar que el oro esté limpio.
Y en el negocio internacional del oro, eso puede bastar para que nadie quiera meterlo en el horno.
La ironía tiene además memoria.
En 2019, durante su primer mandato, el propio Trump había impuesto restricciones al comercio del oro venezolano, en un contexto de denuncias sobre corrupción, daños ambientales y actividades criminales alrededor de la extracción.
Años después, el oro volvió a ser admitido.
Lo dejaron entrar.
Y ahora parte de él duerme en un almacén esperando que alguien pueda demostrar de dónde salió.
Lo que queda
Tres hombres, tres comunidades, tres muertes. Los nombres desaparecen de las noticias. Las máquinas siguen trabajando.
El oro, en cambio, puede recorrer miles de kilómetros, subir a un avión y terminar en una bodega estadounidense esperando un certificado que explique de dónde vino.
Julio Rodríguez, Joaquín Hernández y Virgilio Trujillo no llegaron tan lejos.
Y allá, sobre esa tierra, alguien tendrá que decidir mañana si todavía se atreve a defenderla.
