Un grupo de juristas venezolanos propone una ley para que el Estado repare el despojo de dos décadas. Afuera, la gente hace cola con sus papeles.
Cuando doña Carmen Gutiérrez supo que existía un anteproyecto de ley que prometía devolver o compensar los bienes expropiados durante el chavismo, fue al cajón donde guardaba el cuaderno y lo sacó con las dos manos, como quien saca una reliquia. Adentro estaba la cuenta exacta: lo que le habían dado en 2009 por la ferretería que su padre construyó tablón por tablón en Maracay, y lo que valía esa ferretería en cada uno de los años siguientes, calculado por ella misma con una constancia que su marido consideraba una forma discreta de la locura. Nadie le había pedido ese cuaderno. Nadie sabía que existía. Pero doña Carmen lo había mantenido al día porque tenía la certeza, que los años no le habían quitado, de que algún día alguien iba a necesitarlo.
No es la única. En los pasillos de los juzgados, en los grupos de WhatsApp de los gremios empresariales, entre los ganaderos del Zulia y los arroceros de Portuguesa, circula desde hace semanas el texto del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, que propone nada menos que obligar al Estado venezolano a rendir cuentas de al menos dos mil setecientas cuarenta violaciones al derecho de propiedad registradas entre 2005 y 2014. Una cifra que sus autores presentan como conservadora.
El anteproyecto, que lleva el título formal de Ley Orgánica de Restitución, Devolución de Activos y Garantía de la Propiedad Privada, propone tres salidas concretas para quien quiera reclamar: la devolución directa del bien, si todavía existe y puede entregarse; el pago en bolívares a precio de mercado, con ajuste por inflación; o la adjudicación de bonos de deuda pública para los casos donde el dinero en efectivo no sea viable. También incluye exenciones tributarias para facilitar la reactivación de las empresas restituidas, y recomienda que la Fiscalía y la Contraloría investiguen a los funcionarios que firmaron las órdenes de expropiación.
Lo que el documento no puede calcular, porque ningún cuaderno de escolar alcanza para tanto, es el costo de los negocios que nunca se abrieron, de los hijos que no estudiaron lo que querían, de las vacas que no se compraron porque para qué, si mañana podía llegar un decreto. Esa es la aritmética invisible del despojo: no la que se ve, sino la que se adivina en lo que nunca ocurrió.
El gobierno interino de Delcy Rodríguez lleva meses organizando congresos de emprendedores y prometiendo apertura al capital privado. Los empresarios asisten, escuchan, aplauden con prudencia. Pero la pregunta que nadie hace en el micrófono, y que todos se hacen en el café de después, sigue siendo la misma: ¿quién responde por lo anterior? La ley del Cedice es, entre otras cosas, una respuesta técnica a esa pregunta. Una respuesta de veintiún artículos que dice: hay un mecanismo, hay un procedimiento, hay una vía.
Doña Carmen Gutiérrez ya actualizó el cuaderno con la cifra de este mes. No porque lo necesite todavía. Sino porque lleva dieciséis años haciéndolo, y no ve razón para parar ahora que, por primera vez, alguien parece estar escuchando.
María del Valle, corresponsal de El Nuevo Venezolano
