Por Alfredo Alexander Alvarez

La cárcel desde adentro

Eleiner Sánchez fue directora del Centro Penitenciario para Procesados Judiciales 26 de Julio, en Guárico. Conocía el lenguaje de los traslados, los expedientes, las rejas y las órdenes que separan a un preso de una emergencia médica. Murió el 27 de septiembre mientras estaba recluida en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, en Los Teques. El sistema que antes administró terminó administrando su espera.

Una obstrucción que no esperaba. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que Sánchez presentó durante varios días problemas de salud y pidió ser trasladada a un centro asistencial. Según la organización, sus solicitudes fueron ignoradas hasta que su condición se volvió crítica. Fue llevada al Hospital Victorino Santaella Ruiz, donde requería una cirugía de emergencia por una obstrucción intestinal. No sobrevivió.

Señalamiento, no sentencia. La denuncia del OVP no sustituye una autopsia ni determina por sí sola responsabilidades penales. Pero sí obliga a investigar qué atención recibió, cuándo pidió el traslado, quién tomó las decisiones y por qué una paciente que requería cirugía llegó al hospital en condición crítica. En una cárcel, el preso no puede buscar una segunda opinión, llamar una ambulancia ni cruzar la calle hasta una clínica. Depende de quienes tienen la llave.

Tres muertes, tres penales. Septiembre dejó otras dos mujeres fallecidas bajo custodia del Estado. El 19 de septiembre murió Carmen Rodríguez, de 66 años, en el Centro de Reclusión Femenino de Carabobo, anexo de Tocuyito. La causa de muerte reportada fue un infarto agudo de miocardio. Allí permanecen más de 300 mujeres privadas de libertad.

El corazón no llena formularios. Cinco días después, el 24 de septiembre, murió Tomasa Sánchez, de 72 años, en el anexo femenino del Centro Penitenciario de Occidente I, en Táchira. La causa reportada fue un paro cardiorrespiratorio. Ese penal alberga a más de 250 reclusas. Entre Tocuyito, Táchira y La Crisálida, las tres muertes ocurrieron en centros que concentran a más de 800 mujeres.

Diagnóstico no es explicación. Un infarto, un paro cardiorrespiratorio y una obstrucción intestinal describen una causa médica reportada. No responden la pregunta central: qué ocurrió antes. ¿Había evaluación médica, medicamentos, exámenes y mecanismos de traslado? ¿Se activaron a tiempo? ¿Se registraron las solicitudes de las internas? La enfermedad puede aparecer en cualquier lugar; la diferencia está en la respuesta que recibe una persona cuando ya no controla ni siquiera la puerta de salida.

La salud bajo candado. El OVP estima que más de 2.300 mujeres están privadas de libertad en anexos femeninos penitenciarios en Venezuela. Todas están bajo custodia estatal. El artículo 43 de la Constitución establece que el derecho a la vida es inviolable; el 83 reconoce la salud como un derecho social fundamental; y el 272 ordena que el sistema penitenciario garantice los derechos humanos de las personas recluidas. En el papel, no hay ambigüedad. En el penal, la urgencia parece depender de un trámite.

La Crisálida repite. La muerte de Eleiner Sánchez es la segunda documentada este año en La Crisálida. En junio falleció Fabiana Desirée Páez Fernández; el OVP denunció entonces que padecía insuficiencia respiratoria y otras patologías que no recibieron atención médica integral. Dos muertes en pocos meses dentro del mismo centro no son una anécdota administrativa. Reflejan una alarma que debió encenderse antes de que otra reclusa necesitara una operación de emergencia.

La investigación pendiente. El OVP pidió una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial para determinar qué atención médica recibió cada mujer, cuál era su estado de salud previo y si existieron omisiones de quienes tenían la responsabilidad de custodiarlas. Esa investigación debería revisar historias clínicas, solicitudes de traslado, registros de guardia, órdenes médicas y la cadena de decisiones. No para fabricar culpables, sino para establecer si la demora fue una consecuencia inevitable o una negligencia evitable.

La última puerta. Eleiner Sánchez pasó de dirigir un penal a morir como presa, esperando que alguien la llevara a un hospital. Su caso no borra los de Carmen Rodríguez y Tomasa Sánchez; los ilumina. En Venezuela, la prisión no debería convertir una emergencia médica en una carrera contra un pasillo cerrado. A la custodia que llega tarde, se le ven las rejas.

Alfredo Alexander Alvarez / CNP 5289