Por Alfredo Alexander Alvarez
El expediente espera. El preso también.
En La Guaira, familiares de detenidos denunciaron en junio que para conseguir una audiencia, un traslado o una medida cautelar tenían que pagar sumas irregulares. Los presos estaban adentro; ellos, afuera, intentando que el sistema hiciera su trabajo. La denuncia, publicada por El Pitazo, describe retrasos que las familias consideran deliberados y pagos exigidos para activar actuaciones judiciales. No es una sentencia contra los funcionarios señalados: es una acusación concreta que exige investigación. Es lo que en Venezuela se conoce como matraca judicial.
Ahí empieza esta historia, en la distancia entre un derecho reconocido y el dinero que, según los denunciantes, alguien pide para hacerlo efectivo. La palabra es vieja conocida: matraca. Cuando entra al tribunal, convierte la espera en instrumento de presión y la pobreza en un obstáculo más para defenderse.
Miles de presos, miles de causas en el limbo
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) contabilizó 7.414 personas en 157 dependencias del CICPC. De ellas, 6.518 no tenían sentencia firme: el 87,9%. El informe difundido en septiembre indica que 58% llevaba más de un año detenido y 33,5% superaba los dos. Son cifras del OVP, no un censo oficial, pero dibujan la magnitud de una población recluida mientras su situación judicial sigue en suspenso.
No tener sentencia firme no demuestra inocencia, ni permite afirmar por sí solo que toda detención sea ilegal. Lo que sí obliga es a revisar cuánto lleva cada persona presa, qué decisiones justifican mantenerla allí y quién responde por las demoras. El calendario no sustituye al juicio, aunque termine devorando años de libertad.
La cárcel también se llena desde los tribunales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado el uso excesivo de la prisión preventiva como una de las principales causas del hacinamiento venezolano. En su informe anual 2025, con información de organizaciones civiles, registró 12.110 procesados frente a 9.909 condenados. Recordó, además, que la preventiva debe respetar la presunción de inocencia y aplicarse de manera excepcional, necesaria y proporcional. Aquí la excepción parece haberse convertido en regla.
Construir o recuperar penales puede aliviar la sobrepoblación. Resolver las causas pendientes exige otra clase de obra: fiscales que actúen, audiencias que se celebren y jueces que decidan.
Mientras tanto, el OVP reportó más de 10.000 plazas penitenciarias fuera de servicio. Para 2025 contabilizó 26.694 reclusos en establecimientos con apenas 15.096 plazas operativas. La falta de capacidad y la demora judicial se suman: personas esperando decisiones dentro de recintos que no tienen espacio para alojarlas con dignidad. Sobre lo que ocurre puertas adentro, ya lo documentamos en Yare III: cinco muertos y una investigación sin rostro
Hasta el papel de la libertad tiene precio
El 3 de marzo, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad denunció que se exigían dólares, resmas de papel y bolígrafos para entregar notificaciones y copias de decisiones de libertad plena por amnistía. Según EFE, los señalamientos apuntaban a tres tribunales de juicio con competencia en delitos asociados al terrorismo. Es decir: ni siquiera la salida de la cárcel llega sin peaje.
El propio comité reconoció que otros trámites de amnistía avanzaban con rapidez. El detalle importa: no describió a todos los tribunales por igual. Denunció actuaciones específicas que deben comprobarse y cuyas responsabilidades deben establecerse.
El poder reconoce la matraca, pero no la cobra
El 9 de mayo, Delcy Rodríguez afirmó que había solicitado actuar contra jueces que cobraran por aplicar beneficios de amnistía. El 1 de junio anunció una línea para denunciar extorsiones de policías, fiscales y jueces. La corrupción judicial y el retardo quedaron así incorporados a la discusión oficial sobre la reforma penal.
El reconocimiento es relevante, pero deja preguntas concretas. ¿Qué denuncias se investigaron? ¿Qué funcionarios fueron identificados? ¿Qué sanciones hubo? ¿Qué familias recuperaron el dinero que les exigieron? Un anuncio no responde ninguna.
Una justicia desigual, con consecuencias
Las denuncias reunidas señalan cobros atribuidos a distintos actores y por actuaciones diferentes. No prueban que todo atraso tenga precio ni que cada funcionario participe. Sí justifican investigar si ciertas demoras se usan para exigir pagos y qué ocurre con quienes no pueden hacerlos.
Ese es el punto que debe enfrentar cualquier reforma. La imparcialidad se mide también en el acceso: conseguir una audiencia, conocer el expediente, recibir una decisión y lograr que se cumpla. Otro caso de cómo la falta de transparencia oficial erosiona la confianza está en La ingenua excusa oficial ante el letal impacto de un apagón
La pregunta no es cuánto dinero tiene una familia para mover un caso. Es por qué tendría que pagarlo.
Mientras miles esperan sentencia, investigar la matraca judicial significa seguir el recorrido del expediente: dónde se detiene, quién puede hacerlo avanzar y qué le exigen a quien pregunta por él. Detrás de cada carpeta hay una persona cuyo tiempo no se devuelve. Y en esta justicia, el tiempo parece ser lo único que se cobra dos veces.
Alfredo Alexander Alvarez / CNP 5289
